Esa medida nos pondría a disposición del partido en el poder, dicen PRI y PRD
Propuesta panista de quitar el fuero a legisladores traba la ley antiDiego
La llamada ley antiDiego se trabó de nueva cuenta en la Cámara de Senadores, debido a que los grupos parlamentarios de PRI y PRD se oponen a que se suprima el fuero de los legisladores, por considerar que esa medida los pondría "a disposición del partido en el poder", en riesgo de ser procesados y removidos del cargo por participar, por ejemplo, en una manifestación.
El perredista Pablo Gómez, quien un día antes presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma sobre el fuero constitucional, preguntó a los panistas por qué no incluyeron en su proyecto quitar también el fuero al presidente de la República y los demás funcionarios públicos.
La propuesta de reforma al artículo 62 constitucional del senador Gómez plantea que "desde el presidente de la República hasta un juez federal puedan ser procesados penalmente, pero (que) la remoción del fuero, de la inmunidad procesal, proceda a partir del momento en que se produce la sentencia".
Es decir, que se invierta "el tortuoso proceso de desafuero" y la Cámara de Diputados determine, una vez que concluyó el proceso, si retira la inmunidad al legislador. No como ahora, en que "a los desaforados ya los dieron por culpables, antes inclusive de que se presente la acusación ante el Ministerio Público".
Por el contrario, el proyecto de reformas que presentó el coordinador panista, Santiago Creel, a los otros grupos parlamentarios, propone eliminar el fuero de senadores y diputados acusados de tráfico de influencias y otros delitos propios de los servidores públicos, con lo que deberán dejar el encargo hasta que concluya el proceso.
Al respecto, el senador perredista Tomás Torres consideró que la propuesta panista son sólo "buenas intenciones", que incluyen un tema riesgoso, como es quitar el fuero a los legisladores y dejar la inmunidad al presidente de la República.
"Por supuesto que compartimos la necesidad de acabar con el tráfico de influencias y que los legisladores lo sean de tiempo completo, pero no estamos de acuerdo con aquello que tiene que ver con poner en riesgo el trabajo de diputados y senadores", agregó.
También jurista, Torres Mercado expuso que él mismo presentó una iniciativa para combatir el tráfico de influencias, que plantea tipificar ese delito e incluirlo en el Código Penal Federal, porque la propuesta del PAN sólo lo incluye como prohibición en la Ley Orgánica del Congreso. "Se trata de una norma jurídica incompleta, ya que no sanciona la acción ilegal".
El PRD, dijo, no avala el proyecto de ley del PAN sobre conflictos de intereses, porque "pone a los legisladores a disposición del partido en el poder y más con los sistemas de investigación y de administración de la justicia que conocen todos los ciudadanos".
Se llegaría al caso, señaló, de que un policía pueda detener a un legislador con el argumento de que lo encontró en flagrancia por participar, por ejemplo, en una manifestación pública en apoyo de la APPO o de cualquier otro movimiento.
La discusión de la propuesta de Creel provocó alarma entre priístas y perredistas. Una comisión, en la que participan los senadores Arturo Núñez, del PRD; Pedro Joaquín Coldwell, del PRI, y Humberto Aguilar Coronado, del PAN, analiza el documento, que también es motivo de discusión entre los demás legisladores.
La opinión generalizada entre las bancadas de oposición es que los panistas "se enredaron" al tratar de legislar sobre el tráfico de influencias, para borrar la mala imagen que dejó en la pasada legislatura Diego Fernández de Cevallos.
Así, la llamada ley antiDiego ha provocado dos rebeliones. La de los panistas se dio cuando, en su primera versión -de octubre-, se proponía evitar que los legisladores tuvieran otros ingresos, y la segunda, con la iniciativa que incluye el planteamiento de eliminar el fuero, que unió a perredistas y priístas en contra.