Editorial
Los faltantes del foxismo
Durante los seis años de su mandato, Vicente Fox Quesada repitió de manera incansable frases sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la probidad, por más que desde el primer año de su gobierno se filtraron datos que hicieron dudar a muchos de la pregonada honestidad administrativa, como las toallas de 4 mil pesos en Los Pinos y los colchones de miles de dólares en la representación mexicana ante la OCDE. A mediados del sexenio el Ejecutivo federal era ya un proveedor regular de carne para el escándalo y la indignación: entre otras cosas, empresas vinculadas a los hijos de Marta Sahagún obtenían conjuntos habitacionales a precio de risa de los activos del Fobaproa; Pemex pagaba cirugías estéticas a la esposa de su director general; el dinero desaparecía en forma sostenida en el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales de la Secretaría de Gobernación y en la Lotería Nacional; la Presidencia programaba ofensivas partidas para sufragar el guardarropa de la cónyuge de Fox; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgaba licencias a proyectos causantes de devastación ambiental, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público permitía una operación de compraventa de uno de los mayores bancos del país sin que los involucrados pagaran un centavo de impuestos. Por lo demás, nadie tiene, hasta ahora, una idea clara del destino de los miles de millones de dólares que ingresaron a las arcas públicas en años recientes por los sobreprecios del petróleo. El gobierno foxista dejó tras de sí, a la postre, la imagen de un régimen derrochador, frívolo y patrimonialista e inescrupuloso en el manejo de los recursos nacionales.
Ayer, la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de Arturo González de Aragón, entregó a la Cámara de Diputados el análisis de la cuenta pública del año antepasado, en el cual resaltan inconsistencias en el gasto gubernamental por más de 26 mil millones de pesos. El titular de la instancia fiscalizadora destacó que el total de esa suma no necesariamente corresponde a daños patrimoniales al erario o a procesos que den lugar al establecimiento de responsabilidades administrativas. En otros términos, no se sabe, hasta ahora, qué porción de ese dinero corresponde a meros errores administrativos o documentales, y cuánto fue desviado o, para decirlo sin eufemismos, robado. Las entidades en las que se reportan las irregularidades deberán entregar, en un lapso de 45 días hábiles, las aclaraciones y los documentos que permitan el deslinde.
Sin embargo, puede afirmarse desde ahora que un faltante de ese tamaño prueba el desorden y la irregularidad administrativa que imperaron en buena parte de las oficinas públicas durante el foxismo, por más que el informe mencionado se limite a 2005, y de aquí a dos meses la opinión pública podrá hacerse una idea del monto del perjuicio causado en ese año a las arcas nacionales por los funcionarios del pasado gobierno.
Por otra parte, la reacción de la administración actual ante la información resultante permitirá establecer si existe voluntad en el calderonismo para combatir la inveterada corrupción que afecta al sector público del país y que hasta ahora ha logrado transitar intacta por las sucesiones presidenciales y por la alternancia de hace seis años. El esclarecimiento inequívoco y la procuración de justicia ante las masivas irregularidades del gobierno de Vicente Fox permitiría a su sucesor en el cargo ampliar los márgenes, hasta ahora angustiosamente estrechos, de la legitimidad con la que arrancó. En caso contrario, si las irregularidades documentadas por la ASF no tienen más consecuencia que la impunidad, el ocultamiento y la complicidad, el actual gobierno generará un desengaño temprano incluso en los sectores de la sociedad que lo respaldan.