Acusa senador de la oposición que se rompió un acuerdo para "corregirlos"

Aprueba el Senado boliviano 41 de 44 leyes sobre contratos petroleros

El ex presidente de YPFB Manuel Morales incurrió en "ejercicio indebido de funciones", dice

ROSA ROJAS CORRESPONSAL

La Paz, 30 de marzo. El Senado aprobó esta madrugada 41 de 44 leyes correspondientes a otros tantos contratos petroleros firmados por el gobierno boliviano con 10 trasnacionales del ramo. Las tres leyes, de igual número de contratos, que quedaron pendientes de aprobación serán discutidas en la sesión del pleno senatorial del próximo martes.

El senador Oscar Ortiz, del derechista partido opositor Poder Democrático Social, aseveró que la idea "a último momento" del senador Santos Ramírez, jefe de la bancada del gobernante Movimiento al Socialismo, rompió un acuerdo al que se había llegado para hacer algunas correcciones "de redacción" y en la referencia a otras leyes en los contratos que quedaron pendientes, por lo que "inviabilizó" que se votaran de una vez.

El Senado -controlado por Podemos- remitió al Ministerio Público, para su investigación, presuntas irregularidades que habrían cometido miembros del equipo negociador del gobierno, como el ahora ex titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Manuel Morales Olivera -personaje muy cercano al presidente Evo Morales, quien lo destituyó hace una semana- y al ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas.

De acuerdo con el informe de la Comisión de Constitución del Senado sobre el proyecto de ley 567/07-08 de modificaciones a las leyes de aprobación de los 44 contratos mencionados, Morales Olivera al encabezar la negociación de dichos contratos (a finales de octubre pasado), era sólo asesor principal de la presidencia de (YPFB) y tanto él como el equipo negociador que lo acompañó "no tenían ninguna legitimación derivada de la ley y sus reglamentos" para ello, por lo que incurrieron en "un ejercicio indebido de funciones y usurpación claramente castigadas" por la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo.

El informe establece que existe una serie de "faltas administrativas" cuya responsabilidad requiere de un "pronunciamiento" de la Contraloría General de la República, entre otras que el directorio de YPFB "jamás aprobó los 44 contratos de operación que la empresa estatal firmó con las petroleras y que solamente avaló el modelo de ese documento y algunos de los anexos". "Ante la aprobación del contrato modelo, éste debía ser aplicado a todos los contratos suscritos con las empresas petroleras" y cualquier modificación o adición posterior "debieron necesariamente haberse puesto en conocimiento y consideración del directorio para su aprobación", lo que no ocurrió.

El documento detalla una serie de problemas que se registraron en el envío de los contratos al Congreso, relatados por el departamento legal de YPFB, la destrucción de documentos de las diversas versiones de los anexos negociadas con Petrobras, Andina y Total y la reposición de los mismos, y encuentra "elementos emergentes de responsabilidad para sus autores, algo que la Contraloría y Fiscalía deberán adecuadamente establecerlos".

Asimismo cuestiona el asesoramiento al equipo negociador de YPFB durante las negociaciones de los contratos citados, del bufete jurídico Curtis Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, firma estadunidense con sede en Nueva Cork, cuyos servicios fueron financiados por la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El informe señala que los contratos petroleros entregados por dicha firma de abogados, "no reflejan ni se asimilan en nada a los tres tipos establecidos por la actual Ley de Hidrocarburos 3058... y peor aún se presume que ni siquiera los términos del mismo fueron negociados por el gobierno boliviano" pues habría llevado dichas negociaciones con las petroleras "en forma directa y personal" el abogado George Kahale, directivo de la firma, "hecho paradójico ya que el actual gobierno critica al gobierno norteamericano (sic) y hoy por hoy en un asunto vital para los bolivianos se asesora por un estudio jurídico de ese país".

En otro orden, la Superintendencia de Transporte determinó que a partir de hoy el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) suspenda la venta de pasajes del servicio nacional e internacional y sólo podrá realizar vuelos charter en los que deberá atender, prioritariamente, a los pasajeros que ya cuentan con pasajes. Esto hasta en tanto el LAB demuestre operativa, técnica y económicamente que puede trabajar en forma adecuada.

Lo anterior debido a la estafa de que fueron víctimas cerca de mil 500 personas que adquirieron pasajes para viajar a Madrid por esa aerolínea, sin que el LAB tuviera las condiciones para cumplir. Unos 490 pasajeros esperaban los vuelos, hasta que anoche fueron cancelados definitivamente.