Editorial
Seguridad: insistencia errónea
Una nueva estrategia contra el delito fue presentada ayer por el titular del Ejecutivo federal y su gabinete de seguridad, en un nuevo posicionamiento del gobierno calderonista ante un tema que ciertamente constituye una preocupación mayúscula para la ciudadanía y que, sin embargo, corre el riesgo de agotarse como componente reiterado del discurso presidencial.
Si algo nuevo hubo en la ceremonia de ayer fue el énfasis en impulsar la participación ciudadana en el combate a la delincuencia, un propósito que tal vez sería plausible en un escenario de pleno cumplimiento de las obligaciones gubernamental en materia de mantenimiento de la seguridad pública y la vigencia de las leyes. Sin embargo, en nuestro país eso, hasta ahora, no sucede: con todo y los espectaculares operativos que se realizan en diversas regiones del país, los asesinatos, los ajustes de cuentas y los enfrentamientos siguen siendo el pan de cada día; justamente ayer tuvieron lugar ejecuciones extrajudiciales en Guerrero y Michoacán, dos de las entidades a las que han sido enviados grandes continentes policiales y militares para, supuestamente, restablecer el orden y el estado de derecho. Por lo demás, parece necesario recordar que el deber de los ciudadanos es pagar impuestos, y el del gobierno, perseguir a los delincuentes. La precisión es pertinente porque sería inaceptable que, ante un posible fracaso de las políticas públicas de seguridad, se pretendiera diluir responsabilidades y hacer partícipe de ellas a la sociedad.
Por otra parte, la constante exaltación discursiva y ritual de la fuerza del Estado y de sus expresiones tangibles, las corporaciones policiales y militares, el uso intensivo de las primeras antes de someterlas a un proceso de depuración y saneamiento, y el recurso a las segundas para que participen en tareas que no les corresponden, como el combate al narcotráfico, tienden a debilitar la vigencia de las garantías individuales y los derechos humanos -que son un aspecto irrenunciable de la legalidad- y crean circunstancias propicias para una indeseable descomposición de las fuerzas armadas.
Otro defecto del anuncio formulado ayer es el de la precipitación: de acuerdo con funcionarios de seguridad citados por este diario, aún están pendientes las modificaciones al marco legal para la aplicación de la nueva estrategia y la Secretaría de Seguridad Pública aún no está en condiciones de participar en su implantación.
Por lo demás, no parece factible que tenga éxito el llamado presidencial a promover la cultura de la legalidad si la convocatoria no va precedida, o cuando menos acompañada, del saneamiento y la moralización a fondo de la administración pública, el combate frontal a los delitos de cuello blanco, la erradicación de la impunidad entre funcionarios y empleados gubernamentales y la interrupción de las cadenas de complicidad por las que transita la corrupción entre uno y otro sexenio desde hace muchas décadas.
Para finalizar, el énfasis en la seguridad pública, la mano dura frente a la delincuencia y el respeto a una legalidad reducida básicamente al Código Penal han sido el principal instrumento de legitimación discursiva de un gobierno que apenas arranca. La explicable impaciencia ciudadana ante el avance de la inseguridad y los grupos delictivos hace pensar en márgenes más bien reducidos de tolerancia social a las declaraciones y promesas oficiales en este terreno. La prudencia indicaría que no es conveniente abusar del tema en tanto no se logren, si se logran, resultados concretos y tangibles en la materia, y en todo caso ello no ocurrirá en 100 días.