Editorial
El contubernio fiscal entre gobierno y empresas
Los informes financieros sobre 16 grandes empresas que adeudan casi 105 mil millones de pesos en impuestos diferidos ponen en evidencia que en el país existe un contubernio, o al menos una relación de conveniencia, entre el gobierno federal y poderosos grupos económicos. Esta situación también revela una profunda injusticia fiscal, ya que mientras estas empresas (Wal-Mart, Bimbo y Televisa, entre otras) se niegan a pagar sus gravámenes, el ciudadano común debe soportar una fuerte carga fiscal sobre sus magros ingresos, superior al nivel de impuestos que se paga en otras naciones.
El grado de incumplimiento fiscal de estas compañías ha llamado incluso la atención del Fondo Monetario Internacional, que sostiene la necesidad de reducir las exenciones fiscales que "benefician a unos cuantos", para poder contar con un sistema tributario sano, sobre todo ahora que la economía mundial encara una desaceleración de la actividad en Estados Unidos y una caída en los precios del petróleo, rubro que aporta 36 por ciento de toda la recaudación en el país.
Este faltante en las arcas públicas no tiene justificación alguna, como lo demuestra el hecho de que muchos de los consorcios registraron ganancias multimillonarias con las cuales bien pudieron pagar sus impuestos. Tal actitud parcec reforzar las afirmaciones del senador Ricardo Monreal, del Partido de la Revolución Democrática, quien aseguró que el gobierno federal ha permitido a estas empresas no cubrir sus obligaciones "en pago al financiamiento de la guerra sucia" contra la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. En tanto, la Unión Nacional de Trabajadores denunció que el Partido Acción Nacional "gobierna para y a favor de los industriales", a la vez que castiga a los trabajadores con "una alta tasa impositiva, lo cual es vergonzoso".
En este esquema de excepciones fiscales, la banca también ha sacado su tajada del pastel. Según informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, desde 2001 los bancos Bilbao Vizcaya Argentaria-Bancomer, Santander Serfin, Banamex-Citigroup y Hong Kong Shanghai Bank (HSBC) han dispuesto de 41 mil 349 millones de pesos en impuestos diferidos, recursos que figuran en sus estados financieros como activos. Simultáneamente, estas instituciones se enriquecen aún más a costa de las elevadas comisiones -del orden de 80 por ciento- que cobran a sus clientes, lo que resulta aún más escandaloso si se considera que esos mismos bancos cobran comisiones de entre 10 y 20 por ciento en sus países de origen. Es por ello que urge sacar adelante reformas legales para controlar "ese saqueo de recursos", tal y como señaló el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones -del Partido Revolucionario Institucional-, así como definir una reforma fiscal que ponga fin a los "privilegios" fiscales de las grandes empresas.
La meta, además de aplicar la ley sin distinciones, es establecer un sistema tributario que derive en una mejor distribución de la riqueza, lo que permitirá avanzar en materia de justicia social y apuntalar el desarrollo sustentable del país.