El ex funcionario capitalino presentó una mina de arena como garantía
Niegan libertad bajo fianza a Barbosa Rodríguez, acusado de dos peculados
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Porfirio Barbosa enfrenta cargos por desvío de más de 129 millones de pesos
Foto: Notimex
Un juez federal de la ciudad de México negó a Porfirio Barbosa Rodríguez, ex coordinador de la Comisión de Transporte del gobierno de Michoacán y preso en el Reclusorio Norte desde octubre pasado, la posibilidad de recuperar su libertad de manera provisional, ya que el procesado presentó como garantía una mina de arena con valor catastral muy inferior a los 129 millones 661 mil 207 pesos que debe depositar de manera obligatoria para gozar de ese beneficio de ley, informaron fuentes judiciales.
Los informantes precisaron que el yacimiento, según manifestó a la autoridad judicial un perito contratado por los penalistas Agustín Acosta y Víctor Carrancá, defensores de Barbosa, estaría valuado al menos en 160 millones de pesos.
Sin embargo, un informe de catastro solicitado por el juez federal Arturo César Morales, titular del juzgado tercero de distrito, valoró la mina en menos de 60 millones de pesos, por lo que el impartidor de justicia optó por no dar validez como garantía al yacimiento.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la mina de arena está ubicada en Michoacán, y supuestamente pertenece a un familiar indirecto de Barbosa, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) imputa dos presuntos peculados que en total superan los 129 millones de pesos.
El procesado, quien fungió como oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal (GDF) durante las gestiones de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, está a la espera de que el primer tribunal unitario del Distrito Federal revise su caso en apelación.
Las acusaciones penales de la PGR implican dos peculados.
La primera distracción de recursos es por 83 millones de pesos, y la otra por 46 millones.
La investigación que empezó la PGR en 2003 derivó de dos denuncias presentadas ese año por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detectaron irregularidades en dos convenios firmados en 1998 entre el GDF y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
El caso involucra a varios funcionarios públicos
Documentos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) refieren que el presunto fraude cometido contra el ISSSTE y el gobierno capitalino -entre 1998 y 2000- involucró a diversos funcionarios públicos de ambas instituciones.
Supuestamente, el desvío de recursos se dio a partir de la firma de convenios que signaron el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE con el GDF, por 5 mil millones de pesos, para vales de despensa que serían entregados a los trabajadores del Distrito Federal.
Esos vales se debían dar a elementos de la policía auxiliar, así como a personal de la jefatura de Gobierno y del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Sin embargo, esas prerrogativas no se entregaron a los trabajadores, sino que, de manera directa y en efectivo, representantes de la oficialía mayor del GDF cobraron el importe de las bonificaciones y no lo reportaron a la hacienda capitalina.