Implicarían al empresario en por lo menos otros dos delitos
Congeladas, tres averiguaciones previas más contra Carlos Ahumada
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) aún no ha consignado al Tribunal Superior de Justicia local los desgloses de diversas averiguaciones previas que la administración anterior dejo "prácticamente listas" y que implican la probable comisión por parte del dueño del Grupo Quart, Carlos Ahumada Kurtz, en por lo menos dos delitos más, los cuales no alcanzarían la libertad bajo fianza.
Fuentes de la representación social aseguraron que la Fiscalía de Asuntos Especiales de la procuraduría capitalina, a cargo de Rafael Mateos Poumian, mantiene congeladas tres investigaciones: la primera de ellas se refiere a un fraude en agravio de la delegación Alvaro Obregón; la segunda, una averiguación que se inició por los delitos de falsedad en declaraciones para imputarle a un tercero un delito, y la última corresponde a un desglose de la causa penal 115/2005.
Será a finales de este mes que concluya el periodo para que el Ministerio Público presente conclusiones, e inmediatamente después los abogados Antonio Maluf y José Luis Inzunza -ex socios de despacho del actual titular de la PGJDF, Rodolfo Félix Cárdenas, y ahora representantes legales de Ahumada Kurtz- tendrán un mes para presentar ante el juzgado 12 de lo penal sus resultados -aunque todo parece indicar que los penalistas agilizarán el trámite y no extenderán por mucho tiempo el periodo de instrucción- y, finalmente, el juez del fuero común tomará una decisión que podría significar la excarcelación del empresario argentino.
Silencio en la procuraduría
A principios de febrero pasado, Félix Cárdenas dejó abierta la posibilidad de archivar la investigación por incumplimiento de obra en la delegación Alvaro Obregón y que podría representar un fraude de entre dos y cinco millones de pesos. Durante los recientes dos meses y medio los funcionarios de la procuraduría capitalina han guardado silencio al respecto.
A esta investigación se suma otra, la cual, hasta el día de hoy, no había trascendido a la opinión pública. Las fuentes consultadas aseguraron que en la Fiscalía de Asuntos Especiales existe un expediente sobre la presunta responsabilidad de Ahumada en los delitos de falsedad de declaraciones y uso de documento público falso.
Las indagatorias refieren que después de que comenzaran las diligencias judiciales en su contra, el empresario argentino ordenó la alteración de un acta notarial, con la finalidad de modificar ilegalmente el nombre del administrador de una de sus empresas involucradas en los fraudes.
Al parecer, Ahumada decidió "sustituir" el nombre del administrador real por el de uno de sus trabajadores, quien se desempeñaba como ayudante de jardinero, situación que ratificó verbalmente ante las autoridades.
El título vigésimo primero del Código Penal para el Distrito Federal -Delitos contra la procuración y administración de justicia cometidos por particulares- establece en su capítulo segundo -Falsedad ante autoridades-, articulo 312, que quien "declare falsamente" ante una autoridad "con el propósito de inculpar o exculpar a alguien indebidamente en un procedimiento penal" se le impondrá una sanción que va de los cuatro a los ocho años de prisión. El término medio para dicha pena es de seis años, que al rebasar los cinco no alcanza la libertad bajo caución.
Por último existe un desglose del quinto expediente referente a un supuesto fraude por 22 millones de pesos derivado de la mala calidad de la carpeta asfáltica que empresas de Ahumada colocaron en calles de la delegación Tláhuac.