En una iniciativa por separado se pretenderá, en esos casos, eliminar el fuero
Aprueban en comisiones la ley anti Diego; prohíbe litigar a legisladores
En comisiones se aprobó ayer la ley anti Diego, una reforma constitucional que reglamenta el conflicto de interés y lleva a la Carta Magna la prohibición de que los legisladores litiguen en contra del Estado. El priísta Pedro Joaquín Coldwell precisó que no se contempló la eliminación del fuero, en virtud de que será motivo de otra iniciativa.
Inclusive se eliminó la posibilidad de recusar, es decir, que un grupo de senadores pudiera pedir que algún legislador fuera retirado de alguna discusión en comisiones o votación en el pleno, por considerar que incurría en conflicto de interés.
Ni priístas ni perredistas aceptaron la recusación, por considerar que puede prestarse para maniobras legislativas o vetos de senadores a los que se pretenda excluir de temas de interés para alguna bancada.
Con esta ley, subrayó el también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Pedro Joaquín Coldwell, hay una primera prohibición a los legisladores, en el sentido de que no podrán tener además del cargo de elección popular otro empleo o comisión en ningún ente público, ya sea centralizado, descentralizado o autónomo.
Asimismo, abundó en entrevista, se estableció en la ley referida la prohibición para que los legisladores incurran en disyuntivas. "No podrán conocer de asuntos en los que implique un conflicto de interés, tanto de ellos, de dependientes económicos, de familiares o de personas con las que tengan negocios de manera directa".
Y un punto central que contiene dicha ley es que se estableció en el texto constitucional la prohibición de que los legisladores puedan litigar en contra del interés patrimonial del Estado, salvo cuando se trate del ejercicio de derechos propios o bien algunas excepciones que fija la ley. Entre ellas, puede ser cuando se pertenece a un sindicato o a un gremio, o bien cuando se tenga que hacer en representación jurídica de algún partido político.
Precisó que el tema de fuero se analizará posteriormente, toda vez que se trata de asuntos diferentes y lo que se hizo ayer fue legislar en torno a un régimen de incompatibilidades. "Son dos cosas totalmente distintas y no era conveniente mezclarlas".
El perredista Tomás Torres agregó que mientras concluye todo el proceso constitucional, para el que se han dado un plazo de 90 días, hicieron el compromiso político de reformar el Código Penal Federal, con el propósito de incluir la figura de tráfico de influencias.
Mientras, el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete, señaló que la reforma resultó matizada, "ya que fue bombardeada desde dentro de la bancada de Acción Nacional. Varios senadores panistas que suelen caminar con 'doble cachucha' frenaron la propia iniciativa de su grupo parlamentario y terminaron diluyéndola a la mínima expresión".