Descarta desvío de recursos; se detectó que la contabilidad de Provida estaba limpia
La PGR determinó el no ejercicio de la acción penal contra Serrano Limón
Prepara el dirigente del grupo demandas contra ex legisladores del PRD y la ASF
Después de dos años y medio de investigación por el presunto desvío de casi 30 millones de pesos, la Procuraduría General de la República (PGR) determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de Jorge Serrano Limón y Rocío Gálvez Sánchez, dirigentes del Grupo Nacional Provida.
Y aunque todavía está pendiente la resolución final sobre la multa de 13 millones de pesos y la inhabilitación por 15 años, Serrano Limón anunció que su equipo de abogados ya preparan diversas demandas penales, administrativas y civiles en contra de siete ex legisladores del PRD, seis organizaciones "proabortistas" y del ex secretario de la Función Pública Eduardo Romero Ramos, quienes estuvieron en "contubernio" para acabar con la organización y sus 39 Centros de Ayuda a la Mujer (CAM).
Dentro de estas demandas también se presentará una de tipo administrativo en contra del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, quien aunque levantó el acta de inicio de la auditoría a Provida, nunca la concluyó, ni revisó las presuntas facturas apócrifas ni los contratos que habían sido violados, y aún así presentó la acusación penal en contra de Serrano Limón y Gálvez Sánchez.
Satisfecho por el resultado de la auditoría pericial contable realizada por la PGR, el dirigente de la organización expresó su confianza que tras esta decisión de la autoridad también se puede revertir el tema de la multa y la inhabilitación. Ha quedado plenamente comprobado, dijo, que no hubo ningún desvío de fondos de Provida -que recibía de la Secretaría de Salud para actividades de la organización- ni de sus dirigentes.
Sin embargo, acepta que la "campaña de linchamiento y desprestigio" golpeó duramente a la organización y a sus Centros de Apoyo a la Mujer, circunstancia que provocó que se dejaran de salvar la vida de 14 mil bebés, 4 mil en 2004 y unos 10 mil más en 2005.
Hay que recordar que desde 2004, varios legisladores del PRD acusaron a dicha agrupación y a sus dirigentes de haber desviado recursos públicos millonarios con fines lucrativos en casas de bolsa. Incluso, en aquel entonces, se hizo un escándalo debido a la compra de tangas que estaban reportadas en facturas cuantiosas.
Con los documentos en la mano, precisó que tras revisar todas las facturas y las cuentas bancarias de las oficinas centrales y de los 39 CAM, la Secretaría de Hacienda dictaminó que la contabilidad se encontraba "limpia y sin observaciones", además de que la pericial contable ordenada por la PGR concluyó que "todos los recursos federales otorgados a Provida habían sido utilizados de acuerdo con lo convenido con la Secretaría de Salud".
El pasado 28 de diciembre, y tras dos años y medios de investigaciones, la procuraduría concluyó que no hubo ningún desvío de Provida ni de sus directivos, por lo que determinó "el no ejercicio de la acción penal, por no delito".
Las demandas que prepara su equipo de abogados serán en contra de los ex diputados Marta Lucía Micher -actualmente titular del Instituto de las Mujeres del gobierno capitalino-, Inti Muñoz, Santini Saucedo Pérez, Omar Ortega Alvarez, Alfonso Ramírez Cuellar, Angélica Díaz del Campo y Tomás Cruz Martínez, así como en contra de los Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), Fundar. Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Letra S, Sistema Integral para la Mujer (Sipam) y Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia.
Las demandas serán penales y civiles, por los delitos de falsedad de declaraciones, mentir intencionadamente a la autoridad y difamación, mientras que las denuncias en contra de Romero Ramos y González de Aragón, serán de carácter administrativo.
Señaló que aún cuando la Secretaría de la Función Pública presentó una denuncia, ésta se basó indebidamente en fotocopias de facturas que incluso ya habían sido canceladas, además de que nunca tuvo los originales de los contratos y convenios referidos, aún cuando no tenía ninguna facultad para auditar a la organización.
En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, ésta sólo se presentó el 24 de octubre de 2004 para levantar el acto de inicio de la auditoría, y "jamás regresó" a continuar con las investigaciones, y pese a ello presentó una denuncia penal en contra de Provida y sus directivos.
Ni la SFP ni la ASF realizaron la instrucción pericial contable, procedimiento que cumplió la PGR para dictaminar el no ejercicio de la acción penal.