Plantean un régimen transitorio para no violentar su autonomía e independencia
Los senadores congelan salarios y quitan sobresueldos al Poder Judicial
Presentan dictamen sobre percepciones máximas para funcionarios
Se vota el martes
A pesar de las presiones que ejercieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y funcionarios de organismos descentralizados, ayer se presentó al pleno de la Cámara de Senadores, en primera lectura, el dictamen sobre la reforma constitucional que elimina excesos y dispendios, al establecer un tope a los salarios de los servidores públicos.
En el caso de los ministros, jueces, magistrados, consejeros electorales y demás integrantes del Poder Judicial, los senadores decidieron instrumentar un régimen transitorio, que les permite mantener sus salarios nominales actuales, pero se suprimen los sobresueldos, razón por la cual de todas formas las remuneraciones de estos funcionarios se reducirán más de 50 por ciento.
Al principio de la entrada en vigor de la reforma, el salario de los ministros quedará ligeramente por arriba del que percibe el Presidente de la República -que es el máximo que se otorgará a los servidores públicos-, por lo que el ingreso nominal de los integrantes del Poder Judicial y de los consejeros del Instituto Federal Electoral se mantendrá congelado hasta que se ubique por debajo de la remuneración del jefe del Ejecutivo federal, informaron el panista Santiago Creel, el priísta Pedro Joaquín Coldwell y el autor de la iniciativa, el senador perredista Pablo Gómez Alvarez.
Salida negociada
Esta fue la solución que encontraron los legisladores ante los argumentos de los integrantes de la SCJN, en el sentido de que esa adecuación se convertiría en una contrarreforma al eliminar el precepto constitucional que garantiza la autonomía e independencia del Poder Judicial, el cual establece -en el artículo 94 de la Carta Magna- que no podrá disminuirse el salario de jueces, magistrados y demás integrantes del Poder Judicial durante su encargo.
El principal cabildeo de los ministros fue por conducto de la Comisión de Defensa de la Autonomía del Poder Judicial, que encabeza el presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y en la que participan otros ministros e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
Inclusive el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Pedro Joaquín Coldwell, informó que sostuvo reuniones con integrantes de ese organismo. "No hubo presiones, sino un diálogo con los ministros, que nunca nos plantearon un asunto de pesos y centavos, sino de principios".
Los ministros, agregó, advirtieron sobre el riesgo de echar abajo la reforma de 1996, que otorga independencia y autonomía al Poder Judicial. Posteriormente repitieron ese argumento a los coordinadores parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), Manlio Fabio Beltrones, Santiago Creel y Carlos Navarrete, respectivamente.
La decisión final, como adelantó el martes pasado Pablo Gómez, fue retomar en todos sus términos su iniciativa, con el propósito de no tocar el artículo constitucional que prohíbe disminuir los salarios de los ministros, pero con cinco artículos transitorios que eliminan los jugosos sobresueldos.
De esta forma, al final del artículo 127 -punto toral de la reforma, en el que se precisa que ningún funcionario de los tres niveles de gobierno y los organismos autónomos y descentralizados podrá tener un ingreso total superior al del Presidente de la República- se establecen las reglas para los integrantes del Poder Judicial.
Sus retribuciones nominales, con base en el artículo 127, "se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo", pero los ingresos adicionales, "como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, aportaciones a fondos de retiro o ahorro" y cualquier otro sobresueldo, en dinero o en especie, "sólo se podrán mantener" en la medida en que no excedan el máximo previsto.
Otro artículo transitorio congela el salario nominal de los ministros, al señalar que los incrementos sólo podrán realizarse si la remuneración total no excede el monto máximo señalado en el artículo 127.
Creel, Joaquín Coldwell y Gómez coincidieron en que éste es el primer paso para avanzar hacia la austeridad republicana y que, en el caso de los ministros de la Corte, se salvaguardó el principio de autonomía del Poder Judicial.
El perredista Pablo Gómez dijo que los ingresos de los ministros bajarán en más de 50 por ciento, pero el problema mayor no está en el Poder Judicial -con todo "lo aparatoso y sensacionalista" que es-, sino en el sector paraestatal, los organismos descentralizados y la banca pública, donde se asignan salarios y pensiones vitalicias exorbitantes.
"Todo eso se acaba con esta reforma", que se votará el martes próximo.