Presunto hallazgo de semen, principal contradicción entre funcionarios
Autoridades de Veracruz, Sedena y CNDH enturbian más el caso Ascensión Rosario
Ampliar la imagen Francisco, Julio, Juana y Martha Inés, hijos de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, en la casa de su madre en la sierra Zongolica, en Veracruz, ubicada a 500 metros del lugar donde fue violada y asesinada por presuntos militares Foto: Marco Peláez
Transcurridas seis semanas de la muerte de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, en la sierra Zongolica, Veracruz, los comunicados, declaraciones y versiones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las autoridades veracruzanas chocan y se refutan. Uno de los "nudos" más enredados de estas contradicciones se centra en las supuestas muestras de semen de los presuntos agresores.
La Sedena divulgó inicialmente un boletín, el 6 de marzo, en el que negó que la base involucrada acampara en Tetlatzinga, y dijo que estaba en otro sitio a 17 kilómetros. En realidad, la Base de Operaciones García llevaba una semana instalada a medio kilómetro del pueblo. Ese boletín atribuía el crimen a "delincuentes que utilizaron prendas militares".
Pocas horas después de que empezara a circular ese comunicado, la dirección de comunicación social castrense lo retiró de su portal cibernético y lo sustituyó por otro, también con el número 019. En este boletín bis ya no se insiste en negar la existencia del campamento militar en Tetlatzinga ni habla de los "desafectos", pero contiene un polémico párrafo en el que se informa del examen médico realizado al "área genital" de los soldados, "los cuales no presentan ningún tipo de lesión en dicha área, indicativo que no han tenido actividad sexual, cuando menos siete días antes de los hechos que se imputan".
Y agrega que peritos especialistas "llevan a cabo las comparaciones" del líquido seminal encontrado en el cuerpo con muestras de sangre de sus soldados.
Pero, ¿de qué muestra de semen hablaba la Sedena en ese momento, cuando ya la CNDH, adelantándose a todos los estudios y peritajes, secundaba los dichos del presidente Felipe Calderón y negaba el delito de violación, incluso antes de que se realizaran la exhumación y la segunda necropsia? ¿Quién realizaba ese peritaje que refería la Sedena? ¿Especialistas militares o civiles?
La primera mención de una muestra de semen está en el dictamen de necrocirugía de la víctima, practicada el día de su muerte por el legista Juan Pablo Mendizábal Pérez, de Orizaba. Se añade el dictamen ginecológico-proctológico de la médico de la Agencia del Ministerio Público para Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJEV), María Catalina Rodríguez, que no menciona rastros de semen, aunque sí un desgarre anal grave causado con objeto contundente.
El 7 y 8 de marzo, la Sedena emitió nuevos boletines idénticos en los que reitera que se tomaron muestras hemáticas a todos los soldados de la base en presencia del Ministerio Público veracruzano y de dos abogados del cuerpo de Defensores del Fuero de Guerra, y que éstas, "junto con la muestra de semen", serían trasladadas a la capital.
El 9 de marzo fue exhumado el cuerpo en Tetlatzinga ante peritos militares y de la PGJEV, además de un equipo de la CNDH. Conforme a la ley, compete a la Dirección de Servicios Periciales de la procuraduría estatal emitir un dictamen en un plazo de 40 a 60 días.
Pero el día 12, el presidente Felipe Calderón emitió su opinión sobre la gastritis y desencadenó la campaña de la CNDH. A seis días de la segunda necropsia, sin el informe de la PGJEV, Soberanes afirmó que se trató de una "muerte natural".
El forense veracruzano Ignacio Gutiérrez Vázquez, quien representó a la PGJEV en la exhumación, informó a finales de marzo sus primeras conclusiones: que hubo "irregularidades y errores" en el peritaje del legista Mendizábal, en particular cuando "señala que existe líquido seminal en abundancia en los genitales de la misma (mujer), sin recabar muestras ni esperar resultados de bioquímica".
Pero sus hallazgos coinciden y reconocen la validez del dictamen proctológico de la doctora Rodríguez Rosas "en la descripción de lesiones del área genital y anal de la víctima". Heridas de este tipo no necesariamente son provocadas por penetración masculina, sino con objetos contundentes. No hay rastros de sangre, pero sí desgarres que pueden ser mortales. Existen antecedentes.
El 29 de marzo la CNDH "descartó" la existencia de esta lesión, basada en "estudios técnico científicos" propios. A su versión sumó una amenaza: denunciar a los funcionarios de la PGJEV "por actos y omisiones".
A partir de ese momento se agudizó la confrontación entre las autoridades veracruzanas y las federales, y los tres médicos legistas de Orizaba -María Catalina Rodríguez, Pablo Mendizábal e Ignacio Gutiérrez- quienes realizaron los primeros peritajes, fueron suspendidos de sus funciones y sometidos a investigación penal.
El 5 de abril, la segunda visitadora de la CNDH, Susana Talía Pedroza, agregó otro elemento de discordia al emplazar a la Sedena a rendir resultados de sus informes con plazo de este martes, indicando "si obtuvo el líquido seminal, quién y cómo lo obtuvo". Agrega que lo que la PGJEV describe como "desgarres recientes" en la región anal "son cortes con bisturí al exhumar el cuerpo".
La Sedena respondió que "no cuenta con muestra alguna de líquido seminal (...) y jamás lo ha tenido", porque "partía de la premisa" de que la PGJEV la tenía.
Así, entre el primero de marzo y el 6 de abril, la Sedena emitió seis comunicados sobre el tema y al menos en dos sostiene versiones opuestas y entra en polémica con la CNDH.
Además, el 26 de febrero, ante el amotinamiento de los pobladores de Tetlatzinga y Soledad Atzompa, el coronel José Soberanes, oficial de la 63 Brigada de Infantería, aseguró a las autoridades municipales que llevaba "detenidos" a cuatro soldados del destacamento García, lo que -también- resultó falso.
Ante este embrollo, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, asegura que apoyará a los investigadores locales; el fiscal especial del caso, Juan Alatriste, se apega a las reglas del sigilo, y los testigos son amagados para que no hagan declaraciones a la prensa.