Reformas y desorden
El gobierno federal está muy complacido con las reformas legales que promovió a la ley del ISSSTE, que debe resolver la penosa situación financiera en la que lo dejaron sumido muchos años de malas administraciones y abusos políticos, y que afecta al sistema de pensiones. Patrióticos han sido llamados los diputados que votaron a favor de dicha reforma, con lo que se abusa del concepto mismo de patria.
Hay dos aspectos, entre otros, que destacan en esta reforma. Uno es de carácter técnico y envuelve el funcionamiento del instituto, su viabilidad financiera y operativa, y la garantía de las pensiones de los trabajadores. Otro es de naturaleza política. En cuanto al primero no debe perderse de vista el gran costo fiscal que involucra, ni que los recursos que va a aportar el gobierno salen de la sociedad que estará subsidiando el saneamiento propuesto.
En el terreno político la reforma quedó entrampada en las más cuestionables prácticas del quehacer político del país, mismas que hasta ahora han sobrevivido casi intactas a la sustitución de partidos en el gobierno. La nueva ley del ISSSTE está asentada en el más rancio corporativismo sindical, surge con una marca de nacimiento imborrable de compromisos cupulares que siguen siendo moneda común de cambio en las transacciones del poder en esta sociedad.
Por su paso en el Congreso se advirtió otra de las mañas enquistadas en la forma de gobernar: la disciplina partidaria de los legisladores. Por supuesto que una fracción parlamentaria debe actuar con cierta coherencia, pero la disciplina no se puede enarbolar como argumento para aprobar una ley de la relevancia de la que aquí se comenta que, además de afectar a la entidad que agrupa a los trabajadores del Estado, sentará precedentes dentro de las reformas que buscará impulsar el gobierno.
Habría que plantearse seriamente si los ciudadanos requieren disciplina para aprobar las leyes, o bien, de diputados y senadores que muestren que trabajan, que entienden lo que hacen, que reflexionan y que finalmente representan a quienes los pusieron en sus curules. Las cámaras parecen, en cambio, áreas de maniobra de líderes que no llegan a sus puestos ni siquiera por elección directa en las votaciones y que operan con reglas que exhiben una gran manipulación política. Esta democracia es aún sumamente endeble y la reforma del ISSSTE muestra esa debilidad por todos sus flancos.
Esta reforma vuelve a poner en claro que la situación financiera de la economía mexicana está en el centro de su inoperancia y eso más allá de las condiciones que definen la estabilidad que está sostenida por una serie de cuentas contingentes, que abarca desde pensiones y seguridad social hasta Pemex.
Así, en otra dimensión, un tema financiero que surge de nuevo es el del endeudamiento de las familias por los créditos al consumo. Luego de la crisis financiera de 1995 y tras privatizar los bancos, aplicar programas de apoyo a los deudores y transferir abundantes fondos públicos mediante el Fobaproa y el IPAB, se reinició la actividad de préstamo de los bancos.
Desde 2005, sobre todo, se advierte un aumento del total de los créditos otorgados por la banca a los sectores productivos y resalta el caso de la vivienda y los créditos hipotecarios. Pero es en el crédito al consumo donde hay un crecimiento más acelerado; en total ese rubro pasó de un valor de 823.6 mil millones de pesos en 2003 a 3,927.2 mil millones en 2006, es decir, 4.7 veces más. Las tarjetas de crédito representan en promedio 58 por ciento del total.
La variación anual de la totalidad del financiamiento al consumo es de 50 por ciento desde 2003, mientras en tarjetas de crédito ha aumentado 42, 57 y 61 por ciento anualmente en ese periodo. Conforme a los datos del Banco de México, la cartera vigente de créditos al consumo pasó de 38.7 mil millones de pesos en 2000 a 113.8 mil millones en 2003 y 367.8 mil millones en 2006, lo que representó una tercera parte de la cartera vigente total del sector privado.
En 2005 la cartera vencida de los créditos al consumo creció 58 por ciento y el año pasado aumentó 85 por ciento; en tarjetas de crédito las variaciones anuales fueron 73 y 148 por ciento, respectivamente. Esta situación tiene que ver con el fuerte crecimiento de la concesión de tarjetas de crédito por parte de los bancos con cada vez mayores niveles de riesgo. En 2002 el total de tarjetas en circulación era de 6. 3 millones y al cierre de enero de este año el número llegó a 20.2 millones, cifra que fue 37 por ciento mayor a la del mismo mes de 2006.
Reconocen banqueros y autoridades que este nivel de endeudamiento es muy alto. Unos se preocupan sólo por la rentabilidad y, las otras, no atinan a regular un sector clave de la economía al que se ha transferido de modo indiscriminado la posibilidad de generar rentas a expensas de los ahorradores y ahí hay un punto de toque con la reforma del ISSSTE. Esta es otra muestra del desbarajuste institucional prevaleciente en el sector de las finanzas, sean públicas o privadas.