Reducirá Calderón en 2008 programas contra la pobreza
El gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, en el ejercicio fiscal 2008, intenta reducir drásticamente varios programas sociales que son prioritarios en el combate a la pobreza. Por ejemplo, el de empleo temporal, el tres por uno para migrantes y el de Abasto de leche que distribuye Liconsa; en este último se prevé una disminución de 500 a 150 millones de pesos.
La información fue hecha pública por la legisladora Minerva Hernández Ramos, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, quien además confirmó que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) ha incumplido sus metas para el primer bimestre de 2007, pues al término de ese periodo, aseguró, no se ha entregado ni un solo peso a los adultos mayores.
Aún más: la senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció ante la propia titular de la Sedeso, Beatriz Zavala, que en el estado de Tlaxcala los recursos de la dependencia son operados por varias organizaciones del blanquiazul.
"En Tlaxcala hemos llegado al extremo. Más allá de que se acepte la participación de las autoridades que ordenan las leyes, vemos figuras que no tienen ningún reconocimiento institucional. Por ejemplo, redes de mujeres del Partido Acción Nacional son las que operan muchos de los programas de la Sedeso. Eso es muy grave, y por eso lo denuncio. Espero que las autoridades competentes tomen medidas", aseveró la senadora durante una reunión que sostuvo esta semana con la titular de esa secretaría.
Contradicciones en nuevas medidas gubernamentales
Hernández Ramos, también integrante de la Comisión de Desarrollo Social del Senado, hizo alarde de tener un registro permanente sobre el desarrollo de algunos programas. Mencionó que para un nuevo proyecto denominado vivienda, que se pondrá en marcha en los municipios pobres del país, se hará en 2008 una erogación de mil 500 millones de pesos, pero de manera paralela, explicó, también se prevén reducciones "muy importantes" en los planes que son prioritarios en el combate a la pobreza, primordialmente el de empleo temporal y el de Liconsa.
Señaló: parece que el gobierno federal está manejando un doble discurso, porque si los programas sociales se operan desde la Sedeso, "pareciera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público impone los ritmos y los presupuestos" de los proyectos sociales para los marginados de México. Y preguntó: por fin, ¿quién decide finalmente?
"Para generar mayor equidad, el Estado mexicano tiene que aplicar sus escasos recursos con eficiencia, pero también debe exigir mayor esfuerzo y compromiso a las autoridades corresponsables y sus funcionarios. Un Estado burocrático y lento, vulnerable a los grupos de interés o soberbio ante la ciudadanía, resultará incapaz para reducir la desigualdad", subrayó.
Finalmente, la legisladora dejó en claro que la mayoría de los programas sociales no están blindados contra los mecanismos clientelares electorales.