La reforma ¿de qué Estado?
La teoría del Estado, según la definición clásica, enseña que éste está compuesto por tres elementos siempre presentes, independientemente de lugar y de tiempo: en primer lugar un sustento geográfico, un territorio propio sobre el que se ejerce la soberanía, en nuestra época bien delimitado, al que denominamos país; en segundo lugar un pueblo, el gran conglomerado que constituye el elemento material más importante del Estado, que es la nación, y finalmente, un sistema de gobierno, sustentado en leyes, estructuras sociales, pautas de conducta y procesos sociales, al que en términos generales se le denomina organización gubernamental o aparato de poder.
¿Qué parte del Estado es la que se va a reformar cuando se trata este punto? Es evidente que será la tercera, el sistema de gobierno, no el territorio que está fijado sólidamente por tratados internacionales y que al menos por ahora parece inamovible; no la nación, que ciertamente está cambiando sin cesar, pero con el ritmo lento de la evolución histórica, a veces imperceptible y bajo sus propias reglas no dependientes de designios políticos, de líderes o de partidos.
Lo que puede cambiar del Estado, por voluntad de alguien, de algunos pocos o de todos, es ese complejo sistema normativo, expresado en la Constitución pero integrado también por leyes secundarias, procesos, costumbres metaconstitucionales, equilibrios de fuerzas sociales, partidos, sistema sindical, Iglesia mayoritaria e Iglesias en crecimiento, organizaciones no gubernamentales, poderes fácticos, principalmente económicos, y luego la gran red de relaciones y procesos de acercamiento y colaboración o de distanciamiento y pugna entre algunos o todos estos autores, actores e integrantes del sistema real de poder y gobierno.
Karl Schmith, teórico alemán del derecho constitucional, hablaba de las decisiones políticas fundamentales, aquellas que están dentro del texto constitucional, pero también por encima de él, que no pueden ser cambiadas ni suprimidas porque son insustituibles en un Estado democrático: la soberanía popular, la división de poderes, el respeto a los derechos humanos, fundamentalmente. Para el caso de México, en sus estupendas clases de derecho constitucional, Mario de la Cueva agregaba el federalismo, la separación Iglesia-Estado y el sistema de economía mixta. Todos éstos, como intocables, porque son los que dan esencia y naturaleza propia a un Estado democrático de derecho, en este caso al nuestro.
Hoy los dirigentes e integrantes del Poder Legislativo en su conjunto se han impuesto el plazo de un año para la reforma del Estado y actores políticos de larga presencia en la vida pública nacional, como es el caso de Porfirio Muñoz Ledo, han impulsado de tiempo atrás este proceso de cambios de fondo, que se entiende deberán ser oportunos y para mejorar, para avanzar, no para volver a estructuras superadas y deficientes.
Pero aquí es donde nos topamos en la práctica con una grave contradicción entre el acuerdo de los integrantes del Poder Legislativo, que tienen, independientemente de partidos, una agenda y un plazo para su labor y la cruda realidad que los poderes de hecho dentro y fuera de las estructuras formales, están imponiendo.
Hay además, una tercera vía, otra propuesta diferente o al menos complementaria y de gran fondo político que surge de esta oposición novedosa, pacífica pero enérgica que encabeza López Obrador y es la convocatoria a un plebiscito encaminado a promover un nuevo sistema constitucional.
Pero hoy por hoy, el problema más grave para todos es el de saber qué Estado vamos a reformar; el actual desgastado y plagado de irregularidades y problemas, pero formalmente democrático, republicano, popular y con un sistema de economía mixta en el que conviven los sectores privado, público y social, o bien el Estado que nos dejen, de aquí a que se venza el plazo de un año, los poderes fácticos que ya están llevando a cabo su propia reforma de estructuras.
Ya lo hicieron con el ISSSTE, el cual con arreglos, componendas y malas mañas entregan a la banca y a lo peor del sindicalismo caciquil, avanzan en una reforma fiscal contraria a la economía popular, y en materia de seguridad caminan hacia un centralismo que lacera nuestro sistema federal y un autoritarismo vertical propio de un Estado policiaco; tienen en la mira privatizaciones de los energéticos y desmantelamiento de los poderes públicos y sectores sociales de la economía a favor del gran capital internacional.
A este desmantelamiento del Estado, sordo y tenaz, que se hace desde un poder manejado por intereses económicos, lo único que puede oponérsele, constituir una barrera y un rencauzamiento hacia una reforma del Estado que signifique progreso y no retroceso, es un poder popular organizado; el plebiscito, el frente amplio, la integración y trabajo en común de todos los que pensamos en un México ordenado, mejor, más justo y verdadero espacio para el desarrollo y felicidad de todos los mexicanos y no sólo para los más encumbrados y sus cercanos colaboradores
Si queremos la reforma del Estado tenemos que ganar esta carrera en la que mientras los legisladores se toman su tiempo y avanzan con cautela, el Ejecutivo y sus cómplices, sin decirlo, están ya reformando el Estado según sus esquemas de poder y control.