El iraquí fue sometido a 36 horas de tortura; termina el juicio sin condenados

Liberan a dos soldados británicos acusados de matar a un civil en Basora

RAYMOND WHITAKER

El 4 de enero de 2004 Robert Fisk denunció por primera vez en The Independent on Sunday la muerte de Baha Mousa, el recepcionista de un hotel en Basora, cuando estaba bajo custodia del ejército británico. En septiembre anterior, él y otros siete civiles iraquíes retenidos por el Regimiento Real de Lancashire (QLR por sus siglas en inglés), fueron esposados, encapuchados y obligados a mantenerse en posturas dolorosas, privados del sueño y sometidos a 36 horas de ataques durante las cuales les eran propinados puñetazos, puntapiés y palizas.

Cuando una corte marcial se reunión en Bulford, Wilthsire, el 6 de septiembre de 2006, el patólogo Ian Rowland Hill testificó que Mousa sufrió 93 lesiones externas. Con todo, la semana pasada la corte dejó en libertad al mayor Michael Peebles y al oficial, Mark Davis, que eran los dos últimos de un total de siete soldados del QLR acusados de provocar la muerte del recepcionista de 26 años.

Anteriormente, el cabo Donald Payne admitió el trato inhumano que recibieron los detenidos, cosa que le valió ser el primer soldado británico condenado por un crimen de guerra. Recibirá sentencia el 30 de abril, pero su anterior juicio por lesiones y obstaculizar el curso de la justicia, así como el hecho de que los cargos contra los otros seis soldados no procedieron, significa que nadie ha sido juzgado por la brutal muerte de Mousa.

El magistrado que presidió el juicio, Justice McKinnon, encontró que las heridas del iraquí fueron resultado de "numerosos asaltos durante 36 horas, por parte de personas no identificadas", pero que hubo una labor de encubrimiento. "Ninguno de esos soldados ha sido encausado por ofensa alguna, simplemente porque no existe evidencia contra ellos como resultado de un cierre de filas más o menos obvio".

El resultado del jucio fue descrito por Phil Shiner, el abogado representante de la familia Mousa, como un "engaño" que "dejó sin nada a las víctimas". Pero su indignación encontró una respuesta igualmente fuerte del lado militar, proveniente entre otros del coronel David Black, un ex comandante del regimiento real que dijo que jamás debieron enfrentar acusaciones "un grupo de hombres valerosos que tuvieron que tomar decisiones de vida o muerte en cuestión de segundos".

Un editorial del diario The Guardian reviró al afirmar que "la única persona en situación de vida o muerte era Mousa, y él murió".

Justifican actitud de oficiales

Los comentarios de Black fueron parte de una defensa no oficial de las tropas que comenzó inmediatamente después de que se hizo pública la muerte de Mousa. Varios periódicos reportaron, por ejemplo, que los soldados del regimiento estaban enardecidos al momento del arresto de Mousa por la muerte de un oficial muy popular durante un ataque en Basora, la semana enterior, lo cual explica la forma en que actuaron los soldados.

Según Shiner lo que ocurrió con los detenidos "parece ser un castigo sistemático del QLR ante la convicción errónea de que estos iraquíes eran responsables de la muerte de uno de sus compañeros de batallón".

Cuando el coronel Jorge Mendonca, comandante del QLR, fue acusado de negligencia, hubo acusaciones de que se pretendía guardar "la corrección política", y estas condenas se multiplicaron cuando se sobreseyó el caso. Muchos de los comentarios ante los juicios de esta semana manifestaban malestar particularmente por el hecho de que el proceso costó 20 millones de libras esterlinas.

El tenor de las críticas quedó demostrado por el diputado conservador, Ben Wallace, de Lancaster, hogar del QLR, quien afirmó: "Es vergonzosa la forma en que el gobierno gasta millones en un juicio-espectáculo, en lugar de adquirir equipo adicional para nuestras tropas. Es repugnante ver que se invierte más esfuerzo en perseguir a nuestras tropas que en ver por las familias de los que han muerto en el cumplimiento del deber".

Esta visión de que los militares fueron perseguidos por civiles irracionales se reflejó en las críticas hacia la Procuraduría General, que rechazó que la decisión de ir a jucio haya salido de esta dependencia.

Para otros, el principal culpable es el proceso judicial militar bajo el cual un comandante puede obstruir una investigación, y que además se caracteriza porque las pesquisas se llevan a cabo por policías e investigadores militares sin recursos y que no son independientes de la línea de comando, lo que resulta en un caso plagado de ineptitudes.

Fue el general Mike Jackson, capitán del ejército hasta el año pasado, quien llegó al meollo del asunto. El mes pasado dijo estar "seguro" de que no hubo interferencia política en el caso y señaló: "Debemos recordar que al final de todo este asunto hay un cadáver". Sí, pero al final de todo esto no se ha respondido la pregunta ¿quién mató a Baha Mousa?

© The Independent

Traducción: Gabriela Fonseca