Indigenismo de baja intensidad
Luis H. Alvarez, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), mostró sin ambages la expresión del indigenismo de baja intensidad que hoy prevalece en nuestro país durante su intervención en el seminario sobre Participación y políticas públicas para pueblos indígenas, realizado el pasado 29 de marzo en Madrid y organizado por la Secretaría General Iberoamericana, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Fundación Colosio y la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Tanto la entrevista que el señor Alvarez concedió a Armando G. Tejeda, corresponsal de La Jornada, el pasado 2 de abril, como su discurso en la reunión referida, nos ofrecen suficientes evidencias para documentar los rasgos de una política que de meramente asistencialista pasó a las ligas mayores de la contrainsurgencia.
Luis H. Alvarez ocupó el cargo de negociador para el Diálogo y la Paz Digna en Chiapas durante todo el sexenio pasado. Como sabemos, durante el foxismo se dio al traste con la posibilidad de reanudar diálogo alguno, y no porque el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) "ya no sea interlocutor", como afirmó el funcionario, sino porque el Estado con sus tres poderes dejó de ser interlocutor para el EZLN y los pueblos indígenas al traicionar plenamente los acuerdos de San Andrés. Es sabido que los afanes del otrora "negociador" se concentraron en ofrecer programas a comunidades indígenas de Chiapas, de ahí su convicción de que seguirán aplicando esa política a escala "nacional": ¿vaciar el agua al pez?
Alvarez habló de la participación indígena en las luchas nacionales, retomando la etapa actual: "tan fue así, que el primero de enero de 1994 tuvo lugar, en el estado de Chiapas, la irrupción pública del EZLN, organización armada, mayoritariamente indígena, que entre sus demandas planteó el derecho a trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, democracia, justicia y paz". Hizo mención del primer comunicado del EZLN, omitiendo la histórica contribución de esta organización en la lucha de los pueblos indígenas por su autonomía, no sólo en Chiapas, sino en el resto del mundo; pero les concedió el crédito de "llamar la atención" del Estado respecto a los pueblos que ahora tienen una política de renovado asistencialismo y de perversión de la participación y la consulta.
No podía omitir mencionar al EZLN, gracias al cual tiene ahora credenciales "indigenistas", pero lo hizo de manera por demás insidiosa respecto a los acuerdos de San Andrés y la autonomía y libre determinación. Para ello mutiló de su discurso la contrarreforma indígena de 2001 para dejarla más parecida a la anterior del artículo cuarto de 1992: "En su Constitución Política, México se reconoce como nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, descendientes de poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización" (http://www.cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=2013).
Por otra parte, tras la insistencia de Armando Tejeda sobre la posición oficial respecto al EZLN y la política hacia los pueblos indígenas, a regañadientes el funcionario reconoció que el zapatismo debe restringirse a Chiapas, evidenciando su descalificación al mismo: "Yo no creo que sea necesario insistir sobre ese aspecto. O a ver si usted me puede decir quiénes son los integrantes del EZLN, quién los representa, pues el señor Marcos ya anda recorriendo todo el país y, sinceramente, no creo que él represente a las comunidades indígenas de todo el país". Respecto de las "demandas" -no a la autonomía, por supuesto- respondió que "en la inmensa mayoría de los casos son atendibles" y aun así se atrevió a recordar que Felipe Calderón rebasará "por la izquierda".
Como vemos tiene "lógica" que haya desaparecido la figura del comisionado para la paz, establecida en la ley vigente sobre esta materia, al fin que para "desactivar" la demanda autonómica se tiene a la CDI .
Es grave observar cómo se han trivializado no sólo los movimientos, sino la importancia de los pueblos mismos como titulares de derechos; ni siquiera el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es referente. Parece venir de otro mundo la reflexión de Víctor Abramovich, actual vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al argumentar con plena solvencia que las políticas deben ser precedidas de el derecho internacional sobre los derechos humanos como marco conceptual y recordar que "el punto de partida no debe ser la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas. El primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que son titulares de derechos que obligan al Estado" (Revista de la CEPAL, número 88, abril de 2006).
Por su parte, el EZLN camina por la senda de la defensa de los territorios y la construcción de la autonomía en los hechos, para ello tienen derecho. Desde el gobierno pueden repartir exiguos recursos, pero nunca serán suficientes para detener a los pueblos indígenas, como muestra ahí está el primero de enero de 1994.