Denuncian que en nombre de la seguridad se encuentran bajo vigilancia extrema

Funcionarios de los tres niveles de gobierno temen cacería de brujas

Organos de inteligencia militar y gubernamental realizan "espionaje" entre burócratas

ALFREDO MENDEZ

Ante el embate del crimen organizado y las amenazas del narcotráfico al presidente Felipe Calderón, el gabinete de seguridad del gobierno nacional intensificó notablemente la vigilancia de servidores públicos, no sólo de primer nivel sino también de mandos medios en todas las dependencias federales, con el propósito de evitar ejecuciones de funcionarios y/o que grupos delictivos se infiltren en oficinas gubernamentales.

En tanto, los órganos de inteligencia militar y gubernamentales del país realizan labores de "espionaje" a funcionarios estatales y municipales, con el propósito de identificar si existen gobiernos locales con algún vínculo con la delincuencia organizada.

Cualquier reporte que se llegue a obtener sobre reuniones o comunicaciones telefónicas "comprometedoras" entre algún gobernador, alcalde o funcionario público de esos niveles con presuntos delincuentes, deberá ser reportado de inmediato a la Presidencia de la República y a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Dichos informes serán considerados de "alta confidencialidad y de seguridad nacional".

Funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes pidieron el anonimato, revelaron lo anterior a La Jornada y agregaron que en diversas ocasiones han detectado que sus teléfonos celulares y de oficina han sido intervenidos sin que exista una orden judicial.

Además, refirieron que los agentes militares o policiacos (del Estado Mayor Presidencial, la Agencia Federal de Investigación o de la Policía Federal Preventiva) que fungen como custodios rinden todos los días "informes pormenorizados" sobre las actividades que realizan los servidores públicos.

El número de ocasiones que los funcionarios entran y salen de sus oficinas, los domicilios públicos o particulares que visitan, las personas con las que se reúnen ellos o sus familiares en lugares públicos o privados, todo es informado con detalle, cada día, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y cuando es necesario a la Presidencia de la República, aseguraron los servidores públicos consultados.

"Esto es muy incómodo, nos vigilan al extremo; entiendo que es por nuestra seguridad pero parece que más que cuidarnos quieren detectar a funcionarios vinculados al narco", indicó uno de los entrevistados.

Según las fuentes consultadas, algunos funcionarios con niveles de directores generales, de diversas dependencias, consideran que con estas medidas de seguridad cualquier servidor público que resulte incómodo para el presidente Felipe Calderón corre el riesgo de ser considerado como "soplón de narcotraficantes".

En 2005, durante el sexenio foxista, salió a la luz pública el caso de Nahum Acosta Lugo, ex director de la Coordinación de Giras del presidente Vicente Fox, a quien se detuvo y encarceló una semana en el penal federal de La Palma, ubicado en el estado de México, porque supuestamente otorgaba información gubernamental a narcotraficantes.

La SIEDO, a cargo entonces de José Luis Vasconcelos, argumentó en su momento que existían diversas documentales y objetos de uso personal, entre ellos un teléfono celular, una agenda telefónica y un listado de las personas con las que Acosta Lugo tuvo comunicación "constante'' desde 2004 hasta la fecha de su detención, que demostraban que el ex funcionario estaba vinculado con Arturo Beltrán Leyva, miembro de la organización de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.

Sin embargo, el caso lo perdió la PGR, ya que el penalista José Patiño Hurtado, abogado del imputado, logró demostrar ante tribunales federales que las acusaciones contra su defendido carecían de fundamento, razón por la que el ex director de la Coordinación de Giras Presidenciales fue excarcelado.

El pasado jueves, el presidente Felipe Calderón reveló durante una entrevista con la agencia de noticias Reuters, que él y su familia han recibido amenazas, tras la puesta en marcha de los operativos conjuntos contra la delincuencia organizada que se llevan a cabo en entidades como Sinaloa, Guerrero, Durango, Chihuahua y Michoacán, zonas con alta presencia de grupos de narcotraficantes.

Horas después de esa revelación presidencial se apreciaron algunas medidas de seguridad adicionales en su entorno.

En la gira que realizó al estado de Puebla durante el fin de semana, en la vanguardia del convoy había dos patrullas de la Policía Federal Preventiva, en vez de una.

Además, el convoy presidencial fue acompañado por dos ambulancias, cuando generalmente lo hace sólo una. También se incrementó el número de elementos del Estado Mayor Presidencial encargados de custodiar a Calderón.