Número 129 | Jueves 12 de abril de 2007
Director fundador: CARLOS PAYAN VELVER
Directora general: CARMEN LIRA SAADE
Director: Alejandro Brito Lemus

¿Quién fija los precios de los medicamentos?

En 2007 el gobierno gastará tres mil millones de pesos en fármacos anti sida. Los precios que los laboratorios cobran por las sustancias, la mayoría protegidas por patentes, es muy alto para el nivel real de la economía mexicana. El debate ya ha sido iniciado por una organización civil que se plantea como meta la reducción de, al menos, 50 por ciento en los precios.

Por Fernando Mino

Cuando aparecieron en 1996, los medicamentos antirretrovirales abrieron una esperanza para las personas con VIH/sida. Una esperanza muy cara —10 mil dólares al año por paciente— para la mayoría. En la Conferencia Internacional de Sida, celebrada ese año en Vancouver, Canadá, activistas de todo el mundo protestaron, al grito de “¡Codicia igual a muerte. Acceso para todos!”, en contra de las compañías farmacéuticas y los elevados precios de sus medicamentos de patente.

Una década después, la “codicia” de los laboratorios sigue siendo un tema central de la lucha contra el VIH/sida. De acuerdo con la organización civil internacional Aids Healthcare Foundation (AHF) un tratamiento anti sida que en Honduras cuesta 500 dólares al año, en México se cotiza entre siete mil y ocho mil dólares.

Para Michael Weinstein, presidente de AHF, organización que cuenta con una red de clínicas de atención del VIH en varios países, las compañías farmacéuticas buscan —fundamentalmente— ganar dinero en México. “Si pudiéramos ahorrar el dinero que se gasta en medicamentos, se podría hacer mucho más en prevención”, considera.

Mayor precio, menor cobertura

En México, las instituciones públicas de salud son el principal cliente de las compañías farmacéuticas que producen los antirretrovirales. El gasto público en medicación anti sida representa una inversión de tres mil millones de pesos, para atender a alrededor de 40 mil personas, según cifras proporcionadas por Jorge Saavedra, director del Centro Nacional de Prevención y Control del VIH/sida (Censida).

Esta inversión no se realiza en forma consolidada, en bloque, por todo el sistema nacional de salud, sino que se divide por instituciones: IMSS, Secretaría de Salud (a través del Seguro Popular), ISSSTE, Pemex e Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México. Cada institución licita o compra directamente los fármacos que provee a sus beneficiarios, fragmentación que favorece la disparidad en los precios de compra. Mientras que el tratamiento de un paciente con VIH en los servicios operados por la Secretaría de Salud cuesta alrededor de 60 mil pesos, en el IMSS —con un sistema de adquisiciones fragmentado: cada delegación estatal e, incluso, unidad médica hacen compras de medicamentos— el costo se eleva a 75 mil pesos anuales.

Para la industria farmacéutica, la variedad de sus precios de venta tiene que ver con criterios globales, tanto económicos como epidemiológicos. “La fijación de precios es un asunto complejo. Abbott toma en cuenta factores relacionados con la capacidad de cada país para adquirir los medicamentos, sus condiciones socioeconómicas y la prevalencia del VIH”, señala el médico Alejandro Vargas, gerente médico de Abbott de México, filial de la farmacéutica estadounidense que fabrica la combinación antirretroviral lopinavir-ritonavir.

No obstante, esos criterios económicos no toman en cuenta la profunda desigualdad en la distribución del ingreso. Los siete mil 300 dólares de ingreso medio per capita hacen de México una nación de “ingreso medio-alto”, lo que la excluye de programas de acceso a medicamentos baratos, tanto de las compañías farmacéuticas como de iniciativas internacionales, como el Fondo Global o el Banco Mundial, que favorecen una comercialización de medicinas de patente a precios bajos en los países pobres. “Desafortunadamente existe esta situación de calificar a los países así; la distribución de la riqueza queda fuera de las mediciones de todo organismo internacional o compañía farmacéutica”, acepta el médico Germán Luna, gerente de la Unidad de VIH de Stendhal, distribuidor en México de los fármacos antirretrovirales fabricados por la compañía estadounidense Gilead.

Peor aún, “países con ingresos similares a los de México tienen precios abismalmente más bajos”, señala la médica Patricia Campos, representante de AHF en México.

AHF intercambió correspondencia con los corporativos de las farmacéuticas trasnacionales Roche y Boehringer Ingelheim, pidiendo explicaciones sobre los altos precios de sus medicamentos anti sida en México. De acuerdo con Weinstein, sus respuestas fueron preocupantes: “Nos dijeron que 98 por ciento de las personas con VIH/sida en México están bajo tratamiento y que el Seguro Popular lo paga todo; cosas que sólo en el mundo ideal serían verdad”. La Organización Mundial de la Salud calcula que la cobertura de tratamiento anti sida en nuestro país alcanza a 71 por ciento de la población que la requiere, lo que deja fuera a unas 12 mil personas con VIH, según AHF.

En los cálculos oficiales, según Jorge Saavedra, se contempla un aumento anual de entre cuatro mil y cuatro mil 500 nuevos pacientes con VIH para recibir medicación antirretroviral. “No es sustentable”, asegura. Weinstein va más allá: “En tres años se corre el riesgo de que los recursos no alcancen”.

Reducir precios al menos 50 por ciento

Ante este panorama, AHF ve dos posibilidades de solución: desconocer las patentes para fabricar medicamentos genéricos a precios mucho menores, o que la sociedad civil alce la voz para impulsar una negociación con la industria farmacéutica.

La lucha contra las patentes, que ha servido en países como Brasil y Tailandia, es imposible en México. La legislación mexicana sobre propiedad intelectual, ligada en buena medida a compromisos internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, impide esta vía. “Si la patente está vigente no podemos fabricar ni comprar genéricos en otros países, y salvo tres sustancias, el resto de los medicamentos antirretrovirales —la Ssa adquiere 21— tiene patente vigente”, señala Jorge Saavedra y menciona que sólo hay dos estrategias posibles para aligerar la carga económica: “Programas preventivos para reducir el número de infecciones y negociar reducciones de precios de los antirretrovirales”.

Para Weinstein, la sociedad civil tiene que entrar a la discusión e impulsar la reducción en los precios. “Los activistas son los que pueden cambiar la situación, no los gobiernos”, dice. Para ello, AHF desarrolla una campaña titulada “Los precios de los antirretrovirales en México son para morirse”, que además de inserciones en medios impresos para dar a conocer el problema, incluye labores de cabildeo con organizaciones de la sociedad civil, con funcionarios del sector Salud y con compañías farmacéuticas, tanto en México como en sus países de origen.

Representantes de AHF se han reunido con Jorge Saavedra y con el subsecretario de Salud Mauricio Hernández, al tiempo que han iniciado contactos con activistas y organizaciones civiles para impulsar el tema. Uno de esos activistas es Luis Adrián Quiroz, de la organización Derechohabientes Viviendo con VIH/sida del IMSS, quien considera que el tema de los precios de los antirretrovirales ha sido poco considerado por la sociedad civil, pero que es importante discutirlo tanto con los laboratorios y distribuidores para que tengan abasto suficiente a precios razonables de sus medicamentos, como con las instituciones públicas de salud para que revisen sus políticas de adquisiciones y se logre instituir compras en bloque para obtener mejores precios.

Para mayo próximo, adelanta Patricia Campos, se tiene planeada una reunión amplia con representantes de la sociedad civil. Por el lado de los laboratorios, Germán Luna, de Stendhal, dice: “Siempre se está dispuesto a escuchar cuáles son las necesidades y también pedimos escuchen cuáles son nuestras necesidades y posibilidades. Habrá cosas que no se puedan concretar y otras que creo que sí”.

La meta central de la campaña de AHF es que los precios de los medicamentos se reduzcan por lo menos 50 por ciento y 2008 es la fecha marcada por Campos: “Esperamos que para la Conferencia Internacional de Sida que se realizará en México podamos dar la noticia de que el objetivo se logró”.