Busca quedar libre del delito de genocidio
Luis Echeverría solicitará hoy amparo de la justicia federal
En lo que representará el primer juicio de amparo que se abrirá en México a petición de un ex presidente de la República, Luis Echeverría Alvarez, quien gobernó entre 1970 y 1976, presentará hoy una demanda de garantías con la que busca obtener la protección de la justicia federal para recuperar su libertad, la cual perdió el pasado 30 de noviembre, cuando un magistrado federal lo sujetó a proceso penal desde su domicilio para que responda a una acusación por genocidio.
La intención del ex mandatario priísta es que un magistrado unitario le conceda un amparo en los próximos meses, mediante el cual pueda demostrar que fue incorrecta la determinación del magistrado Ricardo Paredes, titular del segundo tribunal, quien hace tres meses y medio giró orden de reaprehensión contra Echeverría, señalado por la Procuraduría General de la República como principal autor de la matanza del 2 de octubre de 1968.
Los penalistas Juan Velásquez y Heraclio Bonilla, defensores del ex presidente y autores de la demanda, presentarán hoy el documento en la oficialía de partes de los tribunales unitarios con sede en la ciudad de México.
De acuerdo con los litigantes, se harán valer tres conceptos de violación de garantías: prescripción del delito de genocidio, porque ya transcurrieron 30 años de los presuntos hechos delictivos; inexistencia del genocidio, puesto que se trató de un enfrentamiento entre militares y policías, pero no de un acto de exterminio de un grupo nacional, y falta de elementos para demostrar la probable responsabilidad de Echeverría, porque el Batallón Olimpia no dependía de él.
Además, los defensores solicitarán una suspensión definitiva que garantice a Luis Echeverría no ser fichado ni sometido a un estudio de personalidad hasta que concluya el juicio de garantías.
En el Distrito Federal están habilitados seis órganos jurisdiccionales de esa categoría, pero como el segundo y el sexto están señalados en la demanda como autoridades responsables, porque supuestamente violaron las garantías individuales del inculpado, el recurso de defensa podrá recaer en los tribunales primero, tercero, cuarto o quinto.
Al dictar auto de formal prisión contra Echeverría, el magistrado Paredes Calderón consideró que cuando el acusado se desempeñó como secretario de Gobernación, "en forma conjunta con otras instituciones perpetró una conducta que trajo como consecuencia los hechos de 1968, pues por medio de la Dirección Federal de Seguridad se constituyó un grupo armado, denominado Batallón Olimpia".
El juzgador puntualizó que Echeverría "ordenó que los miembros de ese batallón se presentaran en el mitin del 2 de octubre de 1968 y, en forma coordinada con otras fuerzas armadas, iniciaran el fuego cruzado, entre ellos y los elementos del Ejército, y con otros contingentes, con la intención de aprovecharlo para disparar contra los estudiantes y la multitud congregada, perpetrando delitos contra la vida de un número considerable de personas, y con el propósito de destruir totalmente al grupo nacional identificado como 'movimiento estudiantil' del 68".