Ofrecen $182 mil a cada famila de los trabajadores muertos en Pasta de Conchos
Castigar a quien avaló firmas falsas contra Napo, piden mineros, PRI y PRD
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), así como senadores de PRD y PRI exigieron que se investigue y sancione a ex funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que avalaron las irregularidades -firmas falsas- mediante las cuales se otorgó la toma de nota a Elías Morales como dirgente del gremio, e inclusive exigieron que se llame a cuentas al ex presidente Vicente Fox.
Mientras tanto, en Saltillo, Coahuila, trascendió que la empresa Industrial Minera México ofreció 182 mil pesos por concepto de reparación del daño a cada una de las familias de los 65 mineros que perdieron la vida en la explosión de la mina Pasta de Conchos, ocurrida el 19 de febrero de 2006.
Abogados de la compañía presentaron el ofrecimiento ante el juez penal del municipio de San Juan de Sabinas, Sergio Tamez Moreno.
En el Senado, el líder de la bancada priísta , Manlio Fabio Beltrones, demandó que Fox sea investigado, "ya que es una verdadera vergüenza conocer a estas alturas que el gobierno federal actuó con tal impunidad y sin escrúpulo alguno para tratar de distraer a la población sobre la tragedia en Pasta de Conchos".
Legisladores de PRI y PRD exigieron a la PGR que abra una averiguación para fincar responsabilidades a los funcionarios del anterior gobierno que avalaron documentos con firmas apócrifas, según lo dictaminó un peritaje de la PGR.
Carlos Pavón Campos, secretario de asuntos políticos del gremio, puntualizó que se debe sancionar al ex secretario del Trabajo Francisco Salazar Sáenz; al entonces titular de la Dirección General de Registro de Asociaciones de la STPS, José Cervantes, y al ex subsecretario Emilio Gómez Vives, por "haberse valido de sus cargos y poder para cometer actos ilícitos".
Confió en que las actuales autoridades de la STPS se "comporten a la altura" de la situación y ratifiquen lo antes posible a Gómez Urrutia en el cargo.
En tanto, fuentes de la PGR indicaron que formalmente la delegación metropolitana de esta dependencia no ha entregado ningún resultado a la STPS, por lo que se espera que en las próximas horas le notifique, para que, en todo caso, sea esa dependencia la que interponga una nueva denuncia contra quien considere responsable de haber falsificado los oficios.
Beltrones pidió que la PGR aclare si, efectivamente, las firmas para desconocer a Gómez Urrutia son falsas, ya que de ser así la dependencia está obligada a iniciar una averiguación previa contra quien resulte responsable. Recalcó que Fox no pudo ser ajeno a esas maniobras, en las que también estuvieron implicados los entonces secretarios del Trabajo y Gobernación, Salazar y Carlos Abascal, respectivamente.
Para el coordinador perredista, Carlos Navarrete, con los nuevos datos la STPS debe revisar el expediente e inclusive revocar la toma de nota que se dio de manera ilegal a Morales.
En contraste, el coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel, intentó evadir el tema, ya que dijo que no podía emitir un juicio a priori, con base en la opinión de medios de información. "No me quiero convertir ni en Ministerio Público ni en juez, porque no he visto las pruebas, los dictámenes ni los peritajes de primera mano", argumentó.
Luego de la notificación que realice la PGR, será la Secretaría del Trabajo la que determine el camino que seguirá la pugna gremial, indicaron fuentes oficiales, las cuales precisaron que, sin embargo, será el Ministerio Público el que deberá dar seguimiento a la denuncia presentada por Juan Luis Zúñiga Velázquez, primer vocal del Consejo de Vigilancia y Justicia del sindicato minero, y en ella deberá comparecer en calidad de testigo, inicialmente, Morales.
Por lo pronto, para la STPS todo lo expuesto por la PGR es una "especulación" y, por tanto, continúa reconociendo a Morales como titular del gremio, señaló en entrevista Héctor Alcudia Goya, director general de Comunicación Social de la dependencia, quien precisó que mientras no medie una orden judicial la secretaría considera lo expuesto como "dichos" y no puede "revocar actos de autoridad" avalados por ella misma.
"Morales, en virtud de la toma de nota provisional del año pasado, es el secretario general del sindicato. No tenemos notificación formal sobre la presunta falsificación de las firmas. Por tal, no podemos hablar sobre dichos; tenemos que referirnos a hechos jurídicos. Además, los actos de autoridad de la secretaría no pueden ser revocados por la propia secretaría, salvo que medie la orden de un juez, y si hubiera delito qué perseguir actuaremos."
Como se recordará, Gómez Urrutia es considerado prófugo de la justicia al existir diversas órdenes de captura en su contra por acusaciones de fraude y desvío de recursos, ya que presuntamente malversó fondos por 55 millones de dólares del llamado fideicomiso minero.
Fuentes oficiales indicaron que aun cuando el estudio realizado por los peritos Verónica Lira Carrillo y Jorge Armando Vilchis considera que fueron falsificadas las firmas asentadas en cinco documentos con los cuales se reconoció el supuesto liderazgo de Morales, el Ministerio Público Federal, a cargo de la averiguación previa PGR/DDF/SPE/5393/06-012, deberá notificar a la STPS los resultados del análisis.
Con información de Leopoldo Ramos, corresponsal