Lo someterán a pruebas de escritura para determinar si falsificó documentos
PGR, con indicios de que Elías Morales ordenó robar el expediente del caso minero
La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con indicios para investigar a Elías Morales Hernández como uno de los presuntos autores intelectuales -junto con José Antonio Domblas, uno de sus abogados- del robo de parte fundamental de la averiguación previa que se integra en su contra en la delegación metropolitana de la dependencia, revelaron ayer fuentes gubernamentales.
Morales Hernández, dirigente minero avalado por la administración de Vicente Fox, acudirá este día en compañía de sus abogados a dicha sede de la PGR para realizar las pruebas de escritura que le permitan "desmentir las imputaciones" que pesan sobre él en torno a la falsificación de la firma con la que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) validó su toma de nota.
En entrevista a su llegada por vía aérea a la ciudad de México, el líder minero dijo desconocer quién lo atenderá este día en la procuraduría, ya que al menos 18 de los funcionarios se encuentran sujetos a investigación por el robo de documentos relacionados con el sindicato minero.
"Cumplo con presentarme y acudiré con mi cuerpo de abogados en la mejor disposición de hacer la prueba de escritura, para efectos de que comparen mis rasgos (de grafología) y todo lo que en un momento dado se pueda sacar en la investigación de supuesta falsificación de firmas de documentos en donde se destituye a Napoleón (Gómez Urrutia).
"La PGR le va a entregar a mis abogados las pruebas del peritaje de firmas. Ojalá estén para avalar la legalidad de los documentos que se habían perdido. Si no hay pruebas, difícilmente se puede emprender consignación alguna ante un juez. Comprenderán que acudimos porque queremos que esto funcione, que la realidad salga para callar a esta gente que se la ha pasado haciendo anuncios sensacionalistas", puntualizó.
A decir de uno de los informantes que participa en la indagatoria abierta en contra de al menos 18 empleados de la PGR, al recabar el pasado viernes los testimonios de los funcionarios sujetos a investigación, alguno de ellos refirió durante el interrogatorio que los abogados de Morales, entre ellos Domblas, realizaron "gestiones sospechosas" entre lunes y martes de la semana pasada con algún funcionario del Ministerio Público Federal.
Sin embargo, las fuentes consultadas se negaron a revelar el nombre del o los funcionarios de la delegación metropolitana con los que se reunieron la semana pasada los representantes legales de Morales Hernández.
Una de las hipótesis que busca sustentar la autoridad es que Elías Morales -a quien hasta ayer la STPS no le había cancelado la toma de nota que lo acredita como dirigente del sindicato minero- y sus abogados buscaban evitar que se efectuara una diligencia programada para este lunes, en la cual las autoridades ministeriales deben agotar el derecho de audiencia del acusado, establecido en la legislación penal.
Según la misma fuente, en la diligencia que está programada para hoy en la delegación metropolitana -en la mesa de trámite número 20- se le debe notificar personalmente a Morales Hernández que su calidad jurídica es de "indiciado" por el delito de falsificación de documentos oficiales, y que por ello podría ser consignado penalmente ante un juez federal.
En la audiencia también debe asentarse lo que desee manifestar Morales Hernández, ya sea una declaración o aportación de pruebas en su descargo; además, se le debe poner a su vista el peritaje de la PGR que acredita la falsificación de una firma con la que la STPS se valió para concederle la toma de nota en 2006, mismo que estaba incluido entre los documentos extraviados.
Entre los funcionarios que desde el pasado viernes quedaron sujetos a investigación por la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción de la PGR se encuentran el delegado metropolitano, Armando del Río Leal; la subdelegada de Procedimientos Especiales, Rosa Espinosa Martínez, y la agente del Ministerio Público de la mesa 20, Martha Contreras Rosales, así como otros 12 empleados, la mayoría administrativos.
Entre tanto, ayer trascendió en la delegación metropolitana que alguno de estos servidores públicos que se encuentran bajo custodia en calidad de presentados ya se asesoraron con abogados penalistas para tramitar demandas de amparo ante jueces de distrito, con el propósito de solicitar la protección de la justicia federal en contra de órdenes de arraigo.
A su vez, el penalista Marco Antonio del Toro, del grupo de abogados de Napoleón Gómez Urrutia, indicó en entrevista con La Jornada que el pasado viernes entregaron una carta al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, para exigirle que transparente toda la investigación sobre el robo de parte del expediente ministerial, con el propósito de evitar mayores suspicacias.
Indicó que el titular de la PGR se comprometió con ellos a ordenar una investigación imparcial que concluya con la detención de los presuntos responsables, "no importa de quién se trate".
Refirió que para los abogados de Gómez Urrutia no hay duda que Elías Morales es el principal responsable del robo de los documentos sustraídos, y no descartó que haya funcionarios de la PGR que hayan apoyado al líder minero reconocido el año pasado por el entonces secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, mediante documentos apócrifos.
Finalmente, Del Toro añadió que el contenido de los documentos robados es el siguiente: el primero tenía los datos sobre la expulsión de Gómez Urrutia de la dirigencia sindical, el segundo sobre la elección de Morales Hernández como dirigente, el tercero tiene el informe que recibió la STPS en 2006 sobre esas decisiones.
"El cuarto documento es el informe que se presenta ante la STPS, y el quinto contenía la renuncia de Juan Luis Zúñiga Velásquez (primer vocal del Consejo de Vigilancia del sindicato minero y quien denunció la falsificación de su firma en todos esos documentos), así como el peritaje que acredita la falsificación", puntualizó.
Con información de Gabriel León