El hecho, "inadmisible", dice el presidente de la Comisión de Vigilancia de San Lázaro

En el manejo del erario, claudicó el gobierno ante grupos de poder

Denuncia Antonio Ortega red de intereses que entorpece la revisión del uso de fondos públicos

El sistema educativo quebró porque autoridades cedieron parte de su manejo al SNTE, señala

"Gravísimo", el modo en que Pemex se sometió a su sindicato; pedirá auditar a Sedeso e IFE

ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MENDEZ

La revisión del manejo y el destino de los recursos públicos se enfrenta a un entramado de intereses de grupo y particulares, y a pesar de las denuncias públicas y penales contra funcionarios de los regímenes priístas y panistas, ningún responsable de malversación ha sido condenado a cárcel, criticó el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el perredista Antonio Ortega Martínez.

Denunció que los últimos gobiernos federales han cedido de manera inadmisible el control de áreas de la administración pública y la vida política a grupos de poder, como los sindicatos corporativos y los gremios magisterial y petrolero.

La impresión que dejó en el legislador el informe de resultados de la Cuenta Pública 2005 es la un mar de opacidad, dijo.

Durante el penúltimo año del gobierno panista de Vicente Fox, "hay evidentes muestras de que prevaleció una especie de desorden político que tuvo efectos en decisiones administrativas; se presentó una carga importante de ocurrencias, de decisiones que rebasaban capacidades legales y responsabilidades políticas, y hay razones para pensar que en este desorden hubo intereses que se aprovecharon de tal circunstancia".

Prevé nueva propuesta de cobrar IVA en alimentos y fármacos

-En ese mar de opacidad, ¿cuáles son los ejemplos más claros del manejo irregular en el país? -se le preguntó.

-En principio, existe el anuncio de que el presidente legal, Felipe Calderón, va a presentar una propuesta de reforma fiscal y, hasta donde sabemos, va a plantear el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) en alimentos y medicamentos, lo cual es inadmisible, porque los impuestos que paga el sector asalariado del país impactan en alrededor de 20 por ciento del producto interno bruto. Nos parece inmoral que haya asalariados que aportan al fisco más que empresas como Bimbo, que está cotizando menos de 74 pesos anuales. El informe destroza la pretensión de que por la vía de la aplicación de impuestos a los más pobres se va a resarcir la capacidad tributaria del gobierno.

-Eso se ha denunciado, pero ¿cómo castigar a los responsables de tal desigualdad tributaria?

-La Cámara de Diputados y la Comisión de Vigilancia tienen enfrente obstáculos muy grandes que limitan la capacidad de ir a fondo. (Existe) una suerte de incertidumbre, de aceptar el entramado de intereses, que puede ser tan grande que, a pesar de las evidencias mostradas en el informe, no pase nada. Todo mundo sabe que hay irregularidades graves; la sociedad tiene una percepción de que éstas no sólo existen, sino que están creciendo y, a pesar de todo esto, no hay funcionarios procesados, ni mucho menos políticos en la cárcel.

"Revisamos y, en todo este mundo de irregularidades, ¿sabe en cuántos casos la Auditoría Superior de la Federación (ASF) propuso denuncias de hechos, que sería la figura más grave?"

-¿En cuántos casos la ASF inició causas penales a raíz de la revisión de la cuenta de 2005?

-Sólo en dos: en el de Sagarpa y en el del SAE (Sistema de Administración y Enajenación de Bienes). ¡Sólo en dos casos! Vamos a esperar el resultado de las mesas de análisis.

Ortega Martínez destacó que los regímenes priístas y panistas cedieron "de manera inadmisible a grupos de interés áreas de la administración y de la vida política del gobierno".

-¿En qué áreas cedieron su responsabilidad?

-El informe del auditor sobre el sistema educativo habla primero de una quiebra del sistema de educación básica en el país a partir de los indicadores que establecen que hay más deserción, menos capacitación de profesores y menos cobertura de espacios para los niños, pero una cosa grave con indicadores de organismos internacionales: hay un descenso en la calificación en términos de capacidad de aprendizaje, en términos de comprensión de lectura y matemáticas.

-El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tiene en sus manos el control de la actualización de la planta de profesores -se le dijo.

-La caída es indiscutible y de alguna manera la explicación es que el gobierno cedió al SNTE buena parte de la conducción de las decisiones políticas de esta área, y el sindicato impone decisiones políticas al secretario (de Educación) en turno y al presidente de la República. Seguirle metiendo dinero a la estructura con que funciona el gobierno en educación es estar metiéndolo a un barril sin fondo.

-¿Solicitarán una auditoría a los recursos que el gobierno destina al sindicato?

-Para la Cuenta Pública 2006 estamos planteando auditorías especiales a educación básica, escuelas de calidad y carrera magisterial. En las recomendaciones que estamos elaborando vamos a decir al Ejecutivo que debe recuperar la función educativa y quitarle los espacios al SNTE. Claro que no se le va a decir así al sindicato porque generaría una reacción de histeria por parte de sus dirigentes.

"Otro caso gravísimo", refiere el legislador del partido del sol azteca, es el que presume el titular de la ASF, Arturo González de Aragón, ha ocurrido en la relación de Pemex con su sindicato.

De acuerdo con "la auditoría de este año, la empresa entregó al sindicato mil 700 millones de pesos, nada más que ahora es una entrega legal".

-Entonces, ¿el gobierno de Vicente Fox legalizó una práctica carente de transparencia?

-En el caso del Pemexgate fue un cochupo, y ahora es un procedimiento administrativo. A esto nos referimos al decir que los grupos de interés tienen copado al gobierno. Primero fue con el PRI y ahora es con el PAN.

"Vicente Fox y los panistas entregaron al sindicato esa enorme cantidad de dinero, mil 700 millones de pesos, mediante un procedimiento del contrato colectivo por la supuesta construcción de viviendas. El sistema de administración es inadmisible. ¡Hay que acotarlo, modificarlo porque si no cada año es igual! Esto es inmoral."

-Ustedes han detectado casos como el de la evasión de grandes empresarios y el de los créditos fiscales. ¿Darán a conocer más detalles con el fin de señalar a los responsables?

-El auditor González de Aragón no quiere soltar la información; no quiere, no quiere, porque además es un delito. Si él entrega la información comete un delito y él sabe que los nombres que se han dado a conocer en La Jornada son los correctos. Este año le vamos a entregar 300 solicitudes de auditorías. El no tiene seguridad de cuántas va a hacer, pero le vamos a solicitar alrededor de 70 estratégicas, entre ellas a la Secretaría de Desarrollo Social y al IFE, ambas en año electoral. En este último caso será una auditoría integral.