Cuauhtémoc Cárdenas

El muro nada resuelve y todo complica: las relaciones México-EU

Hay temas relevantes en la agenda bilateral entre Estados Unidos y México que deben enfrentarse con la visión de dos pueblos que comparten no sólo una frontera común, sino un destino, su presente y su futuro. Discutir abiertamente nuestros problemas comunes ayudará a un mejor entendimiento de México y los mexicanos desde el punto de vista de Estados Unidos, y a un mejor entendimiento de ese país y de su pueblo por los mexicanos, de manera que podamos mejorar la compleja y variada relación que existe entre nuestras dos naciones.

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El Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN) entró en vigor hace 13 años.

Las cifras frías harían pensar que todas las partes se han beneficiado con él, y que las tres están ampliamente satisfechas. La realidad es muy diferente.

Trece años después de que el ALCAN entró en vigor, los resultados para México han sido buenos en ciertas áreas; malos o muy malos en otras. En una década, por ejemplo, el comercio trilateral se ha más que duplicado; aumentó 117 por ciento, y las exportaciones mexicanas más que triplicaron, pasando de 51 mil 800 millones de dólares en 1993, a 165 mil 400 en 2003, lo que puede verse como un impacto positivo del tratado en la economía mexicana, pero la mayor parte de esas exportaciones corresponden a maquiladoras de propiedad extranjera y a transacciones internas de corporaciones trasnacionales, dueñas de las maquiladoras, y no propiamente a lo que pudieran llamarse exportaciones generadas por la economía nacional.

Es más fácil apreciar correctamente la situación de México si se considera que en 1983, de cada dólar exportado, 88 centavos correspondían a insumos nacionales -trabajo, servicios, materias primas, partes, componentes-, en 1994 esa cifra cayó a 42 centavos, y hoy, quizá no llegue a 25.

En 2000 las exportaciones mexicanas alcanzaron su máximo histórico: 166 mil 500 millones de dólares. En 2003 mostraron una pequeña disminución de 0.7 por ciento; si se excluye el petróleo, esa cifra se eleva a 2.2 por ciento, y si no se consideran las exportaciones de las maquiladoras porque, como ya se dijo, se trata principalmente de transacciones internas de las correspondientes corporaciones, nos encontramos que las exportacionesdel país cayeron 17 por ciento entre 2000 y 2003.

En la agricultura, la apertura comercial afectó gravemente a los productores de cereales, frijol, aceites vegetales, azúcar, lácteos y ganado, aunque debe reconocerse que ganaron nuevos mercados las legumbres, el cemento, el tequila y frutas como mango, aguacate, guayaba, limón y zarzamora, entre otros bienes.

Enfrentamos ahora un nuevo problema: en 2008, según el ALCAN, la frontera se abrirá totalmente a las importaciones de granos -maíz, frijol, trigo-, con un grave impacto negativo sobre los productores mexicanos, ya que en el país ha faltado, desde que el acuerdo se negociaba, una política específicamente orientada a modernizar el sector agrícola, particularmente a dar atención, diversificar y aumentar producciones y productividades en las regiones en las que hoy se siembran granos.

Por otra parte, debe decirse que el ALCAN es el único acuerdo de libre comercio en el mundo que liberalizó el comercio de los productos agrícolas. México ha suscrito más de 10 acuerdos desde 1994, y en ninguno se considera la liberalización de dichas mercancías.

Bien puede decirse que el ALCAN está agotado y dio todo lo que podía dar, de modo que el gobierno mexicano debiera plantear a sus dos socios en el tratado la firma de un addendum trilateral de cooperación, que comprometiera a todas las partes en un esfuerzo de cooperación no sólo en materia de comercio, sino también en cuestiones sociales, producción, e infraestructura, con el objetivo principal de eliminar las diferencias sociales y las asimetrías económicas, mediante la creación, entre otros, de mecanismos como los fondos especiales de inversión para el desarrollo -siguiendo el ejemplo europeo-, para hacer realidad esas nuevas políticas.

Pero tratando de encontrar una solución definitiva y duradera, recordaría la propuesta que hice cuando se estaban realizando las negociaciones del ALCAN, en 1990-1991, de buscar la suscripción de un acuerdo no sólo de libre comercio y entre las tres naciones de América del Norte, sino de un acuerdo de desarrollo, que involucrara a todas las naciones de nuestro continente; esto es, con un enfoque mucho más amplio y considerando la creación y utilización de mecanismos como los fondos de inversión para reducir asimetrías sociales y económicas y promover el desarrollo, un compromiso o carta social que incluyera los derechos y condiciones laborales, y un compromiso integral sobre cuestiones ambientales. Creo todavía que ese sería el mejor camino para construir una relación mucho más equitativa entre las naciones de nuestro continente y una vía para reducir, hasta eliminar, la migración irregular, para abrir y ofrecer oportunidades en cada país, a todos sus habitantes.

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México y Estados Unidos comparten una frontera de más de 3 mil kilómetros de largo y relaciones e intercambios de gran diversidad, siendo lo más valioso entre ellos la relación humana directa: un millón de estadunidenses y mexicanos que cruzan diariamente nuestras fronteras, gente que viaja por negocios, trabajo o placer de un país al otro, familias que viven al otro lado de la frontera y, la más importante, la relación laboral que provoca el flujo migratorio más intenso hacia ese país, y constituye uno de los más importantes en el mundo.

Al menos 3 millones de mexicanos han cruzado la frontera en la última década para trabajar, y la mayor parte de ellos para establecerse permanentemente en Estados Unidos. La población de origen mexicano en ese país alcanza los 25 o 27 millones, que envían más de 20 mil millones de dólares de remesas a México, uno de los hechos más indicativos, vergonzosos y preocupantes de la situación social de México, pues muestra la incapacidad y la falta de voluntad del gobierno para resolver los problemas de vida de millones de connacionales.

La migración laboral es, sin duda, el problema humano más serio y complejo que compartimos, que hoy puede verse claramente, por una parte, en las muy importantes discusiones públicas en ambos lados de la frontera, con la participación de gente muy importante y de instituciones fundamentales en la vida de nuestras naciones, y por otra, en la movilización popular que está teniendo lugar en ese país en favor de los derechos de los inmigrantes.

En tiempos recientes, alrededor de 400 iniciativas relacionadas con la migración se han presentado y han sido discutidas en las legislaturas estatales: unas 40 en California, más de 30 en Arizona y más de 20 en Colorado, entre ellas. Esas iniciativas tienen que ver con abrir o cerrar a los inmigrantes y a sus familias servicios de educación, vivienda, bibliotecas, estampillas para alimentos, hospitales, y con la creación de nuevos cuerpos policiacos fronterizos.

En diciembre de 2005, la ciudad de Manassas, Virginia, expidió una ordenanza para sancionar como delincuentes a abuelos, tíos, sobrinos, que compartan residencia con cualquier inmigrante irregular, y envió a un ejército de inspectores a los barrios latinos para identificar aquellas casas y apartamentos que "amenazan el espíritu de las zonas", donde latinoamericanos irregulares y sus parientes se amontonan para compartir la renta de su precaria vivienda.

El Congreso del estado de Georgia aprobó en 2006 una de las leyes más duras sobre la población inmigrante, reduciendo sus derechos, cargándoles el pago de impuestos directos -ya cubrían gravámenes indirectos por conducto de su alimentación, vivienda y servicios- y sancionando como delincuentes a sus empleadores. Georgia es el estado que ha venido recibiendo el mayor número de migrantes irregulares en el pasado lustro. Hace 10 años prácticamente no tenía inmigrantes, pero cuando hubo necesidad de construir ahí las instalaciones para los Juegos Olímpicos de 1996, las autoridades estadunidenses se encontraron con que la mano de obra era escasa, y de modo muy velado pidieron a las autoridades mexicanas que les canalizaran a trabajadores indocumentados hacia Atlanta. Después de la olimpiada, la mayor parte de esos empleados decidieron quedarse, y hoy Georgia es el segundo estado por las remesas que manda a México. El mismo fenómeno está teniendo lugar en Nueva Orleáns después del huracán Katrina.

El Congreso de Estados Unidos recibió en 2005 al menos tres iniciativas relacionadas con la población inmigrante que tendrán un fuerte impacto, ya sea que se aprueben total o parcialmente: la McCain-Kennedy en el Senado, y la Kyl-Cornyn y la Sensenbrenner (HR 4437) en la Casa de Representantes.

La iniciativa Sensenbrenner, la más agresiva, racista, inhumana, inamistosa e incluso carente de realismo de las varias presentadas en el Congreso, propone extender las barreras existentes en nuestra frontera por alrededor de 700 millas; considerar delincuentes de 8 a 11 millones de mexicanos que irregularmente residen en ese país y a otros más de varias nacionalidades; rechazar cualquier posibilidad de legalizar la residencia de extranjeros que irregularmente ya residen en Estados Unidos; considerar como delito, no sólo como falta civil, el ingreso ilegal a ese país; considerar delincuentes a quienes brinden asistencia a emigrantes irregulares y establecer la obligación para los empleadores de verificar la situación legal de sus potenciales empleados. Esta iniciativa fue aprobada en la Casa de Representantes, pero no pasó en el Senado, pero se han aprobado otras iniciativas y se han construido o se construyen barreras para controlar la inmigración irregular como parte de la Operación Gatekeeper, en California, la Operación Hold-in-line, en Texas, la Operación Safeguard, en Arizona, o como resultado de la enmienda Hunter a la iniciativa Sensenbrenner, que aprobó la construcción de una barda de 698 millas, o la Resolución S 2611 del Senado, para edificar 370 millas de barrera de tres capas y una barda para prevenir el paso de vehículos en diferentes puntos de nuestra frontera común.

Como reacción a las leyes anti-inmigrantes, varias ciudades de California -Maywood, Huntington Park, Pomona, Downey, Bell Gardens y Cudahy, todas en el condado de Los Angeles-, constituyeron la Coalición de Ciudades Santuario, en las que los empleadores no se consideran delincuentes por contratar a migrantes irregulares, o la policía local está autorizada a no cooperar con las autoridades federales para arrestar a indocumentados. El 7 de abril de 2006, estudiantes y sus padres realizaron un mitin frente al Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, demandando que la región se declarara Zona Segura.

México ha sido muy sensible a las arbitrariedades de empleadores y autoridades, que nulifican los derechos laborales y humanos de mexicanos como residentes y trabajadores en ese país. Con ese sentido y para borrar los aspectos conflictivos de la migración ilegal, el gobierno mexicano debe exigir con energía a las autoridades estadunidenses el respeto absoluto y la protección eficaz a los derechos laborales de los connacionales, y desarrollar, en estrecha colaboración con la sociedad mexicana, acciones vigorosas y amplias, de manera que el gobierno estadunidense, especialmente la sociedad de aquel país, reconozca la valiosa e indispensable contribución que los inmigrantes, y en alta proporción los irregulares, dan al progreso de esa nación mediante su trabajo, sus impuestos, su cultura, hoy evidente por todo su territorio.

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Si somos objetivos y racionales, si de verdad queremos encontrar soluciones efectivas a los problemas que plantea la migración en ambos lados de la frontera, debemos entender y aceptar, en contra de los intereses creados de grupos anti-inmigrantes y belicistas de ese país, en primer lugar, que la inmigración irregular, la seguridad fronteriza y la lucha contra el terrorismo no son el mismo problema, sino que constituyen problemas separados, que deben enfrentarse de maneras diferentes, con medios diferentes y en diferentes ámbitos.

Los problemas de terrorismo en Estados Unidos nada tienen que ver con la diversificada e intensa relación que este país tiene con México, o con problemas específicos de nuestra vecindad. El terrorismo surge de la desigualdad en las relaciones mundiales, de las asimetrías en el desarrollo, de la injusticia social y de una educación deficiente, de la opresión y la falta de democracia. Las amenazas del terrorismo no desaparecerán por restringir o hacer más difícil la rica y variada relación existente entre México y Estados Unidos, sino cuando exista un orden mundial equitativo y sistemas nacionales igualitarios y democráticos sean los que prevalezcan.

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Estados Unidos necesita a los trabajadores migrantes que llegan de todo el mundo, y como todos lo saben, alrededor de medio millón cada año, de México. La vida social y económica estadunidense se paralizaría con su ausencia.

La migración irregular de mexicanos a Estados Unidos es consecuencia de una economía estancada, de una creciente polarización social, de la pérdida de empleos y el crecimiento exponencial de la desocupación, del abandono por parte del Estado mexicano de sus responsabilidades sociales, y sólo tendrá soluciones definitivas con medidas específicas -muy distintas a las consideradas para el combate contra el terrorismo-, algunas a aplicarse en ese país, por las autoridades y la sociedad estadunidenses, otras en México, por los mexicanos, otras más compartiendo responsabilidades en las decisiones y su aplicación en uno o el otro lados de la frontera. Y debe tenerse muy claro que compartir responsabilidad y colaboración de ambos lados es indispensable para dar solución equitativa y definitiva a esos problemas.

Aun cuando es fascista e irreal, de algún modo debemos estar agradecidos con el representante Sensenbrenner por su iniciativa, pues disparó acciones muy importantes y positivas en Estados Unidos. Millones han tomado conciencia y se han movilizado por todo el país contra esas injustas e inhumanas propuestas, que limitan los derechos de millones de personas, demandando reconocimiento y solidaridad hacia aquellos inmigrantes que trabajan para el progreso y beneficio de esa nación.

Como primera reacción a dicha iniciativa y a los miles que se manifestaron en las principales ciudades de esa nación, el presidente Bush urgió al Congreso para que aprobara una amplia reforma migratoria y reconociera "(que nadie) debiera pretender que los inmigrantes constituyen una amenaza a la identidad de Estados Unidos, ya que los inmigrantes han modelado la identidad de esta nación".

Reaccionando a esa misma iniciativa, el Senado de California aprobó la resolución SCR 113, apoyando el boicot del primero de mayo de 2006, la movilización más extraordinaria en esa nación de la que haya sido testigo el mundo, y reconociendo la muy importante contribución que los inmigrantes dan al país: 4 mil 500 millones de dólares como impuestos estatales en California y 30 mil millones en impuestos federales. En la discusión de esta resolución, la senadora Gloria Romero dijo que cada inmigrante contribuye con más de 2 mil 600 dólares a la seguridad social, y que era "necesario reconocer que en nuestra economía debemos depender de la participación de los migrantes".

Entonces, podemos ver que la movilización de la gente en solidaridad con los trabajadores inmigrantes está dando resultados.

Esperemos que el Congreso estadunidense, las autoridades y la sociedad enfrenten y manejen los asuntos migratorios con equidad, sensibilidad social y realismo, y así alcancen soluciones definitivas. El problema no se va a resolver extendiendo y haciendo más altas las bardas de acero, por endurecer la frontera, aumentar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza o dejando sueltos y protegidos por la impunidad a los minutemen.

Los estadunidenses y los mexicanos -autoridades, legisladores, académicos, organizaciones civiles, partidos políticos- deben sentarse juntos, discutir, reunir información, escuchar de todos lados y todo tipo de opiniones, analizar y pensar, con la firme decisión de encontrar soluciones realistas, integrales y equitativas a los problemas de la inmigración irregular.

Es compromiso de todos hacer que la equidad norme las relaciones entre México y Estados Unidos.

13 de marzo de 2007