Publican lineamientos para investigar la represión de mayo
El Diario Oficial de la Federación (DOF) difundió ayer el fundamento y procedimiento para la investigación en los hechos del 3 y 4 de mayo pasados en Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México en los cuales se presume la existencia de "graves violaciones a las garantías individuales".
Una vez concluida la indagatoria, (a cargo de los magistrados de circuito Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé) deberán entregarse los resultados de la misma al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En la solicitud (3/2006) de ejercicio de la facultad de investigación, formulada por el ministro Genaro David Góngora Pimentel, se detalla que los gastos de esta investigación correrán a cargo del presupuesto de la SCJN.
La participación del máximo tribunal del país en este caso tiene como origen una resolución del pleno (por mayoría de siete votos, incluido el del presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia). En el expediente se incorporaron múltiples pruebas, particularmente de actos de tortura y otras agresiones perpetradas por elementos de las policías Estatal y Federal.
En agosto pasado, la abogada Bárbara Zamora y un grupo de ciudadanos agraviados por los hechos ocurridos en mayo de 2006, solicitaron a la SCJN la facultad de investigación en torno a este caso, de acuerdo con el artículo 97 constitucional, ante la existencia de graves violaciones a las garantías individuales.
El propósito de este trámite es esclarecer los hechos "y reorientar el ejercicio de las facultades de las autoridades competentes para resarcir dicha violación y, en su caso, reparar daños y perjuicios".
Entre los elementos que tomó en cuenta la SCJN para determinar la posible existencia de "graves violaciones a las garantías individuales" se encuentran que frente a un desorden generalizado, las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad o que sean indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales".
De igual forma -se agrega en el documento difundido en el DOF- que se intenta lograr la impunidad de las autoridades por medio de la cultura del engaño, la maquinación y el ocultamiento que propicia la propia autoridad.
Uno de los antecedentes similares ocurrió en 1996, cuando la Corte determinó que, en el caso Aguas Blancas, el gobierno de Guerrero había incurrido en violación grave de las garantías individuales.