Felipe Calderón oxigena al PPP
Hoy lunes y mañana martes, el presidente Felipe Calderón será anfitrión de una nueva ronda del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, que reunirá en Campeche a varios mandatarios centroamericanos y al colombiano Alvaro Uribe. El objetivo es "relanzar" y "fortalecer" al Plan Puebla-Panamá (PPP), mecanismo cuya paternidad pertenece al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad con sede en Washington que responde a los intereses del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y busca beneficiar a corporaciones privadas trasnacionales.
Lanzado con bombo y platillo en junio de 2001, el Plan incluyó a Belice, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y a la región sur-sureste de México (los estados de Puebla, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán). Desde un comienzo, los mandatarios de los países miembros adoptaron el plan como "política de Estado", con lo cual su permanencia quedó garantizada. Es decir, no obstante su ritmo semilento, que llevó de manera tramposa a un funcionario del BID a decir que era una "entelequia" o "algo irreal", y pese a los cambios de presidentes en los países del área, el avance del PPP ha sido sostenido; sobre todo, en la construcción de una infraestructura física multimodal y en la integración energética subregional.
En octubre pasado, durante su primera gira centroamericana como presidente electo, Calderón anunció su decisión de "revivir" el PPP. Dijo entonces que el desarrollo regional requiere de un "plan coherente y de largo plazo" que impulse "proyectos vitales" en materia de energía e infraestructura. En realidad, el Plan no es una entelequia y tampoco algo irreal, por lo que Calderón no necesita revivir nada. Lo que sucede es que ante la movilización y la organización ciudadanas en contra, desde finales de 2003, por recomendaciones del BID los gobiernos decidieron hacerlo invisible. Es decir, ocultaron o disfrazaron su desarrollo. A tal punto funcionó esa estrategia invisibilizadora, que muchos centros académicos y medios de comunicación lo dieron por muerto. Pero el PPP siguió avanzando de manera silenciosa.
Manifestación genuina del capitalismo depredador de nuestros días, el Plan es un engranaje más de otros proyectos neoliberales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana y la desangelada Area de Libre Comercio de las Américas. Forma parte de un proyecto de alcance geoestratégico continental de Estados Unidos, para la competencia interimperialista con Japón y las potencias industrializadas de Europa, en el que participan sectores del gran capital financiero, consorcios multinacionales y las oligarquías locales. Dado que la zona del PPP es rica en petróleo, gas natural, agua, bosques, minerales y biodiversidad, y propicia para la generación de energía eléctrica, el plan opera como un mecanismo neocolonial que persigue la extracción o saqueo de la riqueza natural y la superexplotación de abundante mano de obra barata.
Uno de los objetivos centrales de los impulsores del Plan es la construcción de corredores de tránsito interoceánico que comuniquen la parte atlántica de Estados Unidos, donde se concentra la producción industrial y cerealera de ese país, con la cuenca del Asia-Pacífico, centro de la economía mundial. Junto a la propaganda sobre el desarrollo y la generación de empleo, en los documentos oficiales del PPP aparecen cinco palabras clave: comercio, inversión, sector privado y competitividad. Todos los planes en ejecución, en particular los que tienen que ver con la creación de corredores de integración vial (carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, canales secos interoceánicos), megaproyectos hidroeléctricos, agroindustriales y del sector turístico en la reserva de la biosfera maya, y la construcción de refinerías y gasoductos, tienen fines empresariales y propician la intervención del gran capital privado.
En la porción mexicana del PPP, el propósito de Estados Unidos sigue siendo el mismo: imponer y favorecer a las corporaciones petroleras, muy ligadas a la administración de Bush; facilitar la privatización de las carreteras y las terminales aéreas y portuarias, la industria eléctrica, el agua y la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Asimismo, busca proteger a los terratenientes empeñados en el desarrollo agroindustrial y ganadero extensivo, y apoderarse sin restricciones de las enormes riquezas en biodiversidad de la selva Lacandona, en Chiapas, y los Chimalapas, en Oaxaca, que forman parte del Corredor Biológico Mesoamericano que llega hasta Panamá.
Pero además, el Plan responde a los intereses de "seguridad nacional" de Estados Unidos y forma parte de un reposicionamiento militar geoestratégico del Pentágono en América Latina, ante el descontento popular creciente producido por las políticas neoliberales. A eso responde, por ejemplo, la militarización del país y la paramilitarización de varios estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde hay presencia de grupos armados y una insurgencia social de nuevo tipo. En ese sentido, el componente represivo del PPP es de tipo contrainsurgente.
El multimillonario botín que encarna el Plan es otra razón por la que fue impuesto Calderón mediante un nuevo fraude de Estado, que contó con el apoyo de la Casa Blanca y grandes compañías trasnacionales. Según funcionarios del BID, el PPP no tuvo el impulso que se requería en su etapa anterior por "la falta de liderazgo de Vicente Fox".
Está por verse, ahora, si el espurio Calderón, con el apoyo del fascista Alvaro Uribe, otro socio cercano de Bush, tiene mayor suerte y logra vigorizar la anexión silenciosa en curso.