Editorial

Grupos de poder y corrupción fiscal

Los recientes señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación han puesto de manifiesto la desigualdad, corrupción y discrecionalidad que impera en el sistema tributario mexicano.

La existencia de regímenes fiscales especiales para grandes y selectos grupos económicos ha distanciado enormemente cualquier principio de equidad tributaria, así como de eficiencia y eficacia fiscal, malogrando así cualquier diagnóstico sobre las verdaderas posibilidades económicas y financieras del Estado mexicano.

El reporte del auditor superior de la Federación señala que, con lo que se dejó de recaudar por estos privilegios que existen para unos cuantos, se pudo haber financiado aproximadamente 90 por ciento del pago de las pensiones en 2005, o casi 60 por ciento de la inversión pública.

En otras palabras, tal pareciera que en realidad no era necesario modificar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o tratar de resolver el problema financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante fórmulas que apuntan hacia la privatización, sino más bien, el remedio está en el hecho simple y llano de que quienes deben pagar impuestos los paguen.

Los hallazgos del auditor superior también muestran que el sistema fiscal, así como está, se ha convertido en un elemento que impide la libre competencia, puesto que, mientras que las pequeñas y medianas empresas, así como los asalariados, cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, algunas grandes empresas no lo hacen y utilizan, en colusión con algunas autoridades, subterfugios legaloides para no pagar sus impuestos.

Esta es la verdadera razón de que el Estado mexicano no cuente con recursos para hacer frente a las obligaciones que le marca la Constitución.

Los 100 mil millones de pesos que no ingresaron a las arcas nacionales representan también, cinco años del gasto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México; con esos recursos muy bien se hubiera podido abatir el desabasto de medicinas en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el ISSSTE, o dar mantenimiento a toda la infraestructura de oleoductos de Pemex.

Sin embargo, lo que ha quedado de manifiesto es que la injerencia de estos grupos de poder ha sido tal, que mantienen ya prácticamente secuestrado al Estado mexicano.

Estos grupos, que tienen intereses en sectores estratégicos de la actividad productiva, no se han conformado con ejercer un poder monopólico u oligopólico en las actividades que llevan a cabo, sino también se niegan a pagar impuestos.

Lo que resulta indudable, es que la discusión sobre la posibilidad de aplicar el IVA a los alimentos y a las medicinas ha quedado rebasada. Es obvio que el principio de la solución al problema fiscal del país debe empezar por la eliminación de estos tratos especiales, así como por erradicar la corrupción que impera en las áreas que recaudan los impuestos.

Es un hecho que los legisladores no pueden ni deben iniciar una discusión sobre la reforma fiscal si no se establece, como condición inicial, que por un lado los responsables de los pésimos resultados obtenidos en materia recaudatoria sean castigados, y por el otro, que se cuente con información veraz y objetiva de quienes pagan pagan impuestos en nuestro país y quienes los eluden.

Finalmente, Felipe Calderón se enfrenta a un gran dilema: cobrarle impuestos a aquellos grupos que lo llevaron al poder, o bien continuar perdiendo legitimidad, al ser rehén de estos grupos que se niegan a pagar impuestos y con ello contribuir al desarrollo nacional.