Acabar con la impunidad, clamor en el país en la celebración del 8 de marzo
La débil justicia mexicana permite la violencia hacia mujeres: ONG de EU
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Marcha de mujeres del Monumento a la Revolución a Los Pinos para exigir la liberación de la profesora Cristina Rosas, "presa política" en Querétaro
Foto: Yazmín Ortega Cortés
En el Día Internacional de la Mujer, el clamor en contra de la impunidad y en favor del respeto a sus derechos recorrió prácticamente todo el país, sobre todo porque diferentes voces advirtieron que la violencia en contra de la mujer se mantiene, como lo demuestra la tendencia ascendente de feminicidios y la agresión intrafamiliar, aunado al desdén y la discriminación de autoridades encargadas de impartir justicia.
Si bien la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia constituye un avance, requiere de una normatividad para su aplicación, además de que fue emitida en un contexto de politización del tema y carece de mecanismos para dar seguimiento a los agresores sexuales; no prevé sanciones específicas contra las conductas agresivas y debe castigar conductas mas no actitudes, coincidieron en señalar académicas, abogadas y expertas durante una mesa redonda organizada por el Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUEG-UNAM).
En el Congreso de la Unión, hubo coincidencia en el sentido de que México no tiene qué festejar, pues persisten la violencia y la impunidad en contra de niñas, mujeres, jóvenes y ancianas como en los casos de Atenco y Oaxaca, además de la violación de indígena de 73 años, Ernestina Ascencio Rosario. En San Lázaro, diputadas de todos los partidos expresaron que garantizar la educación a las mujeres, desde la infancia, será la única herramienta que permitirá acceder a la equidad de género a la que aspira el país.
Por otra parte, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus silgas en inglés), organismo no gubernamental promotor de la democracia, los derechos humanos y la justicia social y económica en América Latina, advirtió que la ausencia de un sistema de justicia criminal funcional en México y Guatemala ha contribuido profundamente a la continuación de actos violentos contra las mujeres. Su forma débil de actuar ha fomentando una cultura de impunidad que consecuentemente está enviando un mensaje de que es aceptable agredir, violar y asesinar a personas del sexo femenino, afirmó.
En la Torre II de Humanidades, en el campus universitario, la secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Rosaura Ruiz; la directora del PUEG, Marisa Belausteguigoitia; la investigadora Lourdes Arizpe -a quien le celebraron el reconocimiento Palmes Académiques otorgado por el gobierno de Francia- y las académicas Lucía Melgar, Irma Saucedo y Claudia Ortega Medina advirtieron sobre la necesidad de reglamentar y afinar algunos puntos de la ley contra agresiones a féminas para evitar que no se aplique con el pretexto de que está mal hecha.
En el Senado, el legislador perredista Lázaro Mazón Alonso propuso un punto de acuerdo que, por falta de tiempo no llegó a tribuna, y en el que sostuvo que se debe exigir que los casos de violencia contra las mujeres no queden impunes.
En la Cámara de Diputados, Maricela Contreras Julián, también del PRD, exigió justicia para las asesinadas en Ciudad Juárez y otras regiones del país como en Atenco; para las que sufrieron abusos sexuales, torturas y encarcelamiento, en Oaxaca, y las víctimas de pederastas y sus cómplices en el poder, mientras que María Mercedes Maciel, del PT, afirmó que los feminicidios en Juárez constituyen "una herida abierta que nunca cerrará".
Por otro lado, en Jalapa más de 10 mil personas marcharon en contra de la violencia de género y en favor del respeto a la diversidad sexual, mientras que en Culiacán, dirigentes del PRI y del PRD señalaron que en el país prevalecen condiciones de marginación y desigualdad de oportunidades en perjuicio de las mujeres.
En San Cristóbal de las Casas, cientos de mujeres y hombres marcharon por las calles exigiendo el cese de la violencia y la desigualdad de género, y en Ciudad Juárez el día fue celebrado con foros de análisis, obras de teatro, debates y, sobre todo, la exigencia de justicia tras registrarse 496 feminicidios de 1993 a la fecha.