Pese a impedimento, ex directivos realizaron operación

Detectan 11 anomalías de la UAM en compra de predio

LAURA POY SOLANO/I

A casi dos años de que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) adquirió un predio en una zona de preservación ecológica para instalar su cuarta unidad académica, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 11 irregularidades en la transacción, en la que se erogaron 187 millones de pesos.

En los resultados finales de la auditoría al proceso de compraventa del terreno conocido como El Encinal -la institución estaba encabezada en marzo de 2005 por el entonces rector general Luis Mier y Terán Casanueva y el ex secretario general Ricardo Solís Rosales-, la ASF establece que se adquirió "no obstante que el rector general, el contralor, el abogado general y los miembros del patronato conocían las limitaciones sobre uso de suelo".

Sin embargo, en ninguna de las observaciones hechas a la universidad la ASF hace mención a la posible responsabilidad de Solís Rosales, a quien vecinos e integrantes de la asociación civil Pro Contadero, promovente de la denuncia ante la instancia, identifican como el "principal artífice y quien encabezó la negociación, autorizó la compraventa e inclusive firmó los cheques".

La ASF señala que se incurrió en irregularidades no sólo en la adquisición de un predio que es de preservación ecológica, sino también en la aplicación de manuales de operación sin actualizar, comités de adquisiciones que no se instalaron, errores en los registros contables, expedición de un recibo deducible de impuesto por 1.5 millones pesos, ausencia de actas de entrega-recepción de los predios y recursos entregados sin la autorización del programa prioritario para la compra de inmuebles.

Prohibición anunciada

Destaca que tanto Mier y Terán como el patronato -presidido en marzo de 2005 por Alberto Sánchez Palazuelos e integrado, entre otros, por Sylvia Ortega Salazar, ex subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito Federal, y Gustavo Chapela Castañares, ex director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-, así como el abogado general y el contralor "conocían las limitaciones de uso de suelo", y pese a ello el rector general formalizó en junio de 2005 el contrato de donación y de compraventa.

Sin mencionar al entonces secretario general, responsable de las actividades administrativas de la institución y quien tenía entre sus atribuciones autorizar documentos para gestiones externas -determinadas por el rector general-, certificar documentos oficiales de la universidad que no correspondieran a otras instancias y realizar actividades que le asignara por delegación el rector, la ASF únicamente señala en sus observaciones a los funcionarios mencionados y a los integrantes del patronato.

No obstante, de acuerdo con la investigación realizada por la auditoría y en la respuesta que el propio Mier y Terán envió a ese organismo el 30 de noviembre de 2005 -último día de su gestión-, luego de que la ASF determinara que la adquisición del predio "pudiera ocasionar daño patrimonial a la UAM", se estableció que la Coordinación General de Administración, a cargo de Solís Rosales, solicitara a la Dirección General de Desarrollo Urbano del Gobierno del Distrito Federal -previo a la firma del contrato privado de compraventa, suscrito el 31 de marzo de 2005- el certificado de zonificación para uso de suelo específico del predio ubicado en el número 252 de la calle La Bolsa, colonia La Venta, delegación Cuajimalpa.

El documento -expedido el 28 de marzo de 2005, con el folio 17175- señala que el inmueble tiene clasificado como "prohibido" el uso de suelo para la instalación de una unidad académica universitaria, mismo que fue ratificado el 20 de abril de 2005 para los predios localizados en los números 263 y 253 de la calle La Bolsa, que comprenden la totalidad del terreno El Encinal.

En su respuesta a las conclusiones finales de la ASF, fechada el pasado 8 de febrero, la UAM reiteró que en la sesión urgente del 16 de marzo de 2005 y en la sesión ordinaria del 20 de abril del mismo año "no se hicieron del conocimiento del patronato los certificados de zonificación de uso de suelo específico (...), circunstancia que de haberse conocido oportunamente habría derivado en la revocación de la autorización concedida".

La documentación enviada a la ASF, cuya copia tiene La Jornada, reitera que la petición para adquirir el predio fue solicitada por Mier y Terán -actual director general del Sistema Nacional de Investigadores- con carácter de "urgente", debido a que el predio El Escorpión no podía utilizarse por estar en litigio.

Destaca que "corresponde a la administración de la universidad cuidar y supervisar en detalle todos los requisitos legales y los procesos administrativos para la compra, con lo cual se daría la categoría de confiable, veraz y precisa a dicha información".

Ausencia inexplicable

El abogado Jorge Jiménez Arana, integrante de Pro Contadero, quien solicitó en julio de 2005 información a la UAM en torno de la adquisición del terreno El Encinal, afirmó en entrevista con La Jornada que el ex secretario general fue quien "dio la cara tanto en la negociación como en la firma del contrato de compraventa, y también quien asistió a la audiencia pública con el entonces delegado de Cuajimalpa, Ignacio Ruiz, a finales de mayo de 2005, a la que acudieron por lo menos 200 personas, testigos de los atropellos de Solís Rosales".

Calificó de "inexplicable" que la ASF excluya en sus observaciones a quien fue encargado de "defender como suyo el proyecto y quien se negó en todo momento a escucharnos, a pesar de que les informamos que el uso de suelo era de preservación ecológica, pues se trataba de un proyecto que defendía a capa y espada, porque era un aspirante sólido a encabezar la rectoría general".

Sin duda, consideró, se trata del "responsable directo de la operación y, sin temor a equivocarme, también de esconder al patronato la información que señalaba que estaba prohibido el uso de suelo para una unidad académica".

Por ello aseveró que, como asociación civil, solicitarán a la ASF "que informe cuáles son las razones por las que se está exentando de responsabilidad a quien participó activamente en el proyecto y encabezó las negociaciones".