El fisco
El Estado es el recaudador de los impuestos y de los tributos y mantiene un acervo de recursos y de riqueza que son, finalmente, propiedad de la sociedad. Estas funciones y esos bienes que son públicos constituyen lo que se conoce como el fisco, cuya administración es un componente esencial de la manera en que se organiza una comunidad.
En la política fiscal se concentra la gestión de los recursos que inciden en la operación de la economía y de los mercados, empezando -y eso no debe olvidarse- por el mercado de trabajo. Pero no se queda ahí, pues repercute de modo directo en las condiciones del bienestar, no sólo en cuanto al nivel de vida de la gente, sino en lo que concierne a la igualdad. Estas razones deben ser suficientes para apreciar la relevancia del quehacer del gobierno en materia fiscal y la atención que amerita el debate sobre la reforma que se quiere platear por enésima vez.
Este gobierno ya tomó una decisión en materia fiscal de enorme relevancia en términos financieros y de las condiciones del bienestar: la reforma del ISSSTE. Esta medida es sumamente controvertida por motivos eminentemente técnicos que deberían exponer de manera más clara los sindicatos y los partidos de oposición; también lo es por causa del efecto adverso que tendrá sobre los ingresos y las pensiones de los trabajadores.
El manejo de las cuentas públicas tiene, por supuesto, un alto componente técnico, que sólo debe quedarse en ese ámbito: el de la técnica. Además, está la cuestión de la transferencia inevitable de recursos entre los distintos grupos de la sociedad y, por eso, es invariablemente un asunto de naturaleza política. Quien desde el gobierno y desde cualquier otro punto de vista eluda considerar explícitamente este rasgo es un inepto, o bien, se hace el tonto.
Según datos oficiales, 38 por ciento de la deuda pública corresponde a los fondos que se usan para financiar los compromisos del IPAB y del fondo carretero por la intervención del Estado desde 1995 para sanear los bancos y del fallido programa de concesión de carreteras al sector privado. Esa es una muestra clara de dichas transferencias, a las que se suma ahora el caso del ISSSTE y que se pagan con los impuestos y con la carencia generalizada de recursos sobrantes para el gasto social.
El Estado interviene siempre en el funcionamiento de la economía, precisamente por la manera en que se allega de los fondos que acumula y cómo los asigna. Así que deberíamos acabar de una vez por todas con esos falsos dilemas acerca de lo que corresponde a sus funciones y lo deben hacer los mercados.
Mientras no se arregle el lado de los ingresos del gobierno, especialmente por la vía de la recaudación de los impuestos, será inútil seguir pretendiendo que la gestión fiscal se asocia con una estabilidad financiera que sea duradera, que provoque una situación de eficiencia en la economía, que contribuya al crecimiento del producto y del empleo, y mucho menos que tenga una efecto positivo en la equidad social.
La política fiscal es un elemento de interés público. La forma en que se diseña y se aplica es la muestra más fehaciente del concepto que se tiene del ordenamiento de la sociedad, exhibe las relaciones del poder económico y político, así como los límites de acción que tiene el gobierno.
Luego de muchos años de plantear infructuosamente una reforma fiscal en serio, la capacidad de recaudar impuestos por parte del gobierno con su agencia especializada (Servicio de Administración Tributaria) es ridícula: sólo se consigue alrededor de 10 por ciento del producto interno bruto. Esto no deriva de un problema técnico en sí mismo relevante, sino de los criterios para fijar y cobrar los impuestos. Una indicación reiterada de esa situación es el dictamen reciente de la Auditoría Superior de la Federación sobre el ejercicio de 2005.
El conflicto fiscal en México está centrado en el impuesto sobre la renta, lo saben todos los funcionarios de Hacienda y los expertos, y que no se hagan los ingenuos. Pero el PAN y el PRI, y no se sabe si hasta el PRD, se harán eco de la falacia que se promueve desde que Fox planteó hace seis años gravar con el IVA las medicinas y alimentos. Esa medida no puede justificarse mientras no se arregle el tema del ISR y sea la fuente principal de la captación de los impuestos. Esa es la experiencia internacional que se aprecia en los países más desarrollados.
Persistir en las mismas propuestas de reforma fiscal significa dar vueltas sobre el mismo eje y reafirmar una política que tras una idea falaz de eficiencia económica esconde su verdadera idea de la estructura social. Ahí hay diferencias cruciales entre las visiones de derecha que predominan en el país y una visión moderna de izquierda, cuya formulación no puede postergarse más. Se trata de abrir de modo claro las vías de acceso de la inmensa mayoría de la población a los recursos, los servicios y las oportunidades; se trata de ir reduciendo de modo concreto las enormes desigualdades sociales existentes y, finalmente, promover la creación de una sociedad más decente. Ahí está el dilema de la reforma fiscal, lo demás será, otra vez, una anécdota.