Beneficiará a familias de trabajadores y a quienes sean aceptados como refugiados
Anuncia SG cambios migratorios; visas por 5 años y refuerzo de la frontera sur
La estrategia, por el "interés" del gobierno de EU para atajar paso de indocumentados
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Habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, siguiendo la línea fronteriza con EU, representaron la pasión de Cristo
Foto: J. Guadalupe Pérez
La Secretaría de Gobernación (SG) anunció cambios a la política migratoria de México, que incluyen oferta de visa hasta por 5 años para los extranjeros que realicen actividades profesionales en nuestro país, abrir la posibilidad de beneficiar a sus familias y de quienes sean legalmente aceptados en nuestro territorio en calidad de "refugiados".
La estrategia de impulsar enmiendas para ordenar el flujo migratorio tiene origen también en el "interés especial" del gobierno de Estados Unidos para que la administración del presidente Felipe Calderón atienda la frontera sur como asunto prioritario, señalaron fuentes de la SG.
El mes pasado acudió a Bucareli una delegación de alto nivel del área de seguridad interna del vecino país (Homeland Security), para dar seguimiento a los compromisos del diálogo bilateral entre Calderón y el presidente estadunidense, George W. Bush.
La estrategia con la que se pretende reforzar la porosa frontera sur de México serviría para atajar el paso de los indocumentados que tienen como objetivo cruzar el río Bravo, franja con flujo migratorio imparable.
Tan sólo en 2006, la Patrulla Fronteriza devolvió a 514 mil mexicanos y, a su vez, las autoridades mexicanas deportaron a sus lugares de origen a poco más de 180 mil personas, según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).
El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SG, Florencio Salazar, dijo que el Programa Frontera Sur Segura, que desarrollará esta dependencia, no debe ser una medida sólo relacionada con la seguridad nacional, sino con la generación de oportunidades para las diferentes comunidades que comparten la franja fronteriza.
Desde 2005, la SG realiza diagnósticos en torno a esta problemática, porque México no es objetivo central de miles de indocumentados, sino tránsito obligado de quienes buscan internarse en Estados Unidos.
El gobierno mexicano propone el intercambio de información con las instituciones involucradas en este fenómeno, como la única alternativa de combatir las bandas organizadas y avanzar en el combate a la corrupción en empleados y policías.
El año pasado fueron consignados por tráfico de personas 2 mil 225 presuntos delincuentes, mejor conocidos como polleros.
Del primer punto, hacia una nueva política migratoria, la SG precisó que la ampliación de visa procedería para aquellos que solicitan residencia por largo plazo, "pero temporal" por razones de inversión, contratos de trabajo, profesional o estudios y -aclara- "serían ellos (extranjeros que entran y salen del país) los que determinen la relación con sus familias.
Respecto de los refugiados detalla que son aquellos amenazados en sus vidas, perseguidos o excluidos por motivos políticos, étnicos o religiosos. La dependencia considera que deben integrar a sus familias para mantenerlas a salvo de actos o represalias una vez que obtengan el estatus de refugiados.
Actualmente, el registro de refugiados es ínfimo: de 2002 a 2006 sólo obtuvieron esta condición 254 personas.
Estadísticas del INM indican que en 2002 sólo 26 extranjeros ingresaron a México en calidad de refugiados; un año después, 37; para 2004, la cifra fue de 39; en 2005 se registró a 105, y el año pasado a 47.
Por nacionalidad, destacan los ciudadanos procedentes de Eritrea (Africa), con 56 casos; Etiopía, 32; Colombia, 34; Somalia, 20, Haití, 15, y Yugoslavia, nueve, entre otros.
De los trabajadores temporales fronterizos por ciclos agrícolas o contratos menores a un año, la SG considera -a diferencia de los casos anteriores- que estos deben mantener a sus familias en sus lugares de origen.
A pesar de que el mayor flujo de indocumentados que atraviesan la frontera sur mexicana son centroamericanos, el programa de regularización y de opciones de trabajo legal para este grupo es limitado.
El INM detalla el registro, en 2006, de apenas 40 mil trabajadores del campo de nacionalidad guatemalteca; lo anterior, contra una estadística de 187 mil 705 indocumentados (la mayoría centroamericanos) devueltos a sus lugares de origen.
La SG advirtió que en el proyecto para evitar la porosidad de la frontera sur no habrá tolerancia con los delegados del INM que aseguren indocumentados en cárceles.