Temen que el caso se utilice como venganza de los magistrados contra el Senado
Esperan que la Corte ratifique facultad presidencial para designar funcionarios
El fallo reconocerá que los legisladores tienen el derecho de objetar los nombramientos de los titulares de varias dependencias, pero no para impedir las decisiones del mandatario
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en los próximos días cuatro acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional en las que ratificará, trascendió, las facultades que tiene el Presidente de la República para designar a los titulares de órganos desconcentrados de la administración pública federal.
Sin embargo, aun cuando se prevé que los ministros reconozcan que el Senado puede, en su momento, "objetar" los nombramientos por la colaboración que debe existir entre los poderes de la Unión, ello no significa que los legisladores tengan facultad de impedir las designaciones a que tiene derecho el Presidente de la República, comentaron los informantes, los cuales añadieron que el criterio mayoritario de los ministros en favor de dar la razón al Ejecutivo podría cambiar cuando inicie la discusión formal de los asuntos.
Ante la versión que hay entre senadores en el sentido de que la Corte "cobrará venganza" por la reciente decisión del Congreso de reducir casi en la mitad el sueldo de los ministros de la Corte y que por ello, le darán la razón al Ejecutivo. Ministros consultados rechazaron tajantes la versión y comentaron que los proyectos fueron elaborados desde noviembre pasado y que si no se han resuelto es porque hay asuntos que fueron listados con anterioridad. Asimismo sostuvieron que en ese, como en todos los casos, dictaminarán con estricto apego a derecho.
De acuerdo con fuentes judiciales, el máximo tribunal definirá las facultades de los senadores para objetar los nombramientos que haga el Ejecutivo federal respecto de los titulares de la agencia de Notimex; los integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica; del titular de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente y de los funcionarios que conformarán la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
De acuerdo con funcionarios judiciales consultados, estos cuatro asuntos se revisarán en bloque, en razón de que en términos generales plantean la invasión de facultades por parte del Senado de la República (en tres de los casos) y del Presidente (en cuanto al nombramiento de los integrantes de la Cofetel).
Es por ello que al definir un criterio sobre el tema, el pleno pasará al análisis de cada uno de los asuntos.
El primer caso es la acción de inconstitucionalidad 26/2006, promovida por el Ejecutivo federal (por medio del procurador general de la República) en contra del Congreso de la Unión por la aprobación del artículo 16 de la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex).
Lo anterior, porque el citado artículo prevé que el Senado, o en su caso la Comisión Permanente, pueden objetar el nombramiento que realice el titular del Ejecutivo federal.
Al respecto, tanto en este como en los otros casos que impugna el Ejecutivo, se considera que la Constitución establece que el Presidente de la República puede nombrar y remover libremente a los miembros de su gabinete y de los órganos desconcentrados sin cortapisa alguna; los senadores opinan lo contrario y señalan que sí tienen atribuciones para ello.
El siguiente asunto es otra acción de inconstitucionalidad (33/2006), también promovida por el procurador general de la República, que impugna diversos artículos de la Ley Federal de Competencia Económica, entre éstos, el que faculta a los legisladores a objetar las designaciones que haga el presidente de los integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica.
La siguiente acción de inconstitucionalidad (38/2006), también presentada por el Ejecutivo federal, tiene que ver con las impugnaciones que pueden hacer los senadores (según la Ley Orgánica de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente) a la designación presidencial.
Y, finalmente, la acción 26/2006 que fue interpuesta por el Senado en contra la Ley Federal de Telecomunicaciones -aprobada por los propios legisladores el año pasado-, en contra de la forma en que se designan los integrantes de la Cofetel.