Transparencia
En el curso de esta semana se han dado pasos importantes para definir esa nebulosa que llamamos "derecho a la información". Mientras la Cámara de Diputados aprobaba la reforma del artículo 6 constitucional para hacer extensiva la transparencia a los gobiernos estatales y municipales, la de Senadores daba un paso importante en la precisión de otro tema sustantivo: la libertad de expresión, mediante la despenalización de la calumnia y la difamación. Es obvio que se trata de avances, aunque todavía lo más difícil quede por delante. En el primer caso, del que me ocuparé en estas líneas, la aprobación del dictamen correspondiente estuvo precedida de un intenso debate en el que tomaron parte activa varios gobernadores pertenecientes a partidos distintos, lo cual, de entrada, introdujo dos novedades dignas de mención. Por una parte, está el pluralismo en la confección de la propuesta; por otra, al tratarse de un movimiento "de la periferia al centro", resultó fortalecida la visión federalista. La reforma eleva a rango constitucional la obligación de la Federación, los estados y el Distrito Federal de garantizar el derecho de acceso a la información, dejando claro que toda la información en posesión de los poderes federales, locales, organismos autónomos, ayuntamientos y cualquier otra entidad federal, estatal o municipal, es pública, salvo las excepciones mismas previstas en la ley.
Conviene señalar que la reforma reitera el derecho de toda persona a solicitar información sin acreditar interés alguno y de manera gratuita, obligando a los gobiernos y otras entidades a crear formas de acceso expeditas, asegurando el principio de máxima publicidad, así como sanciones a quienes no cumplan con dichas disposiciones. Para decirlo con palabras del diputado César Camacho: (la ley), que aún debe ser aprobada por el Senado y los congresos estatales, "establece un piso y amplios márgenes de libertad, (y) armoniza dos principios que parecerían incompatibles: el de la máxima publicidad para la información pública derivada del interés general en los asuntos a cargo del gobierno; y el principio de reserva de la misma, dada la naturaleza de los asuntos o por razones de Estado". A la vez, se protege la confidencialidad de los datos personales confiados a las entidades públicas, asunto de extraordinaria relevancia para evitar abusos y manipulaciones.
Al entusiasmo de los legisladores por la reforma de la ley (425 a favor, una abstención) debería seguir la vigilancia ciudadana para una vez aprobada ésta se cumpla y se extienda a otros ámbitos de la vida pública. Hay que evitar el error, tan frecuente en México, de caer en las "ilusiones constitucionales", esto es, en dar por supuesto que basta modificar las leyes para que las cosas cambien, como al parecer piensa una diputada cuando asegura que "hoy se termina con el secretismo, el patrimonialismo, la corrupción y la discrecionalidad". Ojalá y así fuera en la realidad.
La reforma crea condiciones legales para que, en efecto, "el ciudadano de a pie" disponga de "documentos e información oficial" de los gobiernos federal, estatales y municipales. Pero todavía hay que construir las instituciones, nombrar a los funcionarios, avanzando en la formación de una cultura en sentido contrario a la forjada por años de secreto burocrático y sostenida sobre la impunidad, enmascarada bajo la fórmula de que toda información es poder, tan arraigada en las prácticas políticas corrientes de la administración.
Tampoco se puede exagerar el filo diciendo que la reforma "no está hecha para magnates, para los poderosos, para los que poseen amplias palancas o influencias", lo cual en las condiciones actuales del país es difícil de evitar, a menos que se profundicen los mecanismos de fiscalización ciudadana y se avance simultáneamente en otros campos para transformar la relación entre el Estado y la sociedad.
Es preciso reconocer que el derecho a la información estará incompleto mientras los ciudadanos carezcan de mecanismos para evitar los efectos nocivos de la información pública generada, inducida o intercambiada como una simple mercancía por las entidades privadas, en particular por los medios de masas, cuya exclusión de todo tipo de fiscalización los hace omnipotentes, una especie de hermano mayor ante el cual no cabe la menor resistencia. En cuanto al tema de los partidos que se había debatido, el dictamen deja abierta la puerta para que todas las instituciones físicas o morales que reciban recursos públicos sean consideradas como "sujetos obligados", es decir, que en todo caso habrán de alinearse a los principios incluidos en la Constitución, si bien los mecanismos de transparencia tendrían que ser específicos. Quizá en el futuro, el derecho a la información se haga extensivo a otras entidades que por su importancia trascienden el ámbito privado e influyen en la comunidad, aunque sean particulares. Pero esa es otra historia.
Pero lo que está claro es que la existencia de espacios oscuros en la administración pública, sea por lagunas legales o por prácticas institucionales aberrantes, conspira contra el ejercicio del buen gobierno y, en definitiva, contra la convivencia democrática. Así pues, sea bienvenida una reforma que establece requisitos básicos obligatorios para hacer realidad la transparencia en la información pública, sin olvidar que aún quedan en la penumbra zonas y actos a todas luces ilícitos como los cometidos -y ahora reconocidos- por el presidente Fox durante la pasada campaña electoral. ¿Quién se atreverá a ponerle el cascabel al gato?