Cuatro abogados la califican de ''peligrosa para la democracia'' y tres la avalan

Divide a penalistas la iniciativa de Calderón sobre seguridad y justicia

Otorgaría facultades ilimitadas al MP: opositores; reduciría burocracia, opinan quienes están en favor

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Las iniciativas del presidente Felipe Calderón Hinojosa, que buscan reformar el sistema de seguridad y justicia del país, dividieron las opiniones de connotados abogados penalistas. Estos cambios pretenden ampliar las facultades legales de la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de que pueda realizar detenciones, cateos, intervenciones telefónicas y arraigos sin la autorización de un juez, en investigaciones relacionadas con delincuencia organizada.

Cuatro de siete litigantes consultados ayer por La Jornada reprobaron la iniciativa de reforma constitucional, misma que calificaron de ''peligrosa para la democracia mexicana'', ya que otorgaría facultades ilimitadas al Ministerio Público (MP), lo que daría paso a una institución con mayores poderes para ''fabricar culpables'' y ''reprimir'' a los opositores al régimen.

A su vez, tres de los especialistas en derecho penal entrevistados avalaron la propuesta calderonista, al considerar que además de que no implicaría riesgo de violaciones a derechos humanos, porque el Poder Judicial Federal fungiría como órgano supervisor, reduciría ''trámites burocrático-legales'' que actualmente dificultan las investigaciones abiertas en contra de actividades ligadas al narcotráfico.

Heraclio Bonilla, defensor del ex presidente Luis Echeverría Alvarez, considera que la tendencia del sistema penal impuesta por Estados Unidos para los países de América Latina es hacer que nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia empaten con las suyas. Esto significa para México que se crearía una PGR con facultades ilimitadas.

El problema estriba, agrega, en que el gobierno estadunidense no es equiparable al mexicano; aquí no hay equilibrio de poderes, hay sumisión. La Procuraduría General de la República depende y está al servicio del titular del Ejecutivo. La intención de aplicar el mecanismo es contar con un Estado ''todopoderoso''; el mecanismo es simple: primero se acusa a un enemigo del régimen de ser parte de la delincuencia organizada. Con ese fundamento se catea su casa y luego se le siembra en su domicilio todo lo que se quiera para procesarlo por un delito que tal vez no cometió.

Para José Luis Nassar Daw, abogado de Raúl Salinas de Gortari, es una reforma positiva. La solicitud de arraigo, cateos e intervenciones telefónicas se ha convertido en un tema de trámite burocrático, donde en 90 por ciento de los casos los jueces obsequian a la PGR ese tipo de peticiones. Con esta iniciativa el juez tiene mayor competencia, pues ahora será un órgano de control, por lo que un juzgador podría de inmediato suspender una medida de arraigo que hubiera sido decretada por el Ministerio Público Federal de manera ilegal.

Actualmente, los arraigos son prácticamente imposibles de combatir; ni modo que un juez acepte que se equivocó y suspenda alguna medida cautelar que él mismo decretó. Ahora, de aplicarse estos cambios (a los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución) sería necesario delimitar a la PGR para evitar abusos como los que ya ocurren sin esta reforma, donde la autoridad deliberadamente inicia investigaciones por delincuencia organizada contra una persona cualquiera, y no con el propósito de tener una ley fácil y poco complicada para los agentes del MP.

Para frenar esos abusos es necesario un artículo expreso en la ley sobre delincuencia organizada, diciendo que ante cualquier medida cautelar o consignación que se produjera por un delito que no fuera precisamente delincuencia organizada, un juez de inmediato nulificara todo el caudal probatorio y ordenara levantar la medida dictada por el Ministerio Público.

A su vez, Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México y abogado de activistas sociales, opina que de aprobarse esta propuesta calderonista sería una involución en materia penal y de derechos humanos. ''Esta reforma podría catalogarse de peligrosa para la incipiente democracia mexicana. Sería una enmienda constitucional que nos daría más cosas negativas que positivas. Estamos frente a una adecuación de la ley que puede dar paso a la arbitrariedad del Estado y fomentar más la corrupción''.

Marcos Castillejos, defensor del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo, dice que esta reforma no violaría la Constitución, por el simple hecho de que lo que plantea es reformarla. ''Tampoco veo el peligro de un abuso del Ministerio Público Federal, porque esta autoridad seguiría supeditada a la revisión judicial; en cambio, creo que sí permitiría una actuación más rápida de la PGR en casos de delincuencia organizada. Lo importante es que la autoridad judicial quede con buen margen de control para que pueda permanecer alerta ante cualquier violación constitucional en que pudiera incurrir la procuraduría''.

Por su parte, Juan Rivero Legarreta, abogado del depuesto líder minero Napoleón Gómez Urrutia, señala que esta reforma es reprobable. No va a beneficiar en nada. Ni el aumentar las penas, ni el darle mayores capacidades de detención, privación de garantías, espionaje o allanamientos al MP, va a beneficiar en el combate al narcotráfico. Lo que deberían hacer es detener a los narcotraficantes, que la policía cumplimente órdenes de aprehensión pendientes. Ya de entrada el tema del arraigo domiciliario en legislaciones extranjeras está considerado como una forma de tortura sicológica. Luego, la intervención de llamadas y los cateos, como herramienta de la PGR sería terrible; si en la actualidad hay violación de garantías contra inocentes, pues con esta propuesta ya mejor ni hablemos, advierte.

Xavier Olea Peláez, defensor de la periodista Lydia Cacho en el juicio penal por calumnia que le inició el empresario textilero Kamel Nacif, indica: ''Veo bien que únicamente en los casos de delincuencia organizada se conceda estas facultades al Ministerio Público. Pero debe ponerse en el texto constitucional que se autorizan las grabaciones o los cateos, siempre y cuando existan indicios comprobados de que el sujeto o un grupo de personas sean miembros de delincuencia organizada, a fin de que de inmediato un juez pueda revisar el expediente y, de ser necesario, que el juzgador revoque la medida cautelar si ésta es ilegal.

Américo Delgado de la Peña, abogado de los hermanos Rafael y Benjamín Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana, considera que las reformas planteadas por el presidente Felipe Calderón romperían definitivamente -y en franca violación a garantías fundamentales- el sistema de derecho mexicano y dejarían en la indefensión a cualquier inculpado que carezca de recursos para contratar un abogado.

Al admitirse una reforma de esa índole, las funciones de los órganos jurisdiccionales (jueces, magistrados y ministros) queda-rían al arbitrio absoluto del Ministerio Público y sin control de ninguna naturaleza, concluye el litigante.