Astillero
Estado policía
Cuidar al sheriff mundial
Todos sospechosos de algo
Crear pobres para ayudarlos
A penas cumplidos los primeros 100 días de felipidad y ya está a la puerta el bélico texano que pretende cobrar en vales petroleros y eléctricos el apoyo dado a un candidato presidencial panista de bajos bonos electorales que fue impuesto como triunfador el pasado 2 de julio para impedir que una opción de tenue izquierda reformista diera continuidad, a un lado geográfico del imperio, a la dispareja oleada no derechista de gobiernos latinoamericanos que tanto, y tan injustificado encono provoca en la Casa Blanca y el Pentágono (conviene leer, o releer, el artículo de James Petras publicado en La Jornada este sábado 10: "América Latina: cuatro bloques de poder").
Ya viene el jefe George y desde esta tarde estarán en la blanca Mérida el presidente formal de México (Calderón, su apellido) y el vicepresidente virtual (Mouriño, su marca registrada) para esperar la llegada del muy rechiflado Bush (es decir, que le han chiflado mucho) quien podría arribar por allí de la medianoche a las glorias turísticas de Roberto Hernández, el héroe fiscal de Banamex que siempre facilita sus propiedades suntuosas a los hombres del poder que suelen luego ser agradecidos con cargo al erario.
Como es costumbre que suceda en cuanto lugar del extranjero se aparece, el mandatario estadunidense estará rodeado de un montaje de seguridad que arrasa con cualquier pretensión teórica de soberanía nacional. Desde hoy, miles de ciudadanos mexicanos estarán sometidos a un virtual estado de sitio en aras de que al vilipendiado visitante guerrero no le pueda alcanzar ni un suspiro de protesta.
Pero la vocación instaladora de estados excepcionales, de alarma o de sitio no es efímera ni circunstancial. Bush se ha especializado en aprovechar el sospechoso episodio del 11 de septiembre para reducir notablemente el abanico de derechos que deben ser respetados e instalar firmemente la práctica de tortura, espionaje y encarcelamientos clandestinos. El enemigo, real o inventado, que ha servido de justificación para los planes bushistas ha sido el del fundamentalismo islámico. En México, algo similar ha sucedido con el narcotráfico como enemigo real o inventadamente combatido. Con ese telón de fondo, Felipe Calderón ha trasladado buena parte del poder civil a los militares y ha creado una verdosa red de control social que entre otras cosas le sirve para vigilar y combatir las movilizaciones opositoras, como ha sucedido escandalosamente en Oaxaca.
El felipense fiscal general de la República no quiere, sin embargo, moverse solamente en el rango criticable de la discrecionalidad operativa, así es que ha tenido a bien proponer una iniciativa de modificaciones legales que, entre otras cosas (y sin que la firmara como proponente algún general que hubiese sido miembro de alguna junta militar de pasados tiempos centro o sudamericanos), pretende entronizar el papel de las policías, haciendo prescindible la participación del Poder Judicial para autorizar sus incursiones y acometidas, e inclusive en algunos casos despojando a los agentes del Ministerio Público del de por sí ínfimo control real que podrían ejercer sobre las corporaciones policiales, convirtiéndolas, en los hechos, en virtuales comandos de ataque contra ciudadanos, con la simple presunción de que alguien podría haber cometido algún delito o algo parecido (hidalgos acabarían siendo los mexicanos: diariamente hijos de algo sospechoso).
Lo que pretende el funcionario, que luego se aparece con gorra y casaca militares de talla equivocada, es que en México sea posible, a simple ojo de un policía, que cualquier ciudadano puede ser aprehendido, en la calle o en su domicilio, y que los inmuebles puedan ser allanados y cateados también sin orden judicial, y que pueda espiarse cuanto sea necesario (teléfonos, internet, fax, etcétera). No se sabe si la iniciativa calderónica conlleva la pretensión de que el nombre oficial del país sea de ahora en delante el de Estados Policiacos Mexicanos, y que la denominación oficial del ocupante del Poder Ejecutivo Federal sea Policía Constitucional. De hecho, en estos primeros 100 días de felipidad (más las semanas anteriores a la toma de posesión, cuando las decisiones de invadir Oaxaca y reprimir a la APPO fueron tomadas por el war room de Calderón), las policías o, más específicamente, los militares que dominan y conforman corporaciones como la Policía Federal Preventiva, han tomado un papel preponderante.
Pero, mientras el régimen de la caldera se organiza para enfrentar eventuales estallidos sociales derivados de la extrema desigualdad económica, e incluso de la resistencia social a las reformas entreguistas del petróleo y la electricidad por las que viene el vaquero Bush, he ahí que el hombre más rico de Latinoamérica, y el tercero a escala mundial, se ha preparado para hoy una comida con periodistas a los que informará de algunas acciones generosas que pretende realizar con el mucho dinero que ha ganado en un país donde cada vez hay más pobres y miserables a los cuales beneficiar con la filantropía que no es sino un reparto propagandístico de migajas tranquilizadoras de conciencia, y deducibles de impuestos, entre aquellos que fueron desposeídos del alimento original convertido en botín particular. El estado de sitio como mecanismo represivo para que sigan funcionando los grandes negocios de expoliación, que luego permiten a los caritativos magnates entrar en estado de gracia invirtiendo algunos excedentes en maniobras de limpieza de imagen. El estado de sitio como condición necesaria para que gobiernos policiales repriman a los muchos y cuiden la salud financiera de unos cuantos.
Y, mientras el panista electoralmente disfrazado de perredista, Zeferino Torreblanca, organiza en Guerrero una "corriente" interna desde el poder, con un subsecretario del gobierno estatal como organizador, y con la mira de imponer candidatos a presidencias municipales, diputaciones locales y la propia sucesión gubernamental, ¡hasta mañana, en esta columna siempre en estado de excepción!
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