Número 129 | Jueves 12 de abril de 2007
Director fundador: CARLOS PAYAN VELVER
Directora general: CARMEN LIRA SAADE
Director: Alejandro Brito Lemus

Por Ana Langer-Glas *

La reproducción y el ejercicio de la sexualidad deberían ser siempre actos voluntarios y planeados. Lamentablemente no siempre es así. Prueba de ello son los embarazos no deseados, definidos como aquellos que ocurren en un momento poco favorable, inoportuno, o se dan en una persona que ya no quiere reproducirse.

¿Porqué, en una época en la que, al menos en teoría, existen los medios para regular la fecundidad, las mujeres y las parejas aún siguen enfrentando esta situación? Porque aún no todas las personas pueden controlar su fecundidad.

Si bien en México se observa una tendencia ascendente sin interrupciones en la prevalencia de uso de anticonceptivos (63.1 por ciento en 1992, 66.5 por ciento en 1996 y 70.8 por ciento en 2000, según el Consejo Nacional de Población), en la práctica existen aún muchas mujeres y parejas que no desean reproducirse pero siguen expuestas al “riesgo” de quedar embarazadas, ya sea por estar en edad reproductiva y llevar una vida sexual activa sin usar ningún método anticonceptivo o porque utilizan métodos “tradicionales” como el ritmo o el coitus interruptus, de escasa eficacia para evitar el embarazo. La proporción de mujeres que se encuentra en esta situación no es despreciable: en México correspondió al 12.1 por ciento en 1997, según la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica.

Los embarazos no deseados son especialmente comunes en adolescentes, mujeres solteras y mayores de 40 años; sin embargo, también se dan en otros grupos de edad. Su frecuencia parece ser mayor entre las mujeres de escasos recursos y bajo nivel educativo, aunque ocurren en todas las clases sociales. Sus consecuencias no solo afectan a las mujeres, sino también a los hombres y las familias.

Los costos de la penalización

En Estados Unidos se sabe que aproximadamente la mitad de los embarazos no deseados terminan en aborto.1 Algunas estimaciones señalan que en América Latina y el Caribe el aborto inducido es el camino elegido en un 17 a 35 por ciento de los casos.2 El aborto inseguro es uno de los problemas más importantes de salud pública que enfrentamos en México y la región. Es una de las principales causas de enfermedad y muerte para las mujeres; cuando se realiza en condiciones inseguras se acompaña con frecuencia de complicaciones secundarias. Por ejemplo, cuando se introducen objetos no estériles o punzantes en el útero los riesgos que enfrenta la mujer son enormes y se agravan cuando ésta no cuenta con información que le permita identificar los signos de las complicaciones, cuando retrasa la búsqueda de atención por temor, vergüenza o desconocimiento de a dónde acudir, o cuando la calidad de la atención es deficiente. En un estudio realizado en Brasil se estimó que 20 por ciento de los abortos clandestinos realizados por médicos en clínicas y el 50 por ciento de los efectuados en casas particulares por la propia mujer o por personal sin entrenamiento se complicaban.3 Estos datos contrastan con los provenientes de países donde el aborto es legal y se realiza en buenas condiciones, donde solo cinco por ciento de las mujeres que interrumpen su embarazo sufre algún problema.

Las complicaciones inmediatas más frecuentes del aborto inseguro son la perforación del útero, la hemorragia y la infección. A mediano plazo, la infertilidad es una secuela posible. Lamentablemente, no se cuenta con datos sistemáticos y precisos para cuantificar esta morbilidad excepto en los casos en los que la mujer acude a un centro hospitalario. Un estudio realizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social hace algunos años, mostró que el 63 por ciento de los internamientos de pacientes con problemas relacionados con el embarazo correspondían a complicaciones secundarias a un aborto.4

Todas las mujeres que, bien o mal, resuelven su problema en el hogar o en la comunidad (fuera de los hospitales) no quedan registradas en alguna estadística oficial.

Reflejo de la desigualdad social

El aborto inducido es, sin lugar a dudas, frecuente en México y América Latina. Sin embargo, dada la naturaleza ilegal del mismo, no se cuenta con datos confiables sobre su incidencia. Las únicas estadísticas nacionales con las que se cuenta se refieren al número de hospitalizaciones por aborto. Ciertas técnicas estadísticas permiten estimar, a partir de este dato, la frecuencia del aborto inducido.

Según los resultados de un ejercicio llevado a cabo por el Instituto Alan Guttmacher, en seis países que reúnen al 70 por ciento de la población de América Latina (Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y la República Dominicana) se realizan por año aproximadamente 2.8 millones de abortos inducidos.2 Si estos resultados se extrapolaran a toda la región, el número de abortos inducidos por año alcanzaría unos cuatro millones. Un fenómeno de esta magnitud, con las graves repercusiones ya mencionadas, constituye, sin lugar a dudas, un grave problema de salud pública.

Conocer el número de muertes que ocurren como consecuencia del aborto sería un dato importante para apreciar la magnitud del problema. Lamentablemente, sólo contamos con aproximaciones a la cifra real. El lugar que ocupa el aborto entre las causas de muerte materna varía en los distintos países; es posible estimar, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, que ocurren entre 83 y 250 muertes por cada 100,000 abortos en los países que prohíben la práctica. En promedio, en los países donde el aborto es legal, la cifra correspondiente es de 0.6.

Los riesgos que una mujer enfrenta ante un aborto inducido son un reflejo de la desigualdad social. Así, las mujeres con recursos que viven en áreas urbanas tienen la opción de interrumpir un embarazo no deseado en condiciones mucho más seguras que las que habitan en zonas rurales y son de bajo nivel socioeconómico. Las primeras suelen tener acceso a profesionales de la salud capacitados que utilizan técnicas seguras, mitigan el dolor con anestésicos o analgésicos y suelen indicar antibióticos profilácticos para evitar infecciones, mientras que las segundas suelen provocárselo ellas mismas o con la asistencia de una persona sin entrenamiento ni la infraestructura necesaria. Los métodos que las mujeres llegan a utilizar en el intento por resolver su problema solo pueden ser vistos como un reflejo de su desesperación: introducción de sondas o alambres, caídas por las escaleras, golpes que se dan ellas mismas o sus parejas.2 La inequidad es brutal, tal vez la más sobresaliente en el campo de la salud reproductiva. Baste recordar que un aborto inducido en condiciones óptimas representa para la mujer menor riesgo que una inyección de penicilina.

En México, la Constitución establece el derecho universal a la protección de la salud. Es, por lo tanto, una responsabilidad social ineludible responder a las necesidades de todas las mujeres por igual, sin distinción de clase social. Una sociedad que admita que algunas de sus mujeres accedan a un aborto inducido sin riesgos ni dificultades mientras que otras experimentan los peligros arriba mencionados, no es una sociedad democrática.

* Especialista en salud reproductiva, Presidenta de la organización civil internacional Engender Health. Versión editada del texto “Embarazo no deseado y aborto inseguro: impacto sobre la salud en México”, publicado en la Gaceta Médica de México, vol. 139, suplemento 1, 2003.

Referencias
1. Brown S, Eisenberg L., editors. The best intentions: unintended pregnancy and the well-being of children and families /Committee on Unintended Pregnancy. Institute of Medicine, National Academy of Sciences. Washington DC, 1995.
2. The Alan Guttmacher Institute. El aborto clandestino: una realidad latinoamericana. The Alan Guttmacher Institute. New York,1994.
3. Hardy E, Costa G. Abortion experience among female employees of a Brazilian university. CEMICAMP Campinas, SP. Brasil,1993.
4. Hernández D, Mojarro O, Fuentes J, Martínez-Manatou J. Consideraciones sobre las muertes maternas en el IMSS y sus causas. Instituto Mexicano del Seguro Social. México,1991.