Editorial
Aborto: entre la salud pública y la justicia social
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) está a punto de despenalizar totalmente el aborto, situación que ha desencadenado una airada reacción adversa del clero católico y de los sectores más conservadores de la sociedad mexicana, que alegan defender el derecho a la vida. Y es que en esta problemática hay cuestiones de salud pública y de justicia social que deben ser tomadas en consideración.
Por un lado, es falso que el proyecto de ley de la ALDF fomente esta práctica, la cual se da actualmente en números alarmantes, por lo que la nueva norma no hace sino regular una situación ya existente: de acuerdo con un documento de la Secretaría de Salud capitalina, los hospitales públicos realizaron unas 7 mil intervenciones de este tipo entre 2005 y 2006, con un promedio de 10 abortos al día. Si se tiene en cuenta que por cada operación quirúrgica efectuada en estas instituciones se registran cuatro abortos clandestinos, ello revela que tan sólo en la ciudad de México se realizaron 28 mil interrupciones de embarazos en esos dos años. Al respecto, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) señala que en el país, 17.8 por ciento de las mujeres en edad reproductiva se han practicado un aborto.
Estos datos ponen de manifiesto un grave problema de salud pública que cada año coloca a miles de mujeres en peligro de fallecer o de padecer serios daños físicos: la Organización Mundial de la Salud estima que por cada 100 mil abortos clandestinos se registran unas mil muertes. Ello se debe a que, por lo general, estas intervenciones se llevan a cabo en condiciones insalubres y bajo el cuidado de personal que no está calificado para efectuar estas operaciones. Así, es frecuente que la mujer fallezca o que sufra daños irreversibles a su aparato reproductor, privándola para siempre de tener hijos.
Por otro lado, el acceso universal al aborto es también una necesidad de justicia social. En México las mujeres que cuentan con recursos económicos no tienen dificultades para practicarse este tipo de operaciones, ya sea en instituciones sanitarias reconocidas por las autoridades del país o en nosocomios del extranjero. En contraste, las mujeres de los estratos socioeconómicos más desfavorecidos no tienen la capacidad financiera de pagar por ello, por lo que optan por una intervención clandestina. Se calcula que en el país unas 400 mil adolescentes, la mayoría de ellas pobres, quedan embarazadas cada año sin quererlo.
En esta discusión también hay que tener presente el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, decisión que no puede ni debe recaer en nadie más, ya sea un individuo o una institución. Al respecto, la igualdad de género y la lucha contra la discriminación por sexo exigen reconocer de una vez por todas la facultad de la mujer a tener el control total de su cuerpo y decidir cuándo quedar embarazada.
Finalmente, si bien es improbable que la clase política se ponga de acuerdo sobre este tema, hay que destacar que la despenalización total del aborto es una demanda de la sociedad, como lo demuestran los diversos sondeos sobre su aceptación, la cual oscila entre 53 y 72 por ciento de las personas encuestadas.
Se trata, pues, de un problema en donde deben imperar las consideraciones sociales y sanitarias para beneficiar a miles de mujeres en situación de vulnerabilidad en vez de criterios religiosos que dejan de lado el bienestar de las principales implicadas.