Según la APPO, Lino Celaya creó escuadrones de la muerte que atacaban barricadas
Destituyen a funcionario acusado de asesinatos de activistas en Oaxaca
Lo sustituirá el ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sergio Segreste
No es un castigo, sino una maniobra para evitar que sea sancionado, asegura Zenén Bravo
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Sergio Segreste Ríos, ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, sustituirá a Lino Celaya Luría al frente de la Secretaría de Protección Ciudadana
Foto: Ezequiel Leyva
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Lino Celaya Luría está implicado en la organización de pistoleros que atacaban las barricadas de la APPO durante el conflicto
Foto: Ezequiel Leyva
Oaxaca, Oax., 7 de marzo. El secretario de Protección Ciudadana (Seproci), Lino Celaya Luría, quien según la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) integró los ''escuadrones de la muerte'' que el año pasado asesinaron a varios activistas que hacían guardia en las barricadas, fue destituido del cargo.
En su informe sobre Oaxaca, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) señaló a la Seproci como una de las dependencias responsables de la represión contra simpatizantes del movimiento magisterial y popular del año pasado.
Iñaki García, portavoz de la CCIODH, dijo que la destitución no basta, porque ''no se ha castigado a los autores'' de detenciones ilegales, tortura y asesinatos. ''No cambia nada una situación tan grave de violaciones a los derechos humanos'', señaló.
Consideró que el nuevo titular de la Seproci, Sergio Segreste Ríos, quien se desempeñó como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, deberá responder a las imputaciones y castigar a los responsables de la represión, ''porque no pueden quedar así las cosas''.
Zenén Bravo Castellanos, consejero estatal de la APPO, dijo que la salida de Celaya Luría ''no es un castigo, sino más bien una maniobra para salvarlo de alguna responsabilidad'' sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la etapa más aguda del conflicto político-social.
Versiones no confirmadas indican que Celaya Luría, ex presidente municipal de Oaxaca, ex secretario general de Gobierno y ex diputado federal del PRI, ocupará la dirigencia estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en lugar de Elpidio Concha Arellano, involucrado en la muerte de un profesor en julio de 2004, durante el cierre de campaña del ahora gobernador Ulises Ruiz Ortiz en Huautla de Jiménez.
Deploran la postura de Segob
La CCIODH lamentó que la Secretaría de Gobernación (SG) haya desestimado el informe sobre las violaciones a las garantías individuales cometidas por corporaciones policiacas federales y estatales durante el conflicto social en la entidad, específicamente en los enfrentamientos ocurridos en noviembre pasado.
Mario Escárcega, director de la Unidad de Gobierno de la secretaría, menospreció el informe de la CCIODH y dijo que la dependencia federal no tiene registro de denuncias por abusos contra integrantes de la APPO. Asimismo, conminó a la misión a dar los nombres de los 23 fallecidas ''para poder investigar''.
Escárcega ''se refiere principalmente a que no existe información sobre los 23 homicidios, pero en nuestro informe existen datos concretos, con nombres, con el día en que ocurrieron los hechos y las circunstancias en que se dieron. Eso ya es público'', comentó Iñaki García, vocero de la misión internacional.
Además, ''esas cifras coinciden'' con los datos que tenía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hasta antes de la presentación del informe preliminar. La CCIODH está dispuesta a comentar las denuncias por abusos con el funcionario de Gobernación, ''y espero recibir respuesta a las recomendaciones antes de salir del país, el martes próximo.
''Esperamos que responda a su responsabilidad porque a la SG le compete castigar los abusos, ya que nada ha cambiado. No basta con declaraciones; hay que ver resultados'', señaló.
Florentino López Martínez, portavoz de la APPO, dijo que la dependencia desestima el informe ''para tratar de eludir su responsabilidad, porque es clara su intervención, mediante la Policía Federal Preventiva, en la represión del pueblo oaxaqueño''.
López Martínez resaltó: ''La misión tiene un gran prestigio internacional, y como ha certificado que se cometieron grandes violaciones a los derechos humanos, ahora Gobernación pretende desvirtuar el informe para ocultar lo sucedido''.
Las declaraciones de Escárcega ''son cínicas'', porque existen pruebas de torturas, detenciones ilegales y homicidios cometidos por las corporaciones estatales y federales.
''Ahí están los muertos, ahí están los torturados, ahí están los encarcelados ilegalmente. ¿Qué más pruebas quiere (el gobierno federal)?'', cuestionó.