"Amenazados", más de la mitad de procuradores del país
Regresar la seguridad pública a los ciudadanos, pide la PGR
Es momento de la firmeza, dicen en conferencia de SLP
San Luis Potosí SLP, 29 de marzo. Mientras el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, llamó a sus homólogos del país a "regresar a los ciudadanos la seguridad pública", durante la 28 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, trascendió que más de la mitad de los encargados de combatir el crimen han sido amenazados de muerte por grupos de la delincuencia organizada.
Durante la inauguración del acto, el procurador de San Luis Potosí, Guillermo Salazar Trejo, afirmó que "se equivocan quienes piensan que ante las amenazas veladas, abiertas o aberrantes de los criminales, el Estado mexicano habrá de replegarse y resignarse a contemplar inconmovible el desahucio de sus ciudadanos", por lo que dijo a sus homólogos que "hoy en México se palpa el clamor de una sociedad que exige tranquilidad y paz".
Agregó que "es momento de la firmeza, de la tenacidad, de la acción y el arrojo, por lo que ante la inseguridad pública y la delincuencia, ni claudicación ni tregua".
En ese contexto, fuentes gubernamentales revelaron que en las últimas semanas el gobierno federal ha elaborado un diagnóstico de las amenazas de muerte que han recibido altos funcionarios estatales involucrados en la lucha contra la delincuencia, y que al menos 18 de los 32 procuradores han sido objeto de intimidaciones. Entre ellos, los de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Baja California y Quintana Roo.
El procurador de Baja California, Antonio Martínez Luna, dijo que desde el inicio de su gestión ha recibido amenazas, "pero es algo con lo que se ha trabajado, pues es parte de las consecuencias que trae aparejadas el aceptar este tipo de encargos".
En el discurso inaugural, el titular de la PGR señaló que durante esta reunión se habrán de definir los protocolos de colaboración para "fortalecer el combate al crimen organizado con el esquema de responsabilidad compartida, y con ello contribuir a disminuir los delitos del orden común relacionados directa o indirectamente con este fenómeno".
En ese sentido, Víctor Corzo Cabañas, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, reveló que el acuerdo alcanzado por todos los procuradores es que cuando exista una transgresión que supuestamente sea de delincuencia organizada, se instalarán mesas de trabajo entre autoridades federales y locales para definir la competencia. Explicó que no todos los actos ilícitos corresponden a la delincuencia organizada, sino que se trata de delitos agravados, que si bien "causan un deterioro en la sociedad", no son lo mismo.
Por ello, indicó que cuando se trate de un homicidio -como el asesinato de Mireya López Portillo y su esposo, Jordy Peralta Samper, ocurrido el pasado 12 de marzo en el Distrito Federal, y que supuestamente fue obra del crimen organizado-, todas las autoridades deberían atender en forma conjunta las diligencias, "cada una en su esfera de competencia, pero bajo el mismo paraguas de actuación".
Entre los puntos de acuerdo a que se ha llegado, pero que serán dados a conocer este viernes, luego de que el presidente Felipe Calderón clausure esta conferencia, destaca el hecho de que las procuradurías estarán obligadas a utilizar y actualizar la llamada Plataforma México, una base de datos en la que se aglutinará toda la información de grupos delincuenciales, mandamientos judiciales y ministeriales.