"Justicia a medias"
Como "justicia a medias", "una burla" y una "tomadura de pelo" fue calificada la decisión del juez de primera instancia en materia penal de Sabinas, Coahuila, de liberar órdenes de aprehensión contra cinco empleados de Industrial Minera México, Sociedad Anónima (IMMSA) por su probable responsabilidad en el accidente de la mina Pasta de Conchos, que costó la vida a 65 mineros.
Tanto el sindicato minero como el abogado de los familiares de trabajadores fallecidos señalaron que ésta es una medida parcial que no llega al fondo de la investigación, como lo habían prometido los funcionarios de este gobierno, ya que se va a tomar a estos empleados como "chivos expiatorios", y a los dueños de la empresa, que son los verdaderos responsables de la tragedia, como Germán Larrea y sus socios, así como a altos funcionarios de la Secretaría del Trabajo, "no se les toca ni con el pétalo de una hoja de citatorio".
El secretario de Acción Política del sindicato minero, Carlos Pavón, planteó que con esta decisión prácticamente se quiere "limpiar las manos sucias" de los inversionistas de la mina y del ex secretario del Trabajo Francisco Javier Salazar Sáenz, quienes son los principales responsables del accidente. Los primeros, por cometer un "crimen industrial", y el segundo por omitir la inspección y vigilancia, encubrir a los funcionarios involucrados, dejar impune la tragedia y que no se haya hecho justicia a los deudos.
La decisión del juez Sergio Tamez Moreno es una "salida" falsa, dijo Pavón, y agregó que inclusive a IMMSA, lejos de retirarle la concesión de esta mina por la tragedia, el gobierno la premió con otra para comercializar el gas que emiten las minas de carbón, lo cual le dejará un negocio de millones de dólares anuales.
El propio hijo de Javier Salazar Sáenz, desde la Comisión Reguladora de Energía, "fue quien autorizó esta concesión", aseguró el representante sindical.
A su vez, el abogado Manuel Fuentes Muñiz, representante legal de varios familiares de los mineros fallecidos, calificó de "burla" la consignación de cinco empleados de IMMSA por parte de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila.
Refirió que "fue un ejercicio de la acción penal limitado", e indicó que el tema de los funcionarios federales implicados no es un caso cerrado, ya que el expediente que incluye las pruebas sobre la probable responsabilidad de funcionario públicos fue turnado a la Procuraduría General de la República.