Aprueban senadores reforma al 127 constitucional
Fijan topes a salarios de servidores públicos
Se elaborará ley sobre pensiones para el Poder Judicial
De forma unánime, la Cámara de Senadores aprobó ayer reformas constitucionales que reivindican la ética republicana y los principios juaristas de austeridad, al poner fin a abusos y dispendios de los funcionarios de todos los niveles de gobierno, que ya no podrán fijarse sueldos, pensiones y liquidaciones millonarias, como ocurre en la actualidad.
Se trata de una decisión histórica, comentó en tribuna el perredista Pablo Gómez, autor de la iniciativa que reivindica una de las principales propuestas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, al fijar topes a los salarios de los servidores públicos y devolver al Congreso la facultad de determinar esas percepciones. La reforma se aprobó con 105 votos en favor y ninguno en contra.
El dictamen incluyó modificaciones de de última hora, una de ellas para dar un plazo de 180 días al Congreso -una vez concluido el proceso del Constituyente- con la finalidad de crear una ley secundaria que fije pensiones dignas a los integrantes del Poder Judicial, entre ellos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes cabildearon y presionaron hasta el final para no ver afectados sus intereses.
La fracción del PAN propuso ese agregado, ya que los ministros pidieron que se les garantizara contar con fondos de retiro, ya que se eliminará el fideicomiso mediante el cual se otorgaban ellos mismos sus pensiones.
Con la reforma, los ingresos de los integrantes de la SCJN, superiores en la actualidad a 400 mil pesos mensuales, se verán reducidos en más de 50 por ciento, ya que se respeta su salario nominal, con el propósito de dar cumplimiento al artículo 94 constitucional -donde se precisa que no se podrá disminuir el salario de jueces, magistrados y ministros durante el tiempo que dure su encargo-, pero se eliminan bonos, compensaciones y demás sobresueldos.
Además, se congela el salario nominal de los ministros hasta que quede por debajo del que percibe el Presidente de la República, dado que en el artículo 127, base de la nueva normatividad para los servidores públicos, se señala que ningún funcionario de gobierno podrá ganar más que el jefe del Ejecutivo federal.
Igual ocurrirá, explicó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador priísta Pedro Joaquín Coldwell, con los demás integrantes del Poder Judicial y los magistrados y consejeros electorales, quienes, una vez aprobada la reforma, deberán ceñirse a lo establecido en el artículo 127 reformado.
Otro punto toral de las modificaciones a la Carta Magna aprobadas ayer es la prohibición de que el Estado pague pensiones, haberes de retiro o liquidaciones que no estén asignadas por ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
Con esto se eliminan las pensiones de los ex presidentes de la República y
de magistrados electorales y ministros. Se acaba así, precisó Joaquín Coldwell, con "los régimenes de excepción que se habían venido estableciendo de manera unilateral y, lo que es peor, discrecional, para privilegiar a núcleos de funcionarios públicos que podían adjudicarse beneficios que excluían al resto de los trabajadores".
Los ministros no entienden nada
En su intervención, el senador Pablo Gómez manifestó que tanto en el gobierno federal como en los estados, los municipios, las empresas descentralizadas, los organismos autónomos y en el Poder Judicial se abandonaron los principios democráticos y se generó el fenómeno del patrimonialismo de los bienes y recursos públicos, ya que "los jefes se ponen el sueldo que quieren o el que creen merecer".
Así, agregó, hay casos de quienes estuvieron algunos meses como directores de bancos del Estado, pero se autoasignaron pensiones de 100 mil pesos mensuales. No se puede permitir que la Suprema Corte, por disposición del propio Poder Judicial, tenga un fideicomiso para retiro que no está normado por ley alguna, o que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya constituido otro fideicomiso con fondos públicos sobrantes que debieron reintegrar a la Federación.
Recordó que los ex magistrados electorales ya se habían asignado 7 millones de pesos como retiro cada uno, que quedaron en 3 millones después de las críticas que surgieron cuando se hizo público que se premiaban a pesar de su cuestionada actuación en las elecciones de julio de 2006, detalló Pablo Gómez.
Respecto de la molestia de los ministros y las declaraciones que ayer formuló el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, en contra de la disminución de sus ingresos, el perredista dijo que eso significa que "no entienden nada", y se preguntó "cómo pueden hacer jurisprudencia quienes no entienden que la Constitución no les permite darse el sueldo que ellos quieren".