Además no garantizará plenamente la labor periodística, asegura jurista
La reforma que despenaliza la difamación creará impunidad en campañas electorales
Las reformas aprobadas por el Senado con las que se despenalizó la calumnia y la difamación a escala federal representan un avance para la consolidación de la libertad de expresión en el país, pero no garantizan plenamente una protección a la labor de los periodistas; en cambio, proporcionarán un "manto de impunidad" para que los políticos se puedan dar "con todo" durante las campañas electorales, sin el temor de ser sancionados penalmente, aseguró ayer el penalista y experto en derecho de prensa Salvador Ochoa Olvera.
A decir del litigante, el error del Legislativo fue que reformó una ley de manera general, lo que permitirá que "cualquier persona que no sea periodista pueda ahora calumniar libremente".
En entrevista con La Jornada, Ochoa indicó además que la reforma es de carácter federal y por ello no tiene alcances en las entidades de la República. "Esta reforma es un jugueteo de los políticos para los políticos, con el fin de crear impunidad en campañas electorales y para favorecer a malos periodistas que venden su pluma", indicó.
A su vez, el también penalista Xavier Olea Peláez -quien consiguió desvanecer la acusación por calumnia que interpuso el empresario textilero Kamel Nacif en contra de la periodista Lydia Cacho- refirió que el caso de la persecución política en contra de su defendida "sirvió mucho para abrir los ojos del Legislativo, en el sentido de que resultaba absurdo en un país democrático tener constreñida la libertad de expresión con la penalización de la difamación y la calumnia".
Añadió que ambos delitos deben continuar en las leyes mexicanas, pero tienen que dirimirse en los tribunales civiles, "para que sea una especie de daño moral lo que se valore cuando una persona considere que lo que se habló de ella haya dañado su imagen pública".
Es necesario ahora, agregó, que los gobiernos estatales -como en su momento lo hicieron las autoridades del Distrito Federal- adopten medidas similares a la reforma aprobada el martes por el Senado, con la que fueron derogados los artículos del Código Penal Federal que tipificaban los delitos de difamación y calumnia.
Quien criticó dicha reforma fue el abogado Salvador Ochoa, autor del libro Las fuentes de los periodistas, en el que aborda los temas de la libertad de expresión, el derecho al secreto profesional y el derecho a la información.
En opinión del jurista, "esta reforma nos acerca a un régimen de semimpunidad, porque en este tipo de asuntos de difamación y calumnia ya sólo nos remite a la vía civil.
"Estamos frente a una ley desproporcionada; si se quiere proteger la labor de los comunicadores, que se haga una ley integral; es necesaria una norma que incluya la cláusula de conciencia para que a un periodista no lo censure previamente ni su director editorial ni el que paga la publicidad, ni el poder político.
"En el país requerimos una ley que establezca que cuando un periodista fue ultrajado, que se le corrió de un medio de comunicación porque lo obligaron a publicar algo con lo cual el reportero no estaba convencido, y por ello se negó a obedecer, pues que el entonces afectado tenga derecho a una indemnización millonaria avalada por esa ley", puntualizó.