Contratación indebida para interponer controversia: PRI
Denuncian tráfico de influencias en el Instituto Federal Electoral
En la contratación de un despacho para que integrara la controversia constitucional del Instituto Federal Electoral (IFE) contra la Cámara de Diputados por el recorte presupuestal aplicado, funcionarios del instituto habrían incurrido en probable tráfico de influencias.
Esto porque, aseguraron diputados del PRI, el coordinador del Centro para el Desarrollo Democrático del IFE, Antonio Cervantes Guerrero, propuso contratar a la abogada Ana Laura Magaloni, luego de que el departamento jurídico de la institución le pidió "personal especializado" con experiencia en el desarrollo y planteamiento de controversias constitucionales.
Según las mismas fuentes de la diputación priísta, el IFE habría pagado ya 90 por ciento de los honorarios, que ascienden presuntamente a 2 millones 500 mil pesos. "Es decir, si el Consejo General gana o no la controversia, este despacho ya recibió sus honorarios", expresaron los legisladores.
La controversia referida, que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se radicó con el número 00011/2007-00, turnada al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, pretende que la Corte defina que la cámara se excedió en sus facultades constitucionales al recortar el presupuesto del IFE para este año, y esto "supone una limitante para que el instituto, en ejercicio de la autonomía constitucional que goza, pueda determinar la manera en la cual ejerce el presupuesto que le es asignado, el cual incluye el monto de las prerrogativas de los partidos".
Los diputados entregaron a este diario copia del oficio DJ11907, del 7 de febrero pasado, en el que el director jurídico del IFE, Rolando de Lassé Cañas, requiere a Cervantes Guerrero que, por instrucciones del secretario ejecutivo del consejo, Manuel López Bernal, "se informe a la brevedad si esa área a su cargo cuenta con personal especializado y disponible en materia procesal constitucional, con experiencia en el desarrollo y planteamiento ante la Suprema Corte en materia de controversias constitucionales".
La petición al coordinador del Centro para el Desarrollo Democrático advierte que se trata de un asunto extraordinario, por lo que se necesitaba de una respuesta "de manera inmediata, por lo que, en caso de que esta información no sea recibida a más tardar de las 20 horas del día 7, se dará por entendido que no existe en su área el personal requerido".
Es decir, explicaron los diputados priístas, Lassé Cañas no pudo cumplir con su obligación de representar al IFE en el litigio contra la Cámara, por lo que buscó respaldo en Cervantes Guerrero, director del Centro para el Desarrollo Democrático.
Dicho centro es un área técnica del instituto y tiene por objetivo "aportar a las áreas directivas y ejecutivas del IFE información y análisis que apoye sus procesos de toma de decisiones, en beneficio del desarrollo y fortalecimiento institucional", así como "brindar soporte académico a las áreas del instituto que lo soliciten".
Sin embargo, agregaron los diputados priístas, Cervantes Guerrero recurrió a la asesoría de la abogada Ana Laura Magaloni, quien tiene un vínculo personal con el funcionario del instituto. "Es su pareja", dijeron, y presentaron documentos donde se muestra la relación entre ambos.
Las fuentes explicaron que aun cuando la controversia constitucional presentada ante la Corte lleva la firma del consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, y del secretario ejecutivo, "en realidad los alegatos fueron formulados por Magaloni, y es un asunto que podría derivar en un probable tráfico de influencias, que el Consejo General está obligado a aclarar".