Urge el FAP a investigar en qué se aplicó el dinero
Donativos a la cultura, disfraz de evasión fiscal
Telmex, Televisa, ICA, Bimbo, Citibank, entre los beneficiados, señala el diputado Alfonso Suárez del Real
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Andrés Manuel López Obrador, ayer en una mesa de trabajo de la segunda asamblea de la CND
Foto: Carlos Ramos Mamahua
El Frente Amplio Progresista (FAP) denunció que, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), el gobierno federal disfraza con donativos la evasión fiscal de grandes empresarios. Señaló entre los beneficiados a Telmex, Televisa, Banamex, ICA, Citibank, Bimbo, Cementos Apasco, Domecq, Operadora de Centros de Espectáculos y Grupo Cuervo.
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, diputado federal, puso como ejemplo que en 2001, a unos meses de iniciada la administración foxista, el CNCA recibió 40 millones de pesos bajo este concepto, y cinco años después la cantidad ascendió a mil 200 millones, cifras sobre las cuales "no hay claridad en qué se aplicaron".
Su denuncia la vinculó con la construcción de la megabiblioteca José Vasconcelos, que según el libro blanco de informes refleja para ello un gasto de mil 200 millones de pesos, pero cuando se hace la suma de lo registrado la cantidad se eleva a 2 mil 300 millones.
Estos casos, junto con la operación realizada en Veracruz para costear la construcción del puente sumergido de Coatzacoalcos, en la cual se involucra al presidente Felipe Calderón y su secretario particular, César Nava, cuando eran director de Banobras y abogado general de Petróleos Mexicanos (Pemex), respectivamente, para beneficiar al suegro de este último, Emilio Baños Urquijo, fueron los temas centrales de la discusión en el segundo día de trabajos de la Convención Nacional Democrática (CND).
Octavio Romero Oropeza, secretario para la honestidad y la austeridad republicana en el "gobierno legítimo", durante la realización de la mesa que coordinaba (México es de todos), dio cuenta de cómo se tejió el "tráfico de influencias en que incurrieron funcionarios públicos y particulares", en este último caso, que fue definido por Jaime Cárdenas, ex consejero electoral, como un "ejemplo de redes de corrupción".
Corrupción y tráfico de influencias
Recordó que Baños Urquijo, cónyuge de Cecilia Romero -actualmente comisionada del Instituto Nacional de Migración-, inició la promoción del proyecto, pero el gobierno y municipio veracruzanos no tenían recursos para financiarlo, por lo cual se determinó cobrar a Pemex un impuesto de traslado de dominios que en 1997 ese mismo estado había declarado improcedente.
Contó que para alcanzar su propósito los ayuntamientos de Cosoleacaque y Coatzacoalcos estuvieron representados por el despacho Asociados y Abogados Internacionales, mientras Pemex-Petroquímica tuvo como representantes a Rogelio Martínez y Ernesto Ordaz, quienes resultaron ser, el primero, pariente del juez Vicente Mariche Garza -quien resolvió a favor de los municipios- y el segundo, accionista de Orbe Servicios Legales Internacionales, cuyo director, Antonio Macías Yasegey, es el mismo para las dos firmas, cuyos teléfonos y ubicación también comparten.
Destacó que el litigio provocó el embargo de las petroquímicas Morelos y Pajaritos, pero Cangrejera interpuso un recurso de queja ante el tribunal colegiado décimo de circuito de Villahermosa, Tabasco, que le resultó favorable.
Ante el riesgo de que la operación se viniera abajo, Romero Oropeza recordó -presentando documentos- que César Nava, como abogado general de Pemex, emitió un oficio de opinión en el que pidió negociar el costo del impuesto. Su intervención provocó que las petroquímicas "pagaran 220 millones de pesos al municipio de Coatzacoalcos, 18 millones al de Cosoleacaque y más de 46 millones para Asociados y Abogados Internacionales, sin que mediara contrato alguno".
En este contexto, resaltó que Grupo Básico de México, cuyo socio es el suegro de Nava, ganó la adjudicación del puente, además de "preparar" las bases y reglas de licitación de la misma. Mientras tanto, Calderón, como director de Banobras, otorgó al municipio de Coatzacoalcos un apoyo por 400 millones de pesos, a través del Fondo de Inversión en Infraestructura, declarándolo fondo perdido.
Desviación de fondos
Antes de la presentación de esta denuncia, el diputado Suárez del Real y Aguilera expuso el caso de la CNCA. Destacó la preocupación del FAP por investigar los acuerdos o convenios de intercambio que pudieran signarse, bajo el argumento de donativos "culturales" para evadir impuestos, triangular o desviar fondos "a beneficios ligados al gobierno federal o bien de asociaciones o sociedades civiles poco transparentes, como Vamos México", creada por Marta Sahagún, esposa del ex presidente Vicente Fox.
El legislador planteó que para despejar dudas se deben fiscalizar los recursos obtenidos por el CNCA mediante auditorias especiales, investigación de sus informes y con una nueva ley que regule el financiamiento y las donaciones a las instituciones culturales.
Resaltó entonces el tema de la megabiblioteca, que dijo tiene 13 nombres asentados en el libro blanco, lo cual les permite ocultar información sobre "este elefante blanco que sólo ha representado una presión de gasto en el subsector cultura, y la desviación de los escasos recursos de las instituciones federales al funcionamiento de una obra que irresponsablemente se dejó a media construcción".
Pugnar por la soberanía alimentaria
Desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se han perdido "2 millones de empleos agropecuarios, migran a Estados Unidos cada año cerca de 300 mil campesinos, la producción de alimentos se ha estancado y la dependencia alimentaria aumenta, al grado que la importación representa más de 100 mil millones de pesos anuales", plantearon diversas organizaciones campesinas durante el foro Soberanía alimentaria, derecho a la alimentación, realizado en la CND.
En un documento, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, El Barzón-Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos expusieron que ante la liberación total de importaciones de maíz, frijol, leche en polvo y azúcar que impondrá el TLCAN a partir del primero de enero de 2008 la prioridad debe ser insistir en la renegociación del capítulo agropecuario, a fin excluir al maíz blanco y el frijol, así como el establecimiento de un mecanismo permanente para la administración de las importaciones y exportaciones de dichos productos.
Asimismo, consideraron que es necesario instrumentar un programa emergente de impulso a la producción de maíz, frijol, leche, azúcar y otros cultivos básicos y estratégicos para el desarrollo rural y la soberanía alimentaria, así como combatir los monopolios en ese sector.
Con información de Carolina Gómez Mena