Organizaciones civiles entregan informe a Meléndez
Calderón aún no define su política de derechos humanos
En el informe sobre la situación de las garantías individuales que organizaciones civiles entregaron al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, destacan que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha dado muestras, en los primeros cien días de su gobierno, de disminuir el perfil de la política en la materia, "no ha hecho ningún pronunciamiento público sobre cuál será su política en este tema y hay preocupación porque tampoco ha firmado o ratificado el acuerdo de cooperación técnica con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas".
En el voluminoso informe que integraron decenas de organizaciones civiles, indican a la CIDH que "se han registrado acciones y expresiones de funcionarios de la Secretaría de Gobernación que vulneran
la continuidad y las garantías de participación en los mecanismos establecidos por la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos, incluyendo al Comité de Seguimiento del Programa Nacional de Derechos Humanos".
Incluso, en la reunión que sostuvo con decenas de organizaciones, éstas le expusieron que "existe la intención de remover a todos los coordinadores del programa, porque quieren colocar gente afín al gobierno".
En dicho informe acusan que la Secretaría de Gobernación parece haber decidido suspender la operación del programa nacional en la materia, "para evitar obstáculos al nuevo esquema de seguridad pública, que no cuenta con mecanismos de salvaguarda de derechos humanos y en la que se da una amplia participación de las fuerzas armadas".
De igual forma, denuncian que la libertad de expresión ha resultado un derecho constantemente vulnerado desde el marco jurídico y en su ejercicio. "Los asesinatos y desapariciones de periodistas en el sexenio de Vicente Fox convirtieron a México en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio periodístico, sólo después de Irak". Y dan cuenta de que de 2000 a 2006 ocurrieron 27 asesinatos de comunicadores y cinco desapariciones.
También denuncian el caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, quien fue objeto de violación tumultuaria por militares y falleció después de haber ingresado al hospital. El alcalde de Soledad de Atzompa, Veracruz, envió una carta al titular del Ejecutivo, en la cual demandó que "se hiciera justicia y se diera justificación a la presencia del Ejército en la zona. Como respuesta, el presidente Calderón declaró que la señora Ernestina 'no murió a causa de ninguna violación, sino de una gastritis crónica'".
El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una declaración en similar sentido, cuando aún no finalizan las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz.