Los acusa de causar "deshonra y descrédito" al Ejército
La Sedena amenaza con demanda penal a ejidatarios de El Limar
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 8 de marzo. Ramón Tovar Caballero, general brigadier de justicia militar, amenazó con demandar penalmente a los representantes del ejido El Limar, municipio de Tila, por presunta "deshonra" y "descrédito" a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), derivados de la exigencia de los campesinos de que les restituyan 8.6 hectáreas de esa localidad.
Tovar Caballero desestimó los alegatos de los ejidatarios ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA), donde se dirime la controversia agraria, para exigir la restitución de las tierras donde se encuentra instalado un cuartel militar.
Según el expediente penal 1144/2006 del TUA del distrito tres, entre los motivos por los que el poblado El Limar desea la recuperación de los terrenos, está la presunta comisión de ilícitos y abusos por parte de los militares contra la población civil.
Durante la audiencia celebrada el 16 de febrero pasado -copias de las relatorías se encuentran en poder de La Jornada- Tovar Caballero pidió al TUA que remita el expediente ante el agente del Ministerio Público para que los representantes ejidales respondan judicialmente por la presunta "deshonra" y "descrédito" que las acusaciones causarían a la Secretaría.
La población de El Limar nombró a cuatro representantes para que interpusieran la controversia contra la Sedena, que quedó formalizada mediante el juicio agrario 1144/2006. En su exposición de motivos, los representantes ejidales explican que el cuartel, instalado en su comunidad el 13 de julio de 1996, resulta innecesario, porque en la región ya se extinguieron los conflictos intercomunitarios que le dieron origen.
Añaden que falta espacio para construir infraestructura de interés colectivo, por lo que la asamblea ejidal ha solicitado en más de tres ocasiones -la primera el 23 de mayo de 2003- la restitución del inmueble.
Daño moral
Además, señalan que los pobladores se encuentran inconformes con la presencia de los militares por varios motivos: explosiones accidentales de granadas en el perímetro de la población, disparos de arma de fuego por parte de los militares a altas horas de la noche y alteración del orden público al consumir bebidas alcohólicas.
Sostienen que los efectivos militares "causan daños a la moral al hacer sus necesidades fisiológicas sin pudor a la vista de la población; acosan a nuestras mujeres, particularmente a las menores de edad, e inclusive llegan a ofrecerles dinero con la finalidad de prostituirlas". Por todo ello se dio un incremento descontrolado de las enfermedades venéreas en el poblado, sostienen.
El 30 de octubre de 2006 el general Ramón Tovar Caballero turnó al TUA la respuesta a la querella, en la cual sostiene que la demanda de los ejidatarios es "improcedente, temeraria, oscura, dolosa e infundada".
En sus alegatos, Tovar Caballero hace alusión a las acusaciones sobre el comportamiento de los efectivos asentados en El Limar, y pide al tribunal que dé vista al agente del Ministerio Público Federal, "a fin de que en caso de no acreditar las graves imputaciones se proceda a dar inicio al proceso penal en contra de Vicente Hernández López, Ignacio Jiménez Pérez, Mario López Martínez, Vísale Martínez Pérez y Fernando García Martínez".
La petición fue ratificada el 16 de febrero durante la audiencia que las partes tuvieron ante el tribunal. El representante de la Sedena exigió nuevamente que inicie un proceso penal contra los demandantes.
Los representantes ejidales sostuvieron que el abogado de la Sedena intenta intimidarlos, y con ello busca que se desistan de su intento por recuperar las tierras.