Clausura el presidente Felipe Calderón conferencia de procuración de justicia
Fiscales, policías y militares diseñarán estrategia contra el crimen organizado
Anuncia la PGR que desaparecerán las delegaciones; crearán oficinas regionales
San Luis Potosí, SLP., 30 de marzo. La Procuraduría General de la República (PGR) anunció, en el contexto de la 18 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que "rediseñará su despliegue territorial"; es decir, desaparecerán las delegaciones estatales y, en su lugar, se crearán fiscalías regionales para tener mayor eficacia en el cumplimiento de sus atribuciones, y acordó con los procuradores de las entidades reactivar los grupos de coordinación estatal, en los cuales participarán instancias policiacas y ministeriales tanto federales como locales, así como instituciones militares en el diseño de estrategias de combate al crimen organizado.
Lo anterior ocurrió en un contexto en el cual los procuradores del país se declararon "en guerra" contra los grupos criminales, y por medio del titular de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, Antonio Martínez Luna, señalaron que no debe ser solamente "una guerra de enfrentamientos armados o de operativos con inteligencia y tecnología", y que no basta "con encarcelar a todos los delincuentes y mantener las cárceles llenas".
Martínez Luna señaló durante la ceremonia de clausura de la conferencia y ante el presidente Felipe Calderón, que el combate a la criminalidad "debe seguir así", pero que a la par se debe iniciar "una guerra para rescatar valores y principios, una guerra para que tengamos un presente sin violencia y un futuro con desarrollo, armonía y tranquilidad".
El procurador bajacaliforniano dijo en su discurso: "Mexicanos al grito de guerra, sí señor Presidente, estamos en guerra, y los integrantes de la conferencia, procuradores, estamos al pie del cañón y a su lado.
"Es tiempo de que todos prediquemos con el ejemplo y coincidimos con usted, señor Presidente, en ser firmes y ejemplares en las consecuencias para aquellos que atentan en contra de los nuestros. Ni tregua ni claudicar."
En ese contexto se dieron a conocer los acuerdos de este encuentro, entre los que destaca el que los procuradores se comprometieron a trabajar en la elaboración de un protocolo de colaboración en materia de delincuencia organizada, a fin de que todas las instancias de gobierno trabajen de manera conjunta e intercambien información que permita disminuir los índices de violencia.
Asimismo, los titulares de las procuradurías respaldaron el proyecto de la PGR, "para establecer una red privada y encriptada de voz y datos" que les permita mayor interacción y mantener una "comunicación directa y expedita", incluyendo al procurador de justicia militar.
Coincidieron "en la necesidad de establecer grupos de coordinación en cada estado, donde participen representantes de alto nivel de las instituciones federales de seguridad y procuración de justicia, y funcionarios locales, con el propósito de diseñar estrategias y agendas de trabajo para combatir los fenómenos de delincuencia organizada en cada entidad federativa".
En ese sentido, fuentes gubernamentales que participaron en el encuentro revelaron que este acuerdo permitirá reactivar los grupos de coordinación interinstitucional que se crearon en diciembre de 1994, tras la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, y que posibilitaron al gobierno federal y a las autoridades de ese estado, inicialmente, detectar de manera plena las estructuras de los grupos armados que operaban en el país, y diseñar estrategias de contención.
Los funcionarios consultados revelaron que la pretensión del gobierno federal es que cada autoridad, federal o estatal, designe en cada entidad a servidores públicos de plena confianza para que con plena autonomía y honorabilidad se puedan trazar estrategias y acciones para desmantelar a las organizaciones criminales que operan en cada estado.
Según la información recabada, la intención de estos grupos es que las autoridades tanto militares como civiles intercambien toda la información de que disponen sobre los grupos criminales, para que se integren investigaciones sólidas.
Así, en caso de que exista una operación a realizar y se dificulte obtener de un juez federal una orden de cateo o detención, entonces las autoridades locales pedirán la autorización a un juzgado del fuero común, a fin de se agilice el operativo, y una vez en marcha todas las instituciones involucradas participarán de manera conjunta en el marco de sus atribuciones.
Es así como "la conferencia tomó conocimiento de las medidas que está formulando la PGR para rediseñar su despliegue territorial en el país, modificando el funcionamiento de sus delegaciones estatales para lograr mayor eficacia en el cumplimiento de sus atribuciones".
Esto significa, según explicaron los funcionarios consultados, que la PGR desaparecerá sus delegaciones estatales y mediante modificaciones al reglamento de su ley orgánica, próximas a darse a conocer, podrá crear, en su lugar, las llamadas fiscalías regionales.
Como ejemplo se puso el caso de la delegación de la PGR en San Luis Río Colorado, Sonora, la cual está localizada a una hora de distancia de Mexicali, pero a ocho de Hermosillo, la capital.
Es decir, cada nueva fiscalía regional atenderá investigaciones que atañan a dos o más entidades, pero además se pretende que la nueva estructura de la PGR ya no espere a que un detenido sea puesto a su disposición para iniciar una indagatoria; con la creación de grupos interinstitucionales, la información recabada servirá para comenzar indagatorias automaticamente.
Con estos cambios se busca reducir los tiempos de desplazamiento y compartir responsabilidades en el desmantelamiento de los grupos criminales.
Durante la clausura de la conferencia, el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, dijo que la "circunstancia que vive el país en materia de seguridad y justicia es en extremo delicada. Constituye un gran desafío, pero también una gran oportunidad".