Según revisión a la Cuenta Pública de 2005 los dictámenes tardaron hasta 150 días
Deficiencia en exámenes periciales de la PGR, determina análisis de la ASF
Peritos con preparación sólo de secundaria, entre las fallas detectadas por la Auditoría Superior
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la Procuraduría General de la República (PGR) y sus delegaciones en los estados "no cuentan con un mecanismo de control eficiente" en el registro y control de exámenes periciales, lo que retrasa la entrega de opiniones y, por tanto, la consignación de expedientes ante un juez, y cuestionó que en algunos casos el Ministerio Público Federal utilice para sus dictámenes personal con una instrucción sólo de nivel secundaria.
Como parte del informe de la revisión de la Cuenta Pública 2005, el órgano superior de fiscalización analizó las áreas periciales de la PGR para determinar su eficacia; concluyó que en algunos casos, desde el inicio de la solicitud de un examen pericial hasta la emisión de dictamen transcurren hasta 150 días naturales en promedio, lo que atrasa "la búsqueda, preservación y obtención de indicios y pruebas" que legalmente los expertos deben cumplir para ayudar en la persecución de los delitos del orden federal.
La primer área de revisión fue la plantilla de mil 6 peritos con que contaba la PGR en ese año, de los cuales 516 se encontraban en nómina como profesionales y 490 como técnicos. Para fundamentar sus conclusiones, la ASF se refirió a la definición incluida en el Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Servicio Federal, artículo 3, fracciones VIII y IX: "El perito profesional es el que para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate requiere tener cédula profesional (...)". Y el perito técnico es "el experto que para ejercer su actividad posee conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar, y no necesita cédula profesional".
En el análisis del cuadro de la plantilla nacional de peritos profesionales, la Auditoría encontró que 36 no tenían cédula profesional, 14 no habían concluido una carrera universitaria, 18 sólo contaron con estudios de bachillerato o preparatoria, tres que su último grado de estudios fue el de secundaria, y uno que si bien concluyó su licenciatura, carecía de título profesional.
Asimismo, detectó que de esos 36 peritos, de dos su especialidad era la balística, uno la criminalística, cuatro documentos cuestionados, cinco fotografía, siete identificación, dos de propiedad intelectual, dos de retrato hablado, siete de traducción, cinco de valuación y uno de tránsito terrestre, "con lo que se observó que 36 con funciones de especialidades técnicas ocuparon plazas de peritos profesionales, ante lo cual recomendó modificar su estatus para que no ocupen un rango que no les corresponde".
La ASF incluyó una respuesta que la PGR entregó el 22 de enero pasado, en la que señala que dichas especialidades "no requieren título y una cédula profesional, y que en la mayoría de los casos, los peritos cuentan con más de 10 años de experiencia profesional".
El órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados revisó el número de solicitudes de peritaje en todo el país, y las cruzó con el de peritos a escala nacional y por entidad federativa. En 2005 se recibieron 319 mil 920, por lo que en promedio, cada uno tendría una carga de 318 dictámenes en el año, ante lo que recomendó a la PGR determinar la posibilidad de ajustar la distribución de los peritos, de manera que las cargas de trabajo tengan mejor equilibrio.
También encontró que al integrar los dictámenes, estos no cuentan con presentación, metodología, fundamentos técnico y jurídico, ni científico técnico, y al realizar visitas de inspección, los auditores sumaron 7 mil 382 observaciones a igual número de dictámenes, de los cuales, los principales son de fotografía forense, con mil 854 irregularidades; valuación, con mil 755, y balística forense, con 984.
Al abundar en la revisión detallada de 428 expedientes, se encontró que éstos tenían las siguientes deficiencias: no estaban engrapados, la documentación con que se integraron no contiene un orden progresivo o cronológico, no contaban con la solicitud pericial o bien no tenían en sello de recibido, no se tenía un perito designado o el original de la solicitud no se encontraba integrado, y otros más no contaban con opinión técnica emitida.