Los peritajes que aportamos en 2006 acreditan esta hipótesis, sostiene Becerril

Demostraremos que Digna Ochoa fue víctima de homicidio, afirma abogado

ALFREDO MENDEZ, AGUSTIN SALGADO

Promotor del juicio de amparo que después de casi cuatro años de litigios en tribunales permitió obligar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a reabrir las investigaciones sobre la muerte de Digna Ochoa y Plácido, el penalista José Antonio Becerril, abogado de los familiares de la luchadora social, asegura: "Estamos a un paso de demostrar por la vía legal que nos encontramos ante un caso de homicidio, y esta hipótesis la acreditan los peritajes que aportamos el año pasado".

Entrevistado en su despacho, agrega que el procurador capitalino Rodolfo Félix Cárdenas, al que -dice- le otorgó un voto de confianza, recién recibió un documento de 400 páginas "en el que queda demostrada la existencia de un agresor en el lugar donde se encontró sin vida a Digna Ochoa, así como pruebas de que el cuerpo de la abogada presentó signos de violencia y de que el cadáver fue manipulado en la escena del crimen".

Frente a una decena de periódicos en los que se publica el anuncio del titular del Ministerio Público del Distrito Federal acerca de la reapertura del caso Digna Ochoa, el coadyuvante del procurador asevera: "estamos ante el reconocimiento de que la administración de procuración de justicia anterior (encabezada por Bernardo Bátiz) no investigó a fondo, y por eso no detectó estos elementos que conducen al homicidio, a pesar de que las pruebas estaban en la misma indagatoria".

El abogado de la familia Ochoa y Plácido recuerda que luego de la muerte de la defensora de los derechos humanos, ocurrida en octubre de 2001, la fiscalía especial creada por Bernardo Bátiz se empeñó en encaminar las investigaciones, desde un principio, hacia la hipótesis del "suicidio simulado", a pesar de que existían pruebas que no fueron valoradas, las cuales referían la probable acción de un homicida "que planeó perfectamente el crimen".

A decir del litigante, "cuando nosotros tomamos el caso y ofrecimos, en 2003, las pruebas encaminadas al homicidio, la fiscalía no hizo más que obstruirlas; eso provocó que el asunto se quedara detenido hasta 2006, cuando conseguimos la sentencia del segundo tribunal colegiado, ordenando que se admitieran nuestras pruebas. Tuvimos que esperar tres años para que la familia tuviera oportunidad de aportar los elementos que considerábamos importantes para esclarecer la muerte de Digna".

En respuesta a quienes comparten la hipótesis de la ex fiscal especial de este caso, Margarita Guerra, respecto de que el carácter "obsesivo compulsivo y las conductas esquizoides, antisociales y con pensamientos paranoides", llevaron a la abogada a suicidarse, pero fingiendo un asesinato, Becerril refiere: "Ese punto de vista carece de pruebas contundentes; las pruebas que ofrecimos echan abajo esa conjetura y además contamos con el aval de magistrados federales".

En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, calificó de "buena señal" la reapertura del caso Digna Ochoa, al tiempo que destacó que el titular de la procuraduría capitalina, hasta el momento, no se ha pronunciado en favor o en contra de las dos hipótesis existentes: homicidio o suicidio.

Entrevistado al término de su participación en el foro Derechos fundamentales de las personas con discapacidad, que se realizó la mañana de ayer en el museo de San Carlos, Alvarez Icaza recordó que desde julio de 2004 la CDHDF presentó "ante la opinión pública" las 32 irregularidades que detectó en la investigación realizada por la PGJDF. "En primer lugar (la reapertura del expediente), es consecuencia de una decisión judicial; la familia (de Digna Ochoa) ganó el amparo y éste establece que es obligación de la procuraduría aceptar nuevas pruebas aportadas por la familia", puntualizó.