En 1999, la Iglesia y el gobierno panista de BC le impidieron abortar, tras ser violada

La mujer es quien debe decidir sobre su cuerpo, y no terceras personas: Paulina

Asegura respetar la forma de pensar expresada por Roberto Gómez Bolaños en un mensaje televisivo

Afirma que ya no siente rencor, ''pero perdonar, no''

ANTONIO HERAS CORRESPONSAL

Mexicali, BC, 9 de abril. "Soy Paulina, mi caso se conoció en todo México. Cuando tenia 13 años fui violada y quedé embarazada. Mi vida se cortó, fui una niña madre. Qué bueno que la mamá de Chespirito pudo decidir por ella misma (y tenerlo). A mí y a mi familia también nos hubiera gustado decidir".

Es la voz de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto que testimonia sobre su experiencia que le marcó la vida cuando era adolescente, sobre su postura en torno a la despenalización del aborto y donde, a flor de piel, permanece el recuerdo de la intolerancia de un gobierno que transgredió sus leyes para impedir que interrumpiera su embarazo.

De facciones duras y una sonrisa difícil de encontrar, afirma que ni la Iglesia ni el gobierno panista de Baja California -caso que sucedió durante el gobierno de Alejandro González Alcocer- tenían que contravenir una decisión íntima, personal, que además estaba protegida por la ley, lo que le avergüenza porque "no debieron involucrarse de esa manera ni decidir por mí", advierte.

Dice respetar la forma de pensar de Roberto Gómez Bolaños, aunque asegura que la decisión de dar a luz corresponde, en todo caso, a la mujer. "Cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero la mujer es la que debe decidir, porque es su opinión y su cuerpo. Yo no decidí, decidieron terceras personas", comenta en referencia a los gobernantes, médicos y curas.

"Actualmente no le temo a nada, aunque me preocupa mi hijo y a veces pienso que puede haber represalias por la persona que está presa", señala mientras acaricia con su mirada al pequeño Isaac de Jesús, de siete años de edad, quien enfundado en un traje deportivo gris juega con un balón de fútbol en las polvorientas calles de la colonia Salinas de Gortari, en Mexicali. Ajeno a su historia, patea el balón con la pierna derecha y sonríe en su cancha, que no es otra más que el patio de la casa de sus abuelos.

Con 21 años de edad y sin temores, Paulina trabaja en una maquiladora y vive en matrimonio, del cual procreó su segundo hijo, que tiene apenas un mes de edad y se debate en llamarlo José Luis o José Gregorio.

"Perdonar no, pero ya no siento rencor", expresa al tiempo de asegurar que ve con tristeza que no se logró respetar su decisión en un estado -como Baja California- donde el aborto por violación es un derecho consagrado en la Constitución.

El gobierno de Baja California tardó seis años en resarcir -al menos económicamente- el perjuicio que provocó una decisión administrativa sustentada en creencias religiosas: la objeción de conciencia que pretextaron los médicos del Hospital General para no interrumpir el embarazo de la adolescente. Aun así, el Estado debió garantizar el cumplimiento de la Constitución que establece que el aborto se encuentra en los márgenes legales tratándose de una violación, como en este caso.

Su mirada trasluce el dolor que le causa recordar la noche del 31 de julio de 1999 cuando un hombre -''la persona que está presa", dice sin mencionar su nombre- abusó sexualmente de ella y quedó embarazada, pero las autoridades locales rechazaron el derecho a ser intervenida quirúrgicamente, pese a que la violación es una causal que considera la ley bajacaliforniana.

Justicia lenta

Originaria de Salina Cruz, Oaxaca, y avecindada en Mexicali desde 1998, su lucha jurídica la llevó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en donde demandó la protección de su hijo.

En una reunión que sostuvieron sus representantes legales en Washington, el gobierno estatal aceptó entregar un pago único de 20 mil pesos para que estableciera un negocio -la tienda de abarrotes San Quintín-, cubrir un seguro médico para madre e hijo hasta que éste cumpla la mayoría de edad y otorgar una beca educativa hasta culminar con sus estudios profesionales. También se comprometieron, agrega, a impulsar leyes para que otros casos similares no vuelvan a registrarse en ningún rincón del país.

Se casó el año pasado, en 2006; trabaja en una empresa maquiladora de productos electrodomésticos ubicada en el Parque Industrial Siglo XXI, donde labora de lunes a jueves, en el turno nocturno -de las 20 horas a las 6 de la mañana- por un salario de 600 pesos semanales, aunque ahora está en recuperación postparto.

Con el cabello negro y el suspiro de un tinte que algún día atraparon el color castaño, dice que añora su infancia y adolescencia en Salina Cruz, pero "se acabó el trabajo y nos venimos" para la frontera.

La migración familiar

"Cuando Salinas de Gortari acabó con la refinería de Salina Cruz, se acabó el trabajo, y yo tuve que irme a trabajar a Mazatlán. Iba y venía como marino pescador", afirma Tomás Ramírez, padre de Paulina.

Como muchos de los pescadores de esa región oaxaqueña, Tomás emigró hacia el norte, hasta Sinaloa, para encontrar sustento y regresar por temporadas a su terruño. En este caso, Tomás nació en un pueblo cercano a los límites con Chiapas, pero a los 22 años decidió seguir los pasos de un hermano mayor para aprender la vida del mar y convertirse en pescador.

Padres de ocho hijos, Tomás y María Elena Jacinto recibieron la invitación de dos de sus vástagos para dejar Oaxaca y migrar hacia otras latitudes. Sin mejores oportunidades a la vista, Tomás tomó la decisión de mudarse hasta Mexicali, en una ciudad asentada en el desierto y donde el mar se encuentra a 200 kilómetros, pero "lo importante era evitar que mis hijos se convirtieran en malvivientes" por las condiciones existentes en el puerto oaxaqueño.

Así llegamos hasta acá en 1998, comenta, y me hice un marinero en el desierto, como la canción de Chico Che.