Grito de un pueblo en movimiento
Así titula el Centro Fray Julián Garcés su más reciente informe de labores. En él analiza las múltiples y calificadas respuestas, que articuladas creativamente con otras instancias y organizaciones autónomas, muchas de ellas surgidas de sus propias actividades, ha venido dando en los últimos cinco años al grito, primero silencioso, hoy cada vez más consciente y libre, de las comunidades tlaxcaltecas por el respeto a su dignidad y la protección de sus derechos.
Esta asociación civil de inspiración cristiana -que honra el nombre del primer obispo dominico misionero que en los albores del siglo XVI escribió su famosa Carta latina, que sirvió de base al papa Paulo III para redactar la bula Sublimis Deus, en la que entre otras cosas reconoce la condición humana y algunos derechos fundamentales de los indígenas y sus pueblos- surgió en efecto el año 2002, luego de un largo proceso de la diócesis católica de Tlaxcala, en el que las comunidades de diversos municipios identificaron como problemas sociales más apremiantes la contaminación ambiental de la zona del río Atoyac, la migración y la prostitución forzada. Tres temáticas han venido siendo por ello los ejes de sus actividades: los graves daños a la salud y el deterioro del medio ambiente por las aguas contaminadas del río Atoyac, la trata de niñas y mujeres para la prostitución, y la promoción y acompañamiento organizativo a 15 comités de defensa y promoción de los derechos humanos.
Fue también por ello que luego de 250 talleres el año pasado en todos los municipios de Tlaxcala, con el aval de 23 mil 973 firmas, perfectamente bien registradas y catalogadas, y el respaldo de 60 organizaciones civiles nacionales e internacionales, presentó el 7 de diciembre al Congreso del estado una iniciativa popular de proyecto de reformas y adiciones al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales de Tlaxcala, para tipificar como delito grave la trata de personas y establecer agravantes a delitos conexos (bigamia, privación ilegal de la libertad, corrupción de menores, amenazas).
La iniciativa, a la que ya se le dio lectura el 12 de diciembre y se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, propone reformas estructurales, normativas y operativas a diferentes instituciones oficiales, como el Instituto Estatal de la Mujer, la Procuraduría General de Justicia y el DIF estatales, con el propósito de crear políticas públicas de atención integral a este problema: prevención, protección a víctimas, sanción y erradicación. A ello también se debe que el Centro Fray Julián Garcés haya presentado el 17 de marzo de 2006 ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, que se reunió hace un año en esta ciudad de México, una denuncia por contaminación ambiental en el río Atoyac, que mereció una clara y contundente recomendación contra las empresas contaminantes; y que frente a las instancias correspondientes de protección al medio ambiente haya presentado denuncias fundadas, junto con otras organizaciones locales con las que está articulado. Se está además fortaleciendo una comisión de registro frente al gran número de casos de cánceres y daños genotóxicos, en los que es patente la presunción que son producto de la contaminación.
En su informe, el centro afirma que desde sus inicios ha registrado 268 casos de violaciones a los derechos civiles y políticos, y 63 casos de violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Dice también que en esta materia, 46 casos de posibles daños a la salud son individuales y 17 colectivos, de comunidades de los estados de Tlaxcala y Puebla. De éstos, 29 siguen vigentes, están en etapa de documentación, y uno de ellos ya se lleva en la defensa jurídica penal y administrativa. Informa igualmente que en el último año su programa de defensa registró 69 casos: 65 por violaciones a derechos civiles y políticos, y cuatro por violaciones a los DESCA.
Las principales violaciones consisten en variados delitos de violencia contra la mujer, algunos de ellos en el contexto de trata de personas para la explotación sexual. Se dan también casos que demandan preservar el derecho al agua, por la contaminación del río Atoyac y la laguna de Acuitlapilco, así como por lavanderías que no reúnen los requisitos legales para su operación, ante las autoridades competentes. Hay también violaciones a los derechos a la información y a la verdad por parte de varios ayuntamientos, y en irregularidades en la integración previa, que jamás debe ser intercambiada por una simple constancia de hechos, comparten responsabilidades tanto la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala, como la de Puebla.
La denegación de justicia también se hace visible en la desaparición y secuestro de personas, pero sobre todo en la impunidad que se genera por la falta de responsables. Entre las garantías que se conculcan destacan el derecho a una vida libre de violencia, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la información, al agua y a la seguridad social.